Patricio Aylwin y su legado más sombrío: desnacionalizar el cobre

Partidarios y detractores pugnan por dejar establecidos sus puntos en el relato histórico que evalúe la obra del fallecido Presidente, el primero tras la recuperación de la democracia. Pero hay un aspecto de su herencia que será difícil de ocultar o relativizar para quienes valoraron su política de los acuerdos y su justicia en la medida de lo posible: cómo sentó las bases para entregar el mineral a las grandes trasnacionales extranjeras.

Que no se llevó el país para la casa como sí lo hizo el pillastre que le antecedió, que reconocía sus metidas de pata, que era justo y prudente, que nunca intentó disfrazar su apoyo al Golpe ni deslindó su responsabilidad histórica en el quiebre institucional, que logró hacer frente a las presiones del mundo militar y que, pese a todo, fue bajo su administración que connotados represores pudieron ser puestos tras las rejas…

En ese interminable juego de luces que suelen proyectar aquellos que, casi siempre partidarios de reflotar el orden transicional, se muestran ávidos de redactar una verdadera hagiografía de Patricio Aylwin, bien vale, en aras de aportar un mayor grado de honestidad al debate sobre tan controvertido proceso histórico, repasar una de las sombras más extensas que ha proyectado su gestión presidencial, una que suele pasar inadvertida respecto a otros pecados que a menudo resaltan sus detractores, como la desmovilización de la ciudadanía en pos una “paz social” que creara un clima más favorable para los inversionistas, así como la búsqueda incesante de excusas para no hacer cambios en la pavorosa obra pinochetista, postura que encontró respaldo en la cuestionable tesis que apunta al desmedido poder de las FF.AA. en el escenario postdictadura. ¿Cuál es ese otro pecado? La manera en que impulsó la agresiva desnacionalización del cobre. Proceso que se acentuó en los gobiernos sucesivos hasta provocar el verdadero vaciamiento de Codelco.

Y ahí no hablamos de una mancha, ni siquiera de un lunar enorme, sino de un verdadero carcinoma a juzgar por la forma en que ha crecido y la manera en que ha afectado al cuerpo social. Hablamos de un error histórico que ha terminado por privar a Chile de cuantiosos recursos que hoy lloran sectores como educación, salud y vivienda. “Este hecho es una verdad enorme, un hecho evidente”, sostiene el director del Comité de Defensa y de Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, quien recuerda que “la reforma tributaria de Patricio Aylwin, es cierto, logró aumentar el impuesto a la renta en 1990, lo que fue muy resistido por la derecha como era de esperar. El punto es que al mismo tiempo se reformó el régimen tributario para la industria minera, pasando de renta presunta a renta efectiva a todas esas empresas que vendían más de 36 mil toneladas anuales. Desde entonces las empresas dejaron de pagar impuestos”.

“Esa reforma (tributaria) no estaba en el programa presidencial ni en los discursos ni en ninguna parte. Tampoco fue una propuesta de los partidos. Nadie la discutió. Sí sabemos que fue una iniciativa impulsada por Alejandro Foxley, que por entonces era el ministro de Hacienda, por su jefe de gabinete, que por entonces era Andrés Velasco, y por el director de presupuestos, José Pedro Arellano”

“Ese es el problema: antes pagaban sí o sí aquellas empresas que vendían el cobre extraído. Que ganaran plata o que la perdieran, pues daba lo mismo: debían pagar. Pero con el nuevo régimen consagrado en la ley 18.985 pagaban impuestos sólo si declaraban utilidades, es decir, si obtenían ganancias de esa venta. Pues bien, ocurrió que hasta 2004 no pagaron un peso pues siempre declaraban pérdidas”, recuerda Alcayaga. Bajo el régimen de renta presunta, las empresas debían pagar una tasa que partía de un piso mínimo del 4% de las ventas hasta un 20% de las mismas, dependiendo siempre del precio del cobre.

Asimismo indica que “esa reforma no estaba en el programa presidencial ni en los discursos ni en ninguna parte. Tampoco fue una propuesta de los partidos. Nadie la discutió. Sí sabemos que fue una iniciativa impulsada por Alejandro Foxley, que por entonces era el ministro de Hacienda, por su jefe de gabinete, que por entonces era Andrés Velasco, y por el director de presupuestos, José Pedro Arellano”.

“Pero ojo: no fue lo único. Además se promulgó la ley 19.137 que permitía a Codelco ceder sus pertenencias mineras no explotadas a privados, cosa que es inconstitucional. Es decir, para vender esas pertenencias, debía mediar una ley. El problema es que por entonces a nadie le importaba nada, menos ir a impugnar algo tal acto al Tribunal Constitucional ni nada. Fue así como Codelco, por citar un ejemplo, perdió la mina El Abra en 1994, y le regaló 300 mil hectáreas a otras empresas. Básicamente Codelco hacía socia a empresas extranjeras que, a cambio, debían asumir la exploración, cosa muy rara porque la exploración ya estaba hecha”, añade el director del Comité de Defensa y de Recuperación del Cobre.

“Estamos claros que el proceso de desnacionalización del cobre continuó, se extendió y se profundizó en otros gobiernos de la Concertación por la vía de impulsar iniciativas que fueron siempre en detrimento de los intereses nacionales. Pero estamos claros que fue en el gobierno de Patricio Aylwin quien hizo las leyes fundamentales. Lo último es la ley de 2003 que les dio invariabilidad tributaria hasta 2017 a cambio del royalty a la minería bastante modesto, por lo demás, y que durante el gobierno de Sebastián Piñera se extendió por seis años más en la medida que las empresas hicieran aportes a la reconstrucción. El impuesto adicional fue siempre en picada. Con Pinochet el impuesto adicional a la minería era de un 49,5%, en 2003, con Ricardo Lagos, pasamos a un 42%, y dos años más tarde, también con Lagos, pasamos a un 35%. Una cosa insólita”, concluye el economista.