Santiago asiste a un proceso vertiginoso de transformación como no se ha visto en ninguna otra gran capital del continente. Y así como otras ciudades de Chile, ha sufrido alteraciones negativas en la calidad de vida de barrios tradicionales y la destrucción de múltiples inmuebles patrimoniales, acabando con una parte sustancial de la memoria histórica de la capital. Hoy son los mismos vecinos los que alzan la voz para defender lo poco y nada que va quedando frente a una cultura dominante que considera la historia no ya como una fuente de riqueza, sino como una rémora que impide el progreso. En lo concreto, todo parece indicar que las exenciones tributarias para los dueños de estos edificios, debido a los altos costos que implica la mantención de los mismos, es una alternativa a implementar.
El edificio de la ya extinta Sociedad de Protección Mutua de los Empleados Públicos de Chile es uno de los últimos que sobrevive a la horda inmobiliaria que arrasó ese sector del centro de Santiago. A ojos del transeúnte que camina por Rosas con Morandé aún resaltan la tonalidad roja de sus muros, sus líneas neoclásicas, los finos ornamentos en balcones y ventanas, entre otras tantas características que resultan irrelevantes para Max Marambio, un inversionista que, como ya es sabido, sólo desea el terreno para construir una ciclópea colmena habitacional al más puro estilo soviético.
El edificio ya no es lo que era a juzgar por la remoción de su coqueta cúpula pintada por el óxido acumulado en décadas de existencia. Fue lo primero que desapareció en el proceso de demolición que hoy se encuentra suspendido sólo en virtud de un recurso judicial interpuesto por la Municipalidad.
A pesar de que estos inmuebles le dan abolengo y señorío a una ciudad como Santiago, lo más probable es que el edificio acabe reducido a escombros debido a los vacíos legales y, en último término, a la ausencia de políticas públicas que contribuyan a poner en relieve la importancia de la conservación de edificios patrimoniales. Y así es como ese acendrado desinterés por la historia que impera en gran parte de la sociedad chilena (fenómeno que empata con una campaña que, dirigida desde las élites, promueve la amnesia popular) y la codicia empresarial logran lo que no pudieron los terremotos. “Pero no podemos culpar a un empresario”, sostiene en respuesta Sebastián Gray, expresidente del Colegio de Arquitectos, un profesional activo en la lucha por la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico.
“Claro, podemos interpelarlo, hacerle objeciones morales, y preguntarle cuál es su postura; y hay algunos empresarios altruistas dispuestos a dejar de ganar plata sabiendo que eso dará réditos de otro tipo, como el prestigio, lo que me parece fantástico, pero no podemos esperar que todos sean así. El problema está en que las normas, los límites que se establecen desde un punto de vista normativo, los que deben ser redefinidos por las autoridades escogidas. Y eso se logra con presión social, ciudadana, incorporando la palabra de los mismos ciudadanos, que han de tomarle el peso al valor que tienen estos inmuebles”, agrega.
¿Será que nos molesta la historia? Parece intuitivo, incluso comprensible, que quien desea borrar todo vestigio de la historia es precisamente aquél que tiene cuentas pendientes con el pasado.
“Para eso existen las leyes y las normas, y ahí están para regular la convivencia entre las personas. En este caso son las que garantizan el bien común. Falta definir qué es el bien común y qué es lo que puede o no hacer un inversionista que desea ganar dinero”, añade.
¿Es eso o también hay algo más? ¿Y si el desprecio de un inversionista, cuya preocupación no parece estar en el enriquecimiento urbanístico de la ciudad, sea producto de una ética laxa cultivada en años de desprecio por lo público, cuyos márgenes están determinados a partir de una simple relación entre costo y beneficio? ¿No será todo esto consecuencia del marco ideológico que hegemoniza el pensamiento y la acción en Chile desde la dictadura?
El ex titular del gremio de arquitectos refiere al rezago participativo de la ciudadanía, un fenómeno apenas contrarrestado en estos últimos 40 años de historia. “Hemos tenido un paréntesis de 40 años en lo que refiere a la participación de la ciudadanía. Desde la dictadura prevalece un sistema, eso que llamamos el ‘modelo’, que evita la participación al considerarla una interferencia, una traba para el crecimiento rápido. Caímos en un vacío, y recién ahora estamos incorporando este tema pese a que mucha gente todavía no lo entiende. En Chile se confunde la consulta con un plebiscito, y lo importante en realidad es pasar a una participación activa de las personas en la formulación, el diagnóstico y la gestión de los proyectos desde un comienzo a efectos de darle valor a sus barrios y comunidades, y no como ocurre ahora, que un proyecto puede afectar la calidad de vida de los vecinos”, subraya.
Mal que mal, la propia Universidad de Chile, faro de la república, una de las primeras generadoras de bienes culturales, se propuso echar abajo el inmueble que por décadas albergó a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, situado en Vicuña Mackenna 20, a efectos de construir ahí el Centro de Extensión Artística y Cultural y el Instituto de Asuntos Públicos. Si una institución como la Universidad de Chile, con reputados profesionales y algunos de los más conspicuos pensadores del país, se propone seriamente no sólo evaluar esta posibilidad, sino concretarla por mera racionalidad económica… ¿Por qué no podría hacerlo un gañán como Max Marambio?
“la ausencia de apoyo estatal convierte la declaratoria patrimonial en un gravamen, en una carga para el propietario,». dice el ex presidente del Colegio de Arquitectos.
Desde la presidencia del gremio, Sebatián Gray fue una de las voces que más presión ejerció a efectos de revertir la decisión de rectoría, al menos parcialmente. ¿Será que nos molesta la historia? Parece intuitivo, incluso comprensible, que quien desea borrar todo vestigio de la historia es precisamente aquél que tiene cuentas pendientes con el pasado. No en vano, muchos actores políticos han hecho todo lo posible para borrar de la memoria todo lo construido en Chile antes de la dictadura, a efectos de reforzar la idea del milagro económico chileno conseguido gracias a la “modernización pinochetista”, pese a que Chile ostentaba los mejores indicadores regionales en sanidad, educación, mortalidad infantil, etc., desde hace décadas, al menos desde los gobiernos radicales.
“Puede ser. Hay mucho de eso. Pero creo que hay un tema cultural fuerte. Pareciera que estamos preparados para que todo se pierda y todo deba ser reconstruido. Venimos condicionados por nuestra geografía y nuestra geología. A causa de los terremotos creemos que cada 20 años muchos edificios se perderán. Hay otra cosa interesante: el ideal de progreso, al menos para la mayoría, es lo nuevo, lo moderno. Es distinto a lo que piensa un europeo, que no valora tanto lo nuevo como sí lo antiguo. Por eso lo preserva y lo cuida con orgullo”, añade.
La falta de voluntad política
Según Gray, hay mucho trabajo por hacer para cuidar inmuebles y barrios con significación histórica. En realidad no; quizás no es mucho, pero requiere de voluntad política: “Hay dos tipos de normas: unas tienen que ver con las que regulan la construcción del paisaje urbano, y otras relacionadas con la preservación de lo que ya está construido. En cuanto a la primera, hablamos de planos reguladores, principalmente, y al respecto estamos atrasados más o menos en 40 años”.
“Muchas comunas no tienen ni siquiera plan regulador. Elaborarlos toma tiempo, son caros, necesitan de subsidios del Estado, hay mucha incompetencia administrativa a nivel municipal. A veces los municipios no cuentan con un asesor que sea urbanista. En consecuencia, lo que hemos visto en muchas ciudades con valor urbanístico, como Iquique, Valparaíso, partes de Santiago, son intervenciones con planes reguladores absurdos y destructivos, permitiendo que un edificio de 25 pisos se ubique en un casco antiguos de baja altura”, agrega.
En lo que toca a los edificios patrimoniales, “la ausencia de apoyo estatal convierte la declaratoria patrimonial en un gravamen, en una carga para el propietario, siendo que existen modelos exitosos en muchos países de gestión del patrimonio en que el estado echa mano de instrumentos tributarios, financieros o bien subsidios que hacen atractivo el cuidado”, dice Sebastián Gray.
Comunas como Santiago y Providencia han adelantado algo de trabajo, pero todavía falta mucho, dice Gray. “Ambos municipios han identificado inmuebles dignos de ser conservados. Santiago acaba de hacerlo con la oposición de los concejales de la UDI, que salieron a decirles a los vecinos que tal declaratoria sería una exacción tributaria. El argumento es válido sólo parcialmente, ya que una cosa es identificar el problema de la falta de apoyo para la conservación del inmueble y otra cosa muy distinta es oponerse políticamente a la gestión de la alcaldesa Carolina Tohá sin ofrecer ninguna alternativa”, concluye.
