Maratón de Santiago: cuando unos pillos le roban al deporte y el gobierno hace la vista gorda

Maratón de Santiago
Maratón de Santiago (foto de Istmo Comunicaciones – Flickr)

La Federación de Atletismo perdió, a fines de 2013, la organización de la tradicional prueba, que constituía su mayor activo y fuente de ingresos para promover el deporte. Todo ello producto del descarado contrato firmado por un dirigente que, al momento de la negociación, se puso a los dos lados de la mesa. Natalia Riffo, titular de la cartera, fiel a su ineptitud, sigue sin pronunciarse respecto de este escándalo.

El conflicto que por estos días envuelve a la Federación Chilena de Atletismo y a la Corporación Maratón de Santiago, por la tradicional y masiva carrera anual, es una muestra más de que Chile, desgraciadamente, se ha convertido en un país de pillastres que actúan en la más completa impunidad. Un país en que los frescos, aquellos protagonistas de evidentes conflictos de intereses, llevan el estandarte sin que los organismos del Estado, que por su naturaleza debieran intervenir, muestren ni la más mínima preocupación por esas irregularidades que les pasan por delante de sus narices.

Lo ocurrido en el fútbol, es decir, el mayor desfalco de toda su historia por parte de un pillo de siete suelas como Sergio Jadue, hoy en Miami protegido por el FBI a la espera de declarar en el juicio que por corrupción y lavado de activos lleva adelante la fiscal estadounidense Loretta Lynch contra personeros de la Concacaf (Confederación Centro Americana y del Caribe) y la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), al parecer sigue sin hacer reaccionar a los organismos estatales pertinentes, que salvo medidas efectistas y “para la galería”, han evidenciado ver en el deporte una actividad menor y sin ninguna relevancia.

¿O será porque por ahora se está privilegiando la extinción de incendios mayores al interior del Gobierno y la coalición política que lo respalda?

Si en el mayor escándalo en la historia del fútbol chileno mostraron la más absoluta indiferencia e ineptitud, ¿podrán preocuparse ahora de otro escándalo que sacude esta vez a un deporte que, desgraciadamente, y a pesar de su rica historia, no cuenta hoy con similar cantidad de cultores, aficionados, ni parecida cobertura mediática?

Un curioso contrato

La historia, como todo lo que está ocurriendo últimamente en el país, no puede ser más turbia ni rocambolesca. Fernando Jamarne, hoy abogado del “staff” estudio jurídico Alessandri, decidió sacrificarse por el deporte, actuando como vicepresidente de la Federación de Atletismo de Chile, cargo en el que permaneció hasta finales de 2013.

Sin embargo, su acendrado espíritu de servicio por su actividad le impidió retirarse tranquilo a sus cuarteles de invierno para dedicarse sólo al ejercicio del derecho. Hombre previsor, el 23 de septiembre de 2013, siendo aún vicepresidente de la Federación, firmó, con Álvaro González, presidente de la entidad, un contrato en que él aparecía representando a una Corporación que, de ahí en más, se haría cargo del Maratón de Santiago, la prueba pedestre más masiva e importante del calendario anual de la Federación de Atletismo de Chile y cuya historia se remonta por más de 30 años.

En otras palabras, ambos personeros aparecían como contraparte en el contrato, en circunstancias que ambos representaban a una sola de las intervinientes en el acuerdo: la Federación. De más está decir que el contrato resultó leonino para el organismo que rige el atletismo nacional. Y no sólo eso: aparte de no aparecer el documento en las actas de la Fedachi, el resto del directorio jamás se dio por enterado. Ello recién vino a ocurrir cuando se informaron, al año siguiente, que la famosa Maratón ya no les pertenecía, y que la Corporación Maratón de Santiago no había pagado ni un solo peso por hacerse de los derechos.

Tan leonino resultó para la Federación desprenderse de los derechos de la prueba, que la nueva dirigencia que reemplazó a los astutos González y Jamarne se enteró con espanto que: el contrato los obligaba a incluir la Maratón de Santiago en el calendario anual de las competencias pedestres y otorgarle patrocinio exclusivo; que debían gestionar su incorporación en el calendario oficial de la Confederación Sudamericana de Atletismo; que quedaban obligados a hacer todas las gestiones para la organización del evento con el gobierno, las seremías, los ministerios, las municipalidades y carabineros; que debían certificar las marcas y records y homologarlos ante la IAAF (Federación Internacional de Atletismo); que debían incluir en un lugar destacado de la página web de la Federación un link de la Maratón de Santiago; que debían obtener anualmente el patrocinio del Instituto Nacional de Deportes (IND), o del organismo que lo sustituyera o reemplazara; que debían hacer las invitaciones a los atletas internacionales cuando así lo requiriera la Corporación.

¿Eso era todo? No. González y Jamarne no se anduvieron con chiquititas. Después de todo, en el contrato eran “contrapartes” que estaban más arregladas que mesa de cumpleaños.

La Federación atlética esquilmada

La Federación de Atletismo debía, además, proveer asesoría técnica, medir los tres circuitos habituales (42, 21 y 10 kilómetros), certificarlos con medidores autorizados por la IAAF, y proveer los jueces y comisarios necesarios. La única obligación de la Corporación consistía en pagar entre $ 15 mil y $ 20 mil a medidores, jueces y comisarios.

Faltaba menos…

¿Algo más? Claro que todavía faltaba. La Federación debía garantizar que no iba a realizar ni patrocinar en el mes anterior ni en el venidero otro maratón selectivo para torneos nacionales o internacionales; que no iba a realizar acto alguno que pudiera perjudicar la imagen del Maratón, la Corporación, auspiciadores, colaboradores y un largo etcétera; por último, que daría cumplimiento a todos las leyes, decretos, reglamentos y todas las normas jurídicas vigentes, es decir, las reglas de competición de la IAAF.

Pero seamos justos: la Corporación Maratón de Santiago no se la llevó gratis: a cambio se comprometió a entregar a la Fedachi la “estratosférica” suma de 100 UF anuales, equivalente a poco más de dos millones setecientos mil pesos al valor de marzo de 2016.

No puede extrañar a nadie que, terminado su fructífero período al mando de la Federación, ambos personeros se mantuvieran en el directorio de la Corporación: González como director y Jamarne como presidente. Quirúrgicamente, sin anestesia, le birlaron a la Fedachi su activo económico más importante.

El Maratón de Santiago es un negocio redondo. Se calcula que, entre auspiciadores y el pago que deben hacer los corredores para participar en la prueba, esta recauda aproximadamente mil millones de pesos.

En el año 2008, la transnacional Adidas firmó un convenio con la Fedachi para la entrega de una cifra superior a los 50 millones de pesos por versión a cambio de publicidad. Sin embargo, en los archivos de la federación sólo consta un pago de 2011 correspondiente a 52 millones de pesos. El resto de los años, mientras González estuvo como presidente, no constan estos ingresos. No es todo: en la versión 2014 del Maratón de Santiago, el nuevo presidente de la Federación, Juan Luis Carter, sólo recibió un cheque de 35 millones de pesos por este concepto. Y el año pasado, el cheque se redujo a 0.

La “indiferencia” de la ministra

De cara a este sombrío panorama, Carter restó a la Federación del evento. No paró allí: informó en detalle la situación a la Asociación Internacional de Atletismo y recurrió a un juez árbitro que, sin embargo, a pesar de todos los antecedentes que se le entregaron, falló a favor de la Corporación.

Señala Juan Luis Carter:

“Lo primero que hicimos frente a esta irregular como abusiva situación fue enviar en diciembre o enero de este año una carta exponiendo el problema a la ministra de Deportes, Natalia Riffo. Hasta aquí, sin embargo, no hemos tenido ni la más mínima respuesta. Ni siquiera se ha acusado recibo de nuestra presentación. En vista de eso, no nos queda otra alternativa que recurrir a los tribunales de justicia. Nuestros abogados están reuniendo todas las pruebas con que contamos para exponerlas en el juicio”.

La actitud lasa de la ministra Riffo, a estas alturas, no debiera sorprender a nadie. Durante su gestión de dos años ha evidenciado la más absoluta ineptitud para el cargo. La “experta en seguridad” (¿qué diablos tiene que ver eso con el deporte, senador Navarro, usted que la puso allí?), es apenas un personaje decorativo, cuyo único objetivo es al parecer mantenerse en su puesto durante el mayor tiempo posible.

De partida, y habiendo tenido en cuanto asumió el cargo el oportuno aviso de la Anfuchid (Asociación de Funcionarios de Chiledeportes), jamás se preocupó de revisar las cuentas que le dejó su predecesor, Gabriel Ruiz-Tagle, respecto de los Juegos Sudamericanos de febrero y marzo de 2014. Resultado: la Contraloría detectó tiempo después un ”hoyo” de más de 4 mil millones de pesos en gastos que no tenían respaldo ni justificación. ¿No era parte de su trabajo, ministra?

Su mayor “perla”, sin embargo, en una gestión plagada de indecisiones, omisiones y desaciertos, es haberse metido al bolsillo la oferta de la Presidenta Bachelet, su jefa directa, quien en su programa de gobierno prometió, entre otras cosas para el deporte, la construcción de 30 Centros Deportivos Integrales a lo largo del país durante sus cuatro años de mandato. De ellos, diez iban a quedar listos el año que pasó, para lo cual la ministra Riffo contaba con un presupuesto que superaba los 22 mil millones de pesos.

La ministra no hizo nada. Ni siquiera se puso la primera piedra de alguno de esos centros. Y cuando ello ocurre, simplemente quedan miles de millones de pesos sin lo que lo se llama “ejecución”. Dinero que se pierde y que no es acumulable para el presupuesto del año siguiente.

Un fallido boicot

Carter señala que “no entendemos el porqué de esta inacción de los organismos gubernamentales. Y nos preocupa porque vemos, además, la fuerza que tiene esta Corporación Maratón de Santiago en empresarios, políticos y prensa, en detrimento de nuestra opinión y nuestros derechos. Ahora resulta que esta gente pretendió boicotearnos la realización del Maratón de Temuco, comunicándose con el alcalde de la ciudad, Miguel Becker, para decirle que la prueba no se podía realizar ni 30 días antes ni 30 días después del Maratón de Santiago, fijado para el 3 de abril, de acuerdo al contrato que esgrimen. Pero no les resultó, porque en la prueba nosotros, como Federación, no figuramos ni tenemos ninguna responsabilidad organizativa. Se hace con el respaldo del Comité Olímpico de Chile, la Asociación Regional de Atletismo, y la Confederación Sudamericana de Atletismo”.

Agrega, como buscando consuelo: “los mejores exponentes de carreras pedestres de largo aliento de nuestro país se inscribieron para participar en esta Maratón de Temuco”.

A la Corporación y a su presidente, Fernando Jamarne, sin embargo, pareciera que no les entran balas. Ello aunque la Asociación Internacional de Atletismo (IAAF), en vista de lo turbio del caso, decidiera quitarle al Maratón de Santiago su patrocinio, lo que transforma a la prueba en una simple exhibición. Dicho de otra forma, sus resultados no son válidos para al organismo mundial, así se produzca un record del mundo. Tampoco será clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. No sólo eso: la Fedachi no proveerá esta vez los jueces y comisarios, y la agencia antidopaje chilena no certificará las muestras.

Amparados los personeros de la Corporación en el fallo de primera instancia, que increíblemente les dio la razón frente a la postura de la Federación de Atletismo, en la página web del Maratón de Santiago siguen ostentando el logo del Gobierno, que,  al igual como ha ocurrido con el fútbol, les ayuda económicamente con ingentes recursos a pesar de que se trata de un negocio de privados. Vista la indiferencia de las esferas gubernamentales para saber de este escándalo e intervenir, peor es que sigan manteniendo el de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), toda vez que el organismo, que naturalmente apoya a la Federación Chilena, se los prohibió expresamente a través de un correo electrónico de fecha 28 de enero.

Mientras, los personeros de la Corporación Maratón de Santiago, entidad supuestamente sin “fines de lucro”, siguen adelante sin que se les mueva un pelo inscribiendo corredores a los cuales, producto de ese colonialismo cultural que nos aplasta, ahora se les llama “runners”. Se calcula que el próximo 3 de abril serán más de 30 mil participantes los que colapsen las calles de Santiago. Y cada uno debe pagar entre 25 y 32 mil pesos, de acuerdo a la categoría y distancia en que compitan.

¿Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro? Hummmmm…

Cuando los frescos hacen nata

El caso de Fernando Jamarne, que se puso a los dos lados de la mesa en la firma de este contrato que para la Federación implicó la pérdida de su mayor activo, es uno más de los innumerables conflictos de intereses en todos los ámbitos de los cuales se entera cada tanto la ciudadanía, ya harta de que le vean las canillas.

Durante el triste y delincuencial período de Sergio Jadue a la cabeza del fútbol nacional, ya conocimos de otro personaje que, como dijo una vez un personero, “representa por sí mismo el conflicto de intereses”: Cristián Varela, que como integrante de esa nefasta dirección acostumbraba también a ser parte y contraparte a la hora de la firma de contratos millonarios.

Socio de ChileFilms, una de las 725 empresas robadas al Estado en los últimos días de la dictadura, uno de los 77 monigotes que, el 7 de julio de 1977, subieron al cerro Chacarillas portando una antorcha para rendirle pleitesía al dictador, Varela se embolsicó en 2014 la bonita suma de 3 mil millones de pesos por la transmisión de 287 partidos del fútbol chileno a través del Canal del Fútbol, que paga por la utilización de los equipos de ChileFilms, y un poco más de 3 mil millones en el año que recién pasó.

No sólo eso: como integrante de la ANFP y miembro del Comité Organizador del Mundial Juvenil realizado en el país el año pasado, Varela, a quien alguien definió una vez como “el Ponce Lerou” del fútbol, facturó otros mil trescientos milloncitos luego que los equipos de su boyante empresa, “comprada” al Estado a precio de huevo, llevaran a todo el territorio nacional los partidos de ese certamen organizado por la FIFA y los encuentros de la pasada Copa América. En ambas negociaciones el inefable Varela fue “juez y parte”, pero jamás siquiera se sonrojó cuando le hicieron ver el evidente “conflicto de intereses” del que era protagonista.

Jadue y sus demás socios, que por esos mismos días se llevaban la plata del fútbol en carretillas, mucho menos.

Así estamos. En un país donde los pillines surgen como callampas mientras la gente de a pie las ve negras para llegar a fin de mes, tratando de no endeudarse más de lo que ya realmente están.