Sin duda la Constitución de Pinochet será (si es que ya no lo es) objeto de estudio por su profunda ideologización. Instalada como norma gracias a un fraude electoral, la Constitución del ‘80 esconde, más allá de su manida defensa de la democracia y la libertad, la promoción de un proyecto político que apunta a favorecer el ciclo de acumulación que tanto ha beneficiado a la oligarquía chilena.
Quién sabe si en las próximas décadas se estudie la Constitución de Pinochet como ejemplo de una norma que favoreció el fortalecimiento de una plutocracia. Porque eso fue: una carta magna cuyas disposiciones salvaguardaron una determinada “estrategia de desarrollo” tan exclusiva como excluyente. Es el ejemplo de la Constitución oligárquica por excelencia gracias a las trampas que introdujo para impedir que un régimen democrático pusiera en jaque los intereses de un selecto grupo.
Una Constitución para proteger “la obra” de la dictadura
Ahora nos parece una aberración, pero la Constitución de Pinochet no tuvo empacho ni vergüenza en ocultar su verdadera naturaleza oligárquica. Su ideólogo Jaime Guzmán siquiera tuvo el pudor de reconocer que su objetivo era blindar todo cuanto fuera generado durante el régimen criminal y cleptocrático de Augusto Pinochet Ugarte, para lo que dispuso de normas que explican, en gran medida, por qué estamos como estamos: con adultos mayores que reciben pensiones de hambre y con la mitad de trabajadores y trabajadoras percibiendo menos de 400 mil pesos al mes.
“A diferencia de otros países que fueron transitando a regímenes democráticos, que lo hicieron dándose nuevas constituciones, pues nosotros no lo hicimos así. La Constitución fue impuesta en dictadura, la transición empieza 10 años después. Claro, se reformó el ‘89, pero eran sólo las reformas necesarias para que este nuevo régimen fuera mínimamente democrático, toda vez que establecía el pluralismo restringido”, sostiene el académico constitucionalista de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera.
Una Constitución “pluralista” pero con restricciones
“(La Constitución) establecía en un principio lo que (Jaime) Guzmán denominaba un ‘pluralismo restringido’ que prohibía y declaraba inconstitucionales la propagación de cierta doctrinas que atentaran contra la familia, las que propugnaban un estado totalitario, etcétera… algo muy en sintonía con la visión antimarxista que tenía la dictadura”, sostiene Lovera.
Separando a las instituciones de las demandas populares
“El régimen constitucional del ‘80 no estaba animado a favorecer la transición a la democracia de modo tal que las mayorías que fueran haciéndose con el poder pudieran desarrollar e implementar su programa de gobierno”, agrega el académico. “Más bien es una Constitución que mira hacia atrás para proteger la obra de la dictadura. Es una Constitución que buscó desacoplar el funcionamiento institucional de las demandas populares”, señala más tarde, reconociendo que “fue muy exitoso en eso, en neutralizar la política”.
Las 3 trampas de la Constitución de Pinochet
Suena increíble que a treinta años de terminada la dictadura cívico-militar de derecha aún tengamos un texto que incorporó tantas trampas para desbaratar cualquier intento de reforma, lo que bien hizo, según Lovera, gracias a las tres trampas antes señaladas por su colega Fernando Atria:
Trampa 1: Un sistema binominal que sobredimensiona la representación de la derecha en el Congreso.
Trampa 2: Los quórums supra mayoritarios (los famosos dos tercios) que se exigían para transformar aquellas leyes orgánicas que abordasen cuestiones importantes.
Estas dos trampas garantizaban un empate y conferían un poder de veto a esa minoría política, lo que “obligó a negociar todo de manera forzosa”, puntualiza el abogado, quien recuerda lo que ocurrió con la reforma la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que luego de la reforma pasó a llamarse Ley General de Educación, un cambio más cosmético que real motivado tras la movilización pingüina de 2006.
“Recordemos que cuando las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo en materia de educación concurrieron varios de sus representantes a La Moneda para alzar sus brazos. Ya sabemos cómo terminó esa reforma”, aclara Lovera.
Pero es la tercera trampa, el Tribunal Constitucional, la que más problemas ha puesto a quienes empujan los cambios, ya que se trata de un órgano diseñado para “cuidar la obra sustantiva de la dictadura. En el caso de los que pillaran volando bajo en el Congreso, el TC estaría ahí para que no se acoplen demandas sociales y el sistema institucional”.
La fallida reforma al Sernac: un ejemplo de cómo nos limita la Constitución
“La reforma del Sernac es una que consolida un sistema de mercado, que reconoce que las personas somos consumidores, que necesitamos un resguardo especial. Fue una reforma que se aprobó con amplias mayorías, no hubo disputas de las fuerzas políticas en cuanto a su constitucionalidad, y sin embargo ahí estuvo el TC para declararla inconstitucional”, añade Lovera.
¿Quién podía estar en desacuerdo con una ley que contribuye a perfeccionar el funcionamiento del mercado? Hagamos memoria: la Cámara Nacional de Comercio. Su directorio interpuso el recurso en el Tribunal Constitucional para quitarle los dientes al Sernac.
Un modelo democrático maniatado
A esto hay que agregar que la Constitución incluía los senadores designados y vitalicios. El mismo Augusto Pinochet se convirtió en uno cuando dejó la jefatura del Ejército en 1998. Todo lo anterior explica que “se instalara un modelo democrático maniatado para poder responder a las demandas sociales”, concluye el jurista.
