¿Tan pobre es Chile que no logra socorrer a sus ciudadanos con una renta básica universal de emergencia? ¿Es pobre o es que es demasiado generoso con los que más tienen y el capital extranjero? El debate está instalado, y lo cierto es que no hay por dónde quitarle el bulto a una reforma tan necesaria como un nuevo sistema de pensiones, y que está a la base de la desigual relación de poder que existe entre el estado de Chile y la élite. Las compañías mineras deberán ser las primeras en ponerse, más aun considerando la riqueza extraída del país y el enorme daño ambiental que han provocado.
Abundan las propuestas para una reforma tributaria en serio, una que haga que los ricos paguen más. Que poner fin a las exenciones, que el impuesto al patrimonio, a los súper ricos, o bien la aplicación de un royalty de verdad a las mineras… Ideas no faltan, sólo que requerimos realizar algunas tareas antes que nos permitirán recaudar lo justo.
¿De qué se trata? De acabar con el secreto bancario, fortalecer la labor de Aduanas, coordinar la labor de este organismo con el Servicio de Impuestos Internos y aumentar la dotación de fiscalizadores del SII, entre otras medidas. «Debemos además terminar con el secreto tributario y seguir las normas establecidas en la OCDE», dice el experto tributario y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Ramón López.
El acádemico nos recuerda que el secreto bancario no existe en Estados Unidos, país del cual nadie podría sospechar que está bajo la influencia «castro-chavista». Tampoco es extraño en ese país el pago por la explotación de un recurso no renovable, cuestión que en Chile se torna urgente considerando el cuadro de necesidad extrema y el buen precio del metal rojo, sostiene el investigador que, junto a Gino Sturla, Simón Accorsi y Eugenio Figueroa, sorprendieron a Chile con su estudio «La riqueza regalada a la gran minería del cobre en Chile: nuevas estimaciones, 2005-2014», trabajo que estimó en alrededor de 114.000 millones de dólares el monto de lo que el Estado de Chile le ha regalado a las mineras privadas.
Pensando que la línea 3 de Metro tuvo un costo de unos 2.500 millones de dólares, es justo entonces hacer un paralelo a efectos de dimensionar lo regalado: «En los últimos 30 años se estima que las mineras se han llevado entre US$250.000 y US$500.000 millones, es decir, entre 100 y 200 líneas de Metro».
Sin embargo, esta verdadera reforma tributaria (que implica introducir cambios en el Código Penal a efectos de endurecer las penas por delitos como la evasión) contará con la férrea oposición de los «economistas canónicos», esos que tienen la clara tendencia a figurar en medios de comunicación defendiendo los intereses del gran capital. Hoy se les puede ver, precisamente, pontificando contra el royalty a las grandes mineras y por el impuesto a los que más tienen.
«Los economistas canónicos jamás han estudiado con seriedad el royalty, sino que simplemente se han limitado a criticar nuestros análisis y luego a pontificar sin base y siempre protegiendo el interés de las grandes empresas del cobre»
Sus colegas, dice Ramón López, forman parte de una enorme trenza de intereses, y están enteramente capturados por el interés empresarial y cautivos de una ideología que se caracteriza por su dogmatismo. «Están absolutamente contaminados, otros están abiertamente corrompidos y hay otros que están enceguecidos por una ortodoxia pasada de moda. En el mundo de la economía habemos varios economistas trabajando contra esa ortodoxia», afirma el académico e investigador de la Universidad de Chile.
Pero los economistas neoliberales tienen dura tarea. Hace 15 años atrás, parte importante de la población habría suscrito la idea de que «los impuestos son un robo» (como decía Ludwig von Mises, ese charlatán integrante de la Escuela Austriaca). Hoy, en tanto, hay plena conciencia de que esa riqueza poco tiene de mérito individual, sino que responde más bien al privilegio de clase y las políticas de Estado que han contribuido al enriquecimiento de quienes más tienen. Según Ramón López urge una reforma tributaria no sólo por una cuestión de justicia, «sino además que el sistema tributario chileno ha demostrado ser insuficiente e ineficiente, además de injusto».
