El Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente MODATIMA, entregó al Consejo Constitucional, la iniciativa popular de norma más votada en el proceso participativo, y que propone desprivatizar y des mercantilizar el agua para la preservación eco sistémica. El acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos reconocidos internacionalmente desde el 28 de julio de 2010, derivados del derecho a un nivel de vida adecuado en virtud del artículo 11.1 de la Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, en la actual constitución de 1980 este derecho aún no se puede ejercer.

La iniciativa presentada por Modatima señala que la propuesta de nueva Constitución mantiene el modelo de privatización de las aguas del actual artículo 19 N° 24 y del Código de aguas de 1981. Para la encargada política de la organización ciudadana, Catalina Huerta, la no modificación de este artículo “nos parece alarmante y contradictoria con los contenidos del derecho humano al agua”.

“Hoy estamos acá, fieles y consecuentes a nuestros principios por la recuperación del agua, no porque seamos ingenuas de los cerrojos y exclusiones que existen en este espacio, sino porque estamos convencidas y convencidos que el debate en torno a la desprivatización del agua no puede esperar un minuto más.”

En sus redes sociales, el Gobernador de la región de Valparaíso y militante fundador de la organización, Rodrigo Mundaca, enfatizaba sobre la importancia de apoyar esta norma ya que la “desprivatización y des mercantilización del agua nos permitirá que todos y todas tengamos derecho al agua, para la preservación eco sistémica, para recuperar el agua para la naturaleza, para la producción de vegetales, para la preservación de todas las vidas”

La Propuesta de nuevo artículo

Agregar artículo a Capítulo XIII: Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo

Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Artículo 1: El derecho humano al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna.

Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico.

Toda persona tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad.

Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones.

Naturaleza Jurídica del Agua

Artículo 2: El agua, en todas sus formas y estados, es un bien común natural inapropiable, que pertenece a los pueblos y a la naturaleza.

Gestión de agua

Artículo 3: El Estado debe garantizar la gestión inclusiva, democrática y comunitaria de las aguas.

Cambio climático.

Artículo 4: El Estado, en el marco de sus compromisos para hacer frente a la emergencia climática, protegerá los glaciares como ecosistemas imprescindibles para el equilibrio del ciclo hídrico.

Organización gremial se opone

Pero el MODATIMA no fue la única organización que ingresó una norma en relación al agua. De forma casi antagónica, la Sociedad Nacional de Agricultura SNA, una organización gremial que reúne a representante de grandes agricultores en nuestro país ingresó la norma “Certeza jurídica para el uso del agua”, la cual propone explícitamente “reconocimiento explícito del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas”.

Al respecto, la vocera nacional del movimiento Manuela Royo recordó que “durante el gobierno de Salvador Allende la SNA complotó abiertamente en contra del gobierno, promoviendo el año 1972 el paro patronal, con el claro propósito de socavar al gobierno democráticamente elegido por el pueblo de Chile. Durante Dictadura, ellos fueron los grandes beneficiarios de la entrega gratuita y perpetua de derechos privados de aprovechamiento de agua. Hoy nuevamente, estos grandes propietarios del agua se oponen a la consagración del agua como un bien común inapropiable y, por el contrario, insisten en mantener el modelo privado y seguir concentrando el poder de decidir hacia dónde y a quien benefician las aguas de nuestros ríos”

La larga data de la confrontación del MODATIMA con la SNA ha tenido otros momentos álgidos en los últimos años, entre los que se encuentra el fallido intento de Antonio Walker, ex ministro de Sebastián Piñera, de desaforar de su cargo al actual Gobernador de Valparaíso y ex vocero Nacional MODATIMA, por sus dichos contra el ex Ministro en tono de denuncia a conflicto de intereses en materia de agua, ya que Walker es un defensor del modelo privado de agua e influenciaba en la discusión pública sobre la materia, anteponiendo sus intereses privados sobre una necesidad nacional, según lo indicado por Mundaca.

¿Qué pasaría si los consejeros y consejas no incluyen la iniciativa en el nuevo borrador? Catalina Huerta señala que “mantener la propiedad del agua se transforma en un fanatismo ideológico, en una postura sobre ideologizada en un contexto de cambio climático y disminución de precipitaciones en el Chile central. Se pone la ideología por sobre la evidencia científica y los intereses de los habitantes del territorio y la naturaleza. Si el borrador no cambia la naturaleza jurídica e incorpora los elementos de esta norma, esta constitución debe ser rechazada.”

La intervención, en dichos de German Becker, consejero constitucional de Renovación Nacional, fue una de las más polémicas y que molestó a muchos de los presentes. Puedes ver la intervención completa en MODATIMA en el Consejo Constitucional – IPN #AguaParaLaVida

Derecho al agua potable y al saneamiento

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (A/RES/64/292). Además, desde 2015, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han reconocido tanto el derecho al agua potable como el derecho al saneamiento como derechos humanos estrechamente relacionados pero distintos.

El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a trabajar para lograr el acceso universal al agua y al saneamiento para todos, sin discriminación alguna, dando prioridad a los más necesitados. Para orientar la aplicación por parte de los Estados, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desarrolla los elementos clave de los derechos al agua y al saneamiento en su Observación General nº 15 y en el trabajo de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable:

  • Disponibilidad: El suministro de agua para cada persona debe ser suficiente y continuo para cubrir los usos personales y domésticos, que comprenden el agua para beber, lavar la ropa, preparar los alimentos y la higiene personal y del hogar. Debe haber un número suficiente de instalaciones sanitarias dentro o en las inmediaciones de cada hogar, y de todas las instituciones sanitarias o educativas, lugares de trabajo y otros lugares públicos para garantizar que se satisfagan todas las necesidades de cada persona.
  • Accesibilidad: Las instalaciones de agua y saneamiento deben ser físicamente accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de grupos particulares, como las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y las personas mayores.
  • Asequibilidad: Los servicios de agua deben ser asequibles para todos. A ningún individuo o grupo se le debe negar el acceso al agua potable porque no pueda pagarla.
  • Calidad y seguridad: El agua para uso personal y doméstico debe ser segura y estar libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud de las personas. Las instalaciones de saneamiento deben ser higiénicamente seguras para su uso y evitar el contacto de personas, animales e insectos con los excrementos humanos.
  • Aceptación: Todas las instalaciones de agua y saneamiento deben ser culturalmente aceptables y apropiadas, y sensibles a los requisitos de género, ciclo de vida y privacidad.

Fuente: Modatima/ONU

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