La matemática es simple: el gobierno de Sebastián Piñera anunció el cierre de dos centrales termoeléctricas en 2019, con lo que se restarán 170 MW de la matriz energética nacional. Sin embargo, solo hace unos días entró en operaciones una nueva unidad en Mejillones con una capacidad de 375 MW. En conclusión, el plan de descarbonización parte con más carbón durante 2019.
En otro plano, Fundación Terram llama a emprender una serie de acciones para asumir un liderazgo internacional de cara a la próxima COP25: descarbonizar la matriz energética, firmar el Acuerdo de Escazú, contar con un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, acabar con las zonas de sacrificio e intervenir el régimen de aguas.
Finalmente, el cronograma de descarbonización de la matriz energética fue presentado por el Presidente: ser un país carbono neutral al 2050 fue la meta que fijó en su anuncio, realizado en compañía de las ministras de Energía y Medio Ambiente, Susana Jiménez y Carolina Schmidt.
Según el mandatario, el cambio será gradual: las 28 termoeléctricas existentes tendrán como plazo de cierre el año 2040, comenzando solo por ocho unidades en los próximos cinco años.
Sin embargo, las deficiencias del plan asoman a simple vista: en 2019 habrá un aumento de la energía producida a carbón, en 2021 ninguna central será cerrada y el plan posterga hasta 2022 y 2024 el cierre de termoeléctricas en Quintero y Puchuncaví, incumpliendo los compromisos asumidos con aquellas comunas y sentenciándolas a mantener su calidad de “Zonas de Sacrificio”, manteniendo la afectación de la calidad de vida de sus habitantes, quienes han sido expuestos a reiterados episodios de intoxicación masiva durante el año pasado.
Hernán Ramírez, investigador asociado de Fundación Terram, calificó la propuesta de descarbonización como “una vergüenza, en especial si consideramos el cierre de dos termoeléctricas de AES Gener recién en 2022 y 2024 en el Parque Industrial Ventanas, conociendo su responsabilidad en la condición de deterioro ambiental que sufren los habitantes Quintero y Puchuncaví. Lo mismo sucede en Huasco, Tocopilla y Mejillones, comunas donde la empresa también está presente y no se considera el retiro de alguna de sus 17 unidades que operan en Chile”.
Junto con ello, particularmente llama la atención el caso de la empresa francesa Engie: el compromiso de cerrar dos de sus termoeléctricas en Tocopilla existía desde el año pasado, algo que todavía no ha sido concretado y que no representa ninguna novedad en el anuncio del presidente, por el contrario, continúa siendo una deuda. Al mismo tiempo, su caso encierra otra contradicción: hace dos semanas, Engie comenzó las operaciones comerciales de la termoeléctrica a carbón más grande construida, “Infraestructura Energética Mejillones” (IEM), teniendo una capacidad de 375 MW, superando los 170 MW que generan en conjunto las centrales que serán cerradas, incrementando de esta forma la capacidad instalada en 2019 y retrocediendo en el camino hacia la descarbonización en el mismo momento en que el Gobierno anuncia su plan.
“Es impresentable que las centrales de Engie, que en un principio se intentaron vender sin resultado, hoy se muestren como un gran compromiso de cierre, sobre todo cuando ya habían sido comprometidas el año pasado para cerrarse en abril de este año. Ahora, la misma empresa acaba de inaugurar otro proyecto en Mejillones con muchos más MW de potencia instalada, siendo inaceptable la actitud del gobierno de permitir que en un año donde se anuncia el cronograma de descarbonización y además seremos sede de la COP, tengamos una matriz eléctrica más carbonizada”, enfatizó Gary Gonzalez, economista de Fundación Terram.
Por otro lado, respecto a los compromisos internacionales, el plan también se encuentra en deuda: concretando el cierre de las ocho unidades mencionadas en 2024, solo estamos hablando de un 19% menos del parque generador a carbón, aspirando a convertirnos en un país de carbono neutral recién en 2050 (aun cuando antes se había mencionado que sería en 2040), alejándose de los objetivos que menciona el Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) entregado en 2018, que indica que para el año 2030 deberíamos reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la mitad y el consumo total de carbón, por lo menos, en dos tercios.
Finalmente, es importante no dejar pasar que, para el cierre de las termoeléctricas, el mandatario usó el término “estado de reserva estratégica”, asegurando que algunas de las centrales que dejen de funcionar se mantendrán con posibilidad de reanudar sus actividades en caso de que el país necesite generar una mayor cantidad de electricidad. Esta condición, no implica un cierre definitivo, sino que, por el contrario, otorga a los compromisos de descarbonización una cuota de incertidumbre importante, pudiendo revertir los cierres de las centrales y con ello retroceder en el proceso de limpieza de la matriz energética.
En definitiva, lo propuesto por el Gobierno de Sebastián Piñera, parece ser un acto propagandístico más que una voluntad real de avanzar en la descarbonización: incumple los plazos asumidos en compromisos internacionales, profundiza y mantiene el estado de las Zonas de Sacrificio, permite la iniciación de actividades de una nueva termoeléctrica y no entrega certeza sobre las posibilidades de alcanzar la condición de país carbono neutral, sobre todo considerando que el plan es voluntario para las empresas.
El balance, entonces, es claro: en 2019 no habrá disminución efectiva de carboneras. En 2019, Chile se carboniza.
Tareas que debemos enfrentar: revisión crítica a la cuenta pública
El Estado de Chile se encuentra sujeto a diversos compromisos internacionales que lo obligan a cumplir con estándares ambientales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, las Metas AICHI en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y los compromisos climáticos que ha adquirido en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre los cuales se encuentra llevar la presidencia de la 25° Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP25).
Sin embargo, hasta la fecha, Chile sigue al debe en diversas áreas que afectan al medio ambiente, tal como detalla la “Cuenta Publica Ambiental 2019: Las prioridades que urge resolver” elaborada por Fundación Terram, la cual enfatiza que ante la COP25 es necesario que nuestro país dé muestras de liderazgo internacional, demostrando coherencia en la política pública nacional.
La ONG nacional señala los temas más relevantes de atender en los sectores de Institucionalidad Ambiental, Biodiversidad, Energía, Zonas de Sacrificio, Minería, Agua y Glaciares, Borde Costero y Pesca, enfatizando en las deudas que en cuanto a regulación ambiental se mantienen pendientes, sobre todo considerando que Chile será anfitrión de la COP25 en diciembre, uno de los encuentros más importantes a nivel internacional sobre Cambio Climático.
Dentro de las exigencias que propone la minuta, están la necesidad urgente de firmar el Acuerdo de Escazú (el cual Chile promovió en un primer momento y luego, inesperadamente, decidió no ratificar); contar con un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que considere un adecuado financiamiento y una institucionalidad coherente en materia de protección marina y terrestre, entre otras demandas, como descarbonizar la matriz energética cerrando las 28 unidades termoeléctricas a carbón teniendo en cuenta lo advertido por informes y organismos internacionales debido al nivel de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
“Tras conocidos los anuncios del mandatario donde estableció que quedan más de 20 años para descarbonizar la matriz eléctrica por completo, observamos que los compromisos sustantivos y necesarios para hacer de Chile un país líder en materia de descarbonización no son suficientes”, señala el documento de la ONG nacional.
Además, la organización señala la urgente necesidad de terminar con las Zonas de Sacrificio -tema que Sebastián Piñera no tocó en su Cuenta Pública-, derogar el régimen especial de las “aguas del minero”, entre otros temas pendientes que se detallan en la “Cuenta Publica Ambiental 2019”: Las prioridades que urge resolver”.
