Los terribles efectos del Estatuto Laboral Joven (o cómo llamar harina a lo que es afrecho)

El desempleo juvenil llega al 17%, y para contrarrestarlo el gobierno de Sebastián Piñera impulsa un proyecto de ley para estudiantes de entre 18 y 28 años que, muy a grosso modo, suprime la indemnización por despido, permite que el empleador establezca jornadas divididas en tres turnos, al tiempo que elimina el fuero maternal, las vacaciones remuneradas y el pago de cotizaciones en salud. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con votos de parlamentarios de la Nueva Mayoría, lo que motivó la satisfacción del gobierno y el empresariado. En suma, hablamos de una reforma laboral juvenil que amenaza con tornar aún más misérrimo e indigno el ya precarizado mercado del trabajo en Chile, según advierte Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol.  

El Estatuto Laboral Joven que impulsa con éxito el gobierno de Sebastián Piñera precariza el mercado del trabajo. Eso es evidente, tanto como el impacto que tendrá en la ya grosera distribución del ingreso en Chile, viga maestra en la estructura de desigualdad social montada durante la Dictadura. Pero hay algo tan malo como lo anterior, y es la justificación de esta reforma. ¿Cuál es esa justificación? Se dice que la idea es regularizar el trabajo juvenil y combatir no ya sólo el alto desempleo que se observa en este segmento etáreo (17%), sino también la informalidad que ahí se presenta, situación que incidiría en mayores niveles de abuso o discrecionalidad por parte de los empleadores. “Pero uno esperaría combatir las condiciones precarias en el mundo del trabajo, no blanquearlas ni reforzarlas”, dice Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol.

“Muchas veces lo que suele ocurrir es que la precarización del empleo va generando nuevos nudos y nuevos candados que harán más difícil revertir esta situación de desigualdad en la distribución del ingreso. En vez de hacer algo bien, de ir en una dirección correcta, lo que se hace es incentivar que los empresarios contraten jóvenes bajo esta modalidad precaria”, sostiene. Tampoco es cierto que esta reforma impactará sólo a los más jóvenes, sostiene el investigador. “Lo hará en la totalidad del mercado del trabajo. Desde nuestra perspectiva lo que ocurrirá es que un trabajador que lleva un tiempo y tiene un contrato entrará a competir con dos o tres jóvenes que se desempeñen a tiempo parcial, más baratos, y es obvio que esto incentivará a los empleadores a inclinarse por este tipo de trabajadores”, agrega.

“Lo que en el fondo se propone hacer esta reforma es diluir la organización de los trabajadores. Los derechos de los mismos trabajadores estarán más limitados y la posibilidad de asociarse será reducida. Un trabajador contratado bajo esta modalidad flexible, que debe trabajar en dos o tres lugares distintos, no podrá sindicalizarse. Está claro que en un corto plazo no serán mayoritarios en el aparato productivo y que serán un complemento, pero ojo, porque será un complemento que sólo puede crecer en volumen con el correr de los años”, indica el investigador.

Recaredo Gálvez además destaca otro punto: el discurso del gobierno encuentra perfecto correlato con el discurso empresarial, “lo que demuestra que hay una línea conductora entre lo que dice el empresariado y el gobierno”. ¿Qué discurso? El discurso que justifica la precariedad laboral como única fórmula tendiente a desincentivar la automatización (o “robotización”) de los procesos productivos, cosa que suena a chantaje, o bien a “discurso disciplinador”, sostiene Gálvez.

Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol.
Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol.

“Todo boom tecnológico e industrial ha generado más demanda de mano de obra, así que no veo por dónde el ser humano dejará de ser requerido. Tampoco digamos que Chile tiene una matriz productiva muy avanzada. Por otra parte, uno ve la distribución del empleo y notamos que el 20% está en el sector servicios, y uno va al retail y ve cajas electrónicas donde nadie intermedia la compra del cliente. ¿Será ese el futuro?”, se pregunta Recaredo Gálvez, quien luego expresa su escepticismo: “Difícilmente así sea, porque esa tecnología no es nueva, lleva más de diez años, y no se han masificado del todo porque aún hay una barrera de entrada para el usuario, el taco que se arma, la demora… La automatización aún es poco atractiva para el empleador”.

¿Se puede ser más flexible en un mercado laboral donde la mitad de los trabajadores percibe alrededor de 380 mil pesos, según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas? “Para un país OCDE, que según algunos tendría 22 mil dólares per cápita, uno se pregunta cómo es posible que la mitad de los trabajadores y trabajadoras tenga un ingreso de 380 mil pesos. Me parece que esto demuestra el éxito de las políticas de contención salarial que van de la mano con la flexibilización del empleo”, dice Gálvez.

“Si no puedo negociar mi salario, si el empleador tiene un manual que le indique cómo avanzará el proceso de negociación; si es predecible este proceso por la regulación de la huelga, es muy difícil entonces que los salarios mejoren por la acción colectiva de los trabajadores”, sostiene el investigador, quien luego señala el rol que juega el salario mínimo en esta trama, toda vez que su limitado aumento impide que los salarios presionen al alza. “Chile sigue en la órbita de los países con mini-salario mínimo precisamente porque es una discusión que se traslada a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que es donde hacen esta simulación, un teatro en el que terminan escuchando a las agrupaciones gremiales del empresariado”, sostiene Recaredo Gálvez.

“La oposición no estuvo muy oportuna. Claro, uno ve más cohesionado al Frente Amplio, pero vemos que la oposición en su conjunto no está del todo reconocible como sí lo fue Chile Vamos en el gobierno anterior de Michelle Bachelet. En la oposición hay dificultades para definir su rol, sólo basta ver que algunos partidos de la Nueva Mayoría votaron a favor del Estatuto Joven”, dice Gálvez. “Esto da la señal de que no hay un rumbo claro y específico. Lo que me sorprende es que a todos pareció sorprender esta iniciativa en circunstancias de que no es nueva. Es de 2013. Y así y todo no pudieron anticipar la jugada y evitar que avance en el Congreso”, concluye.