Piñera, el Estado, los empresarios, la contaminación y nuestra incapacidad para salir de la “trampa del ingreso medio”

Contaminación ambiental Contaminación ambiental (foto PXHere)

*La polémica sobre el carácter rentista de nuestra élite económica se encuentra en su punto más álgido. Molestos, ofendidos por la crítica hacia el extractivismo, el rentismo pre-capitalista, la corrupción y la endogamia que marca su cultura de negocios, los empresarios han salido a responder a quienes, luego de la venta de Cornershop a Walmart, critican el ya atávico desinterés que muestran los grandes grupos económicos por la innovación, la investigación y la productividad, un desinterés más que explicable si atendemos el secuestro de una institucionalidad que, más allá de regular y tender al bien común, les asegura el acceso a materias primas y recursos del país a bajo costo. ¿Para qué esforzarse si todo lo tienen en bandeja?

*La consecuencia de esta aversión resulta trágica para el país, más si consideramos el impedimento constitucional del Estado chileno para emprender: Chile se hace dependiente de la extracción de materias primas (no renovables en el caso de la minería), situación que le impide dar el salto al desarrollo. El periodista y activista ambiental Patricio Segura analiza las claves que nos brinda el gobierno de Sebastián Piñera luego de la crisis sanitario-ambiental de Quintero y Puchuncaví, la aprobación de las tronaduras en Isla Riesco y la negativa a firmar el Tratado de Escazú.

La siguiente nota tiene un objetivo: moderar expectativas a quienes desean un sistema de salud de país desarrollado, un sistema de educación de país desarrollado, pensiones de países desarrollados, sistemas de transportes y ciudades de países desarrollados, una seguridad pública de país desarrollado… Usted preguntará por qué tan negra es nuestra certeza. La respuesta está a la vista: Chile no se comporta ni parece tener intenciones de comportarse como un país desarrollado. Es más: no hace ninguna de las cosas que han hecho los países que suben a la primera división: diversificar su matriz productiva, diseñar políticas públicas para fomentar la innovación y la investigación, apostar fuerte por el desarrollo científico y apuntar a una explotación racional de los recursos, así como tender a la sustentabilidad de tal manera que el crecimiento sea respetuoso del medioambiente y llegue a todos. ¿Ve algo de eso? En fin. Decir que Chile será desarrollado sería un engaño malicioso.

Al revés. Cualquier análisis desapasionado de las señales que entrega el Gobierno y el empresariado, dueño de todo el entramado económico del país, sugiere que nos pasaremos viviendo de las materias primas por el fin de los tiempos, o al menos hasta que los recursos que extraen a saco sean atractivos en los mercados internacionales. Mientras tanto el tiempo corre, y ni la clase política tradicional parece angustiada por repetir el error histórico del salitre ni el empresariado siente vergüenza por lo que han llegado a ser.

Las palabras de Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sofofa, quien reivindicó el modelo de desarrollo chileno en televisión y negó el carácter rentista de la oligarquía chilena, demuestran que “los nuevos liderazgos empresariales, al igual que los liderazgos anteriores, tienen un chip instalado para seguir haciendo las cosas como siempre, sólo para abultar sus utilidades”, dice el periodista y activista ambiental Patricio Segura, quien desmenuza e interpreta los últimos acontecimientos como la crisis de Quintero-Puchuncaví, la negativa de Chile de suscribir el Tratado de Escazú, la aprobación de las tronaduras en Isla Riesco, el apoyo al mega centro de transferencia de Walmart en San Bernardo, etc.

“A los empresarios les molesta que exista este consenso, este sentido común de que son rentistas y extractivistas. Preferirían hacerse los lesos, pero esto es imposible porque esa acción empresarial es el epítome de la no sustentabilidad. Ser sustentable significa satisfacer nuestras necesidades sin poner el riesgo la posibilidad de las futuras generaciones de satisfacer las propias. Bueno, ¡la minería no es sustentable por definición! ¡Como puede ser sustentable la explotación de un recurso no renovable!”, señala el comunicador, quien responsabiliza no ya sólo al gobierno actual, sino también a los gobiernos que le precedieron. El plan de mantener a Chile como país subdesarrollado parece una política de estado, la única consistente en el tiempo.

“Yo escucho a Álvaro García, hombre de Ricardo Lagos, hablar a favor de la minería, del diálogo territorial, de la minería del siglo XXI, etc. Pero faltan definiciones, y lo que es peor: falta que echen una mirada hacia atrás y que se hagan cargo de los pasivos ambientales que dejó la minería, de los relaves, de la intervención social, del quiebre en las comunidades, de la destrucción de las actividades económicas locales, de la corrupción de alcaldes, concejales, de la cooptación de dirigentes vecinales. No veo dónde está la discusión del Chile post-minero”, agrega.

“Al revés; seguimos en lo mismo. Se agota o la baja ley de un mineral hace poco rentable la extracción del recurso y vamos yendo hacia la zona central, vamos a Los Andes, vamos a Aysén, todo para satisfacer intereses particulares. Está bien que tengan un interés particular, pero no vengamos a disfrazarlo de interés público. Eso ya no se tolera más. ¿Qué es eso de compartir beneficios? ¿”Te destruiremos el río pero te pasaremos plata”? ¿Porqué mejor no compartimos también los perjuicios? ¿Por qué un gerente o un director de esas empresas contaminantes de Quintero y Puchuncaví no se van a vivir ahí con sus familias?”, reflexiona, desafiante, el periodista al ser consultado por el “renovado” discurso del empresariado chileno, que se alista a emprender una verdadera ofensiva minera en la Región de Aysén, amén de otros proyectos que apuntan a generar la infraestructura que dé viabilidad al desarrollo de proyectos extractivos tanto en Chile como en Argentina.

Como es de esperar, tales proyectos cuentan con la venia de un gobierno acuciado por noticias y proyecciones económicas un tanto inquietantes. Para tales efectos, recuerda Segura, la administración “Piñera II” creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), en cuya carpeta figuras proyectos fundamentalmente primario-extractivos por unos 60 mil millones de dólares. “Y la mitad es de minería”, puntualiza. Esta oficina “genera diálogos territoriales para destrabar proyectos”, aun cuando el ‘desde’ de un gobierno debería ser mejorar la calidad de vida de la población, y no agilizar proyectos de inversión de particulares. Al final estos proyectos empeorarán la calidad de vida de las personas y sólo abultarán las utilidades de los dueños”, añade.

“Los proyectos extractivos causan muchas alteraciones y perjuicios no sólo ambientales, sino también sociales. Rompen comunidades, destruyen el tejido económico local, precipitan la pérdida de empleos locales y al final las localidades se vuelven extremadamente dependientes de esos proyectos”, señala Patricio Segura, quien reflexiona sobre el más nefasto de todos los efectos del modelo extractivo: la obligación de estado de subsidiar grandes proyectos que no resultan sustentables desde un punto de vista económico y ambiental. La primera consecuencia de este fenómeno es que entraña una actitud extorsiva permanente del empresariado que, como vimos en Isla Riesco, bien podríamos sintetizar en la frase “o me apoyas y haces lo que yo quiero o cerraré las faenas dejando a mucha gente cesante”.

¿Y el discurso del Presidente Piñera en la ONU, donde, así como ante los casos de intoxicación masiva en Quintero y Puchuncaví, destacó por su compromiso con el cuidado del medioambiente? Hasta aquí es puro discurso, cree Patricio Segura. Al revés: en la práctica, el gobierno brinda sobradas muestras de su compromiso con el extractivismo de bajo valor agregado que cultiva el empresariado chileno, ese que ve la naturaleza y los ecosistemas “como una despensa de la cual podemos tomar lo que queramos”.

La negativa a firmar el Acuerdo de Escazú es otra señal que afecta la imagen de país. Promover la iniciativa, trabajar seis años en eso y a pocos días de su suscripción restarse de firmar el acuerdo que él mismo promovió, y que apunta a emparejar la cancha en términos de propiciar la participación de las comunidades, es la mejor prueba de que el interés no es el cuidado del medioambiente y el desarrollo sustentable. Por mucho que aparezca como el dueño del parque Tantauco, que vaya a la ONU haciéndose el ‘Presidente verde’. En la práctica en su gobierno sólo se han dedicado a torpedear cualquier iniciativa que tienda al cuidado del medioambiente, como la ley de protección de los glaciares, por ejemplo, que se dejó caer sólo para favorecer a los mineros, o bien la ley Lafkenche para el cuidado del borde costero, algo a la pinta de las salmoneras”, sostiene.

“Esta es la política de la careta, de la mentira, de la hipocresía, del clientelismo. No hay costos en la política teatralizada, esta puesta en escena; no hay castigo para los que se mandan condoros más grandes. Encima tenemos una élite mercantil que no está a la altura de las circunstancias, para la que ni siquiera es tema los conflictos de intereses. (Sebastián) Piñera es el ejemplo máximo, pero esto es algo que cruza a toda la sociedad chilena y a los que controlan la economía”, dice a renglón seguido. “Los líderes políticos deben pagar los costos, y por eso las comunidades, que están más sensibles a los costos del crecimiento no sustentable, deben informarse más y articularse”, concluye el comunicador.