Por Claudio Rammsy García
El presidente Kast ha señalado en reiteradas ocasiones que es posible gobernar sin la aprobación del Congreso. «El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan», afirmó, anunciando una revisión de las potestades administrativas del Estado y de leyes con sanciones que «nadie aplica». Esta preferencia por imponer la voluntad mediante decretos y resoluciones, esquivando el debate parlamentario, ha llevado a que analistas califiquen a la actual administración como una autocracia.
La postura revela una falta de disposición para negociar con la oposición. Sin embargo, los gobiernos enfrentan límites legales claros: modificar tributos, establecer exenciones del IVA o crear impuestos requiere necesariamente del Congreso. La amenaza de gobernar solo por decretos —como declaró el ministro de Hacienda— parece más presión política que realidad jurídica posible. El caso más elocuente es el proyecto de reconstrucción nacional, cuyo verdadero objetivo —una reforma tributaria— no puede avanzar sin el Legislativo.
Pese a actuar en un marco legal democrático formal, el Ejecutivo no muestra reparos en replicar prácticas de Trump —órdenes administrativas— y de Milei —Decretos de Necesidad y Urgencia— para intervenir en la economía y las políticas sociales. Analistas internacionales observan en Kast un liderazgo potencialmente autocrático, visible en sus discursos del pasado y en su modelo de gestión.
Ante este escenario, los partidos de oposición —e incluso los aliados del oficialismo— deberán reforzar el rol constitucional del Congreso como colegislador y fiscalizador. Tensar las atribuciones parlamentarias abre una brecha con los propios partidos que sostienen al gobierno: para todas las colectividades, el Parlamento sigue siendo el espacio clave para incidir en la acción del Ejecutivo.
