317 personas expresaron su firme oposición a la propuesta constitucional que se presentará al plebiscito el próximo 17 de diciembre. En una declaración conjunta, denuncian una serie de problemas técnicos profundos y un retroceso Significativo con respecto a la Constitución actual.
«Respecto a la seguridad social -de nuevo- se incorporaron normas que dificultan la solidaridad y el establecimiento de un pilar solidario robusto, lo que es curioso porque por otro lado se introdujeron normas transitorias destinadas a resguardar la solidaridad en los sistemas de DIPRECA y CAPREDENA«, señala la carta.
«Los abogados y abogadas que suscribimos esta carta, nos manifestamos en
contra de la propuesta constitucional que se plebiscitará el día 17 de diciembre. Esta adolece de problemas técnicos profundos y representa un claro retroceso respecto a la Constitución vigente.
Valoramos el trabajo de la Comisión Experta, que logró arribar a un anteproyecto habilitante, equilibrado, moderno y que integraba las diversas visiones de nuestra sociedad. Sin embargo, vimos con preocupación cómo en la etapa del Consejo Constitucional la tónica fue radicalmente distinta, y devino en una propuesta que cercenó los avances logrados.
Si bien la propuesta del Consejo Constitucional reconoce en su artículo primero el Estado Social y Democrático de Derecho -según estaba recogido en las bases de este proceso-, lamentamos que no haya existido el deseo de transformar esto en una realidad. Un análisis sistémico del texto deja claro que el estado social pueda constituido en una mera promesa y que lo que realmente existe es una profundización de un estado subsidiario y neoliberal.
Esto se ve reflejado de manera más evidente en la regulación maximalista y de detalle de los derechos sociales, en donde en vez de consagrar derechos fundamentales se cristalizan políticas públicas. En educación se constitucionaliza el voucher y se disminuye los contenidos mínimos exigibles por el Estado hasta el 50% de las horas lectivas. En salud se constitucionalizan las
isapres, dificultando la mancomunión de recursos de los subsectores públicos y privados, con criterios de equidad y solidaridad, según solicitaron transversalmente los expertos del Comité Técnico asesor de la Ley de Isapres.
Respecto a la seguridad social -de nuevo- se incorporaron normas que dificultan la solidaridad y el establecimiento de un pilar solidario robusto, lo que es curioso
porque por otro lado se introdujeron normas transitorias destinadas a resguardar la solidaridad en los sistemas de DIPRECA y CAPREDENA. Parece que solo algunos chilenos pueden optar a la solidaridad para obtener pensiones dignas.
Como abogados y abogadas vemos con especial preocupación las graves consecuencias que pueden traer tanto las deficiencias técnicas del texto como el maximalismo de una visión conservadora del derecho administrativo que éste incorpora. Es así cómo el texto desconfía absolutamente de la administración del estado y le imponen altísimas exigencias para su actuar, lo que en la práctica solo beneficia a las grandes empresas y va en contra del establecimiento de un estado regulador moderno.
Lamentablemente, el amplio y necesario consenso respecto de la necesidad de un sistema político con partidos empoderados no fue mantenido por el Consejo. Si bien es verdad que el umbral del 5% se mantuvo, este se desvirtuó con su suspensión hasta el 2030 y con la introducción de fusiones que pueden ser creadas después de las elecciones respectivas. Lo mismo sucedió respecto de todas las normas sobre disciplina partidaria que fueron eliminadas del texto final.
Por todas estas razones es que responsablemente llamamos a votar en contra de la propuesta constitucional emanada de este proceso. Lo hacemos ya que éste texto es partisano, maximalista e identitario y nació para cimentar el poder de un sector de la sociedad sobre el otro y no para crear una casa común en donde todos nos podamos ver reflejados.»
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