La agenda corta asoma en el horizonte como la última respuesta del Estado frente a la delincuencia, un fenómeno que parece desatado a juzgar por la profusa información policial en los medios de comunicación y por los discursos de políticos interesados en amplificar el fenómeno. No obstante, muchos especialistas en el tema han salido a criticar la poca racionalidad técnica del proyecto y la ineficacia de estas medidas, la inexistencia de un debate que apunte a las causas sistémicas del flagelo y, para colmo de males, de los efectos nocivos que generará en la imagen de las instituciones destinadas a prevenirla y combatirla.
¿Cuántas agendas cortas llevamos ya desde que la delincuencia se instaló de manera permanente en la agenda? “Todo esto empezó a ser tema en la elección Lagos-Lavín, pero… Mire, ¿la verdad?, ya perdí la cuenta”, dice Mauricio Salinas, secretario de la Corporación Ciudadanía y Justicia, dando testimonio de un olvido que obedece más a la inutilidad e ineficacia de estos cambios legislativos que al número de los mismos, inspirados siempre por la demagogia de políticos que ven en este tema, siempre sensible y propenso a desatar pasiones, la vitrina para mostrarse preocupados en llevar tranquilidad a tantos ilusos que creen, que juran, pese a toda la evidencia científica, que sólo las penas más altas y un mayor poder discrecional de las policías lograrán derrotar a los delincuentes.
Y el problema mayor es que, al parecer, no hay caso. Según todas las encuestas, la mayoría de los chilenos cree que el empoderamiento policial y las penas del infierno pondrán fin a la moda criminal de los portonazos o los asaltos a las casas. En concreto el proyecto pretende, entre otras cosas, hacer efectiva la aplicación de las penas contempladas para los delitos de robo, hurto y receptación, haciendo más severas las penas en algunos delitos contra la propiedad que aquellos reservados para los delitos contra la vida, al tiempo que contempla disposiciones que «protegen» aún más a la policía frente a las agresiones.
Una especial mención merece el nuevo control de identidad (una verdadera rémora), toda vez que deja un espacio grande para la arbitrariedad policial como ocurría en dictadura y en los primeros años de democracia. ¿La razón? El funcionario policial podrá justificar su decisión de requerir la identificación por una simple sospecha de que la persona se encuentra con una orden de detención pendiente. En suma, queda en manos del carabinero o del detective la facultad de presumir si esa persona es delincuente o no.
¿Tan irresponsables son nuestras autoridades cómo para promover ideas que sólo contribuyen a agravar todo el cuadro? Salinas cree que “algunos saben lo que hacen y no les importa, otros no, porque son personas muy ignorantes o de poca lucidez. Pero todos están de acuerdo en que iniciativas de este tipo ayudan a obtener un rédito político personal», sostiene Salinas.
La apuesta del penalista y académico es clara respecto a este proyecto, uno que, a simple vista, ya parece reñido con los Derechos Humanos: “Este nuevo marco generará abusos policiales de distinto tipo, fundamentalmente contra personas vulnerables, y veremos asimismo, con esta idea de hacer más difícil el otorgamiento de beneficios carcelarios, un aumento sostenido de la población penal con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de vida internas, las que ya son muy deplorables”.
“Se incrementarán las denuncias contra la policía, veremos situaciones de atropello en las manifestaciones y marchas, y en tanto seguiremos asistiendo al fracaso del Estado frente a la problemática que obedece al tipo de sociedad que hemos construido”, dice el penalista y académico, quien pone el énfasis en el tipo de relaciones humanas que hemos normalizado en aras del crecimiento como fuentes originarias del fenómeno, “las que ante todo se sustentan en la competencia, en ver al otro como nuestro contendor, nuestro enemigo, olvidándonos ahora que la naturaleza misma del delito es la competencia realizada por otros medios; el gana o te ganan, el ‘aprovecha que el otro mira para otra parte y jódetelo’, o ‘colúdete, que nadie lo sabrá y si lo saben nunca te pasará nada’, que son variantes de aquel dicho que parece regir nuestras acciones: ‘jódete al otro porque el otro inevitablemente te joderá a ti’, y ocurre que estos valores, o antivalores, están muy arraigados en Chile después de todos estos años”, agrega.
De lo anterior se advierte otro problema adicional, uno nada irrelevante, cual es el deterioro de la imagen de instituciones como Carabineros una vez que proliferen las denuncias por parte de las propias víctimas de esos abusos. En la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, tales situaciones son imposibles de censurar. “No es admisible tampoco que para controlar el accionar de las policías se establezca la obligación de llevar un formulario de denuncias, una especie de libro de quejas, o bien publicar datos en la web ”, añade Mauricio Salinas.
A su juicio, parece casi infantil negarse a ver lo que visualizan la Corte Suprema, organismos dependientes de Naciones Unidas, abogados, oenegés locales y parlamentarios más conscientes y responsables, todos ellos preocupados por esta nueva expresión de populismo penal. “Es absurdo pensar que las policías solucionan estos problemas. Antes de los años 70 los delitos eran una cosa marginal. ¿Qué cambió? La sociedad cambió. Políticamente se introdujeron todos los cambios políticos, legales y culturales necesarios para generar una nueva forma de convivencia. Un General Director de Carabineros, el general Alberto Cienfuegos, ya lo decía una vez: ‘el delito es un síntoma de una sociedad con problemas, entonces hay que intervenir la sociedad’. Ojo: lo decía un general de Carabineros”, indica.
¿Tan irresponsables son nuestras autoridades cómo para promover ideas que sólo contribuyen a agravar todo el cuadro? Salinas cree que “algunos saben lo que hacen y no les importa, otros no, porque son personas muy ignorantes o de poca lucidez. Pero todos están de acuerdo en que iniciativas de este tipo ayudan a obtener un rédito político personal. Todos ellos buscan el titular en un diario, una cámara de televisión, cualquier cosa que los muestre abnegados ante la ciudadanía. Y así, quién sabe, lograrán unos votos más o ganarán más notoriedad. Se ha visto que esto rinde políticamente no sólo en Chile, sino que en muchos países más”.
Y agrega: “Hay que entender que todos los políticos que promueven este tipo de ideas no tienen otra alternativa que impulsar estas iniciativas tan demagógicas. No pueden hacer otra cosa. Imaginemos que todos ellos quisieran hacer algo eficiente contra la delincuencia yendo directo a sus causas. Aún si se convencieran de enfrentar las causas sistémicas de la delincuencia, aun si todos estuvieran de acuerdo en determinar esas causas, aun así, en el mejor de los escenarios posibles, todos ellos verán que en actual marco constitucional es imposible realizar los cambios. El sistema político es insuficiente, es incapaz de intervenir en la sociedad. Limitar la acción política y el poder de intervención del Estado es producto de un diseño”, sostiene Mauricio Salinas. “Es imposible que el mercado logre hacer algo contra la delincuencia”, agrega, “esa es tarea del Estado, pero seguro nuestros parlamentarios preferirán ganar público o seguir haciendo carrera a partir del miedo de las personas. Recordemos que muchos de ellos han cometido delitos y con esto aprovechan de limpiar la imagen”.
La agenda larga
Menos pesimista se declara el secretario de la Corporación Ciudadanía y Justicia respecto al largo plazo, ya que, a su juicio, caminaremos hacia otra comprensión del problema: “Como sociedad debemos invocar a la racionalidad, y ahí veremos que no hay otra que seguir el camino de las sociedades que tienen paz social, países que, coincidentemente con lo anterior, tienen los más altos índices de desarrollo del mundo”.
¿Y qué tienen en común esas sociedades? Salinas recuerda que todas ellas son sociedades de derechos sociales, sociedades en las que se respeta y valora el trabajo, sociedades con servicios sociales prestos a intervenir en familias disfuncionales, sociedades democráticas con un derecho penal que sanciona por igual a los ricos que defraudan y a los ladrones que se apropian de unas gallinas, etc.
“Hay que emprender reformas profundas a las políticas económicas y culturales que nos rigen. Los delincuentes no vienen de otro planeta, son chilenos. Los producimos tal cual”, dice Salinas. “Y ahí está el tema: la ideología y el interés propio de los políticos. Apuntar a soluciones de fondo pasa por cambiar el modelo de concentración de riqueza y la sociedad de privilegios, y es muy difícil que los impulsen personas que están vinculados a los que concentran la riqueza o que tienen privilegios e intereses que defender. El tema es que cada vez se les hace más difícil plantearse con autoridad frente a un delincuente común cuando se ha dejado en la más absoluta impunidad a empresarios y políticos. ¿Cómo decirle a un joven que la manera de obtener cosas es el trabajo cuando trabajar no le ha permitido a mucha gente salir de la pobreza? Es absurdo”, añade.
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