Organizaciones de la sociedad civil lanzaron una dura crítica al proyecto de Ley Antinarcos de Sebastián Piñera, llamada con sorna “Ley Bombo Fica”, toda vez que acentuaría la verdadera crisis que generó la Ley 20.000 de drogas a partir de 2005, una legislación que ha terminado por afectar fundamentalmente a los consumidores debido a su falta de parámetros y protocolos, lo que ha propiciado numerosas situaciones de abuso policial y criminalización.
La nueva “Ley Antinarcos” que empuja el gobierno con tanto interés y premura en el Congreso (más conocida como la “Ley Bombo Fica” debido a la peligrosa facultad que le otorga a Carabineros para almacenar y destruir droga decomisada), supone un gravísimo riesgo para los usuarios y consumidores, acaso los grandes perdedores con las ineficaces políticas que el Estado ha impulsado en la materia en las últimas décadas.
Por de pronto, la desastrosa Ley 20.000 promulgada en 2005 no sólo fue incapaz de conseguir los delirantes objetivos que se propuso, sino que agravó el cuadro general. Pero como siempre podemos caer más bajo, en 2008 el cannabis, la droga ilícita más consumida en Chile, pasó a engrosar la lista de drogas duras, junto a la heroína o la metanfetamina.
“De los procedimientos policiales, las cifras oficiales en los últimos 18 años nos muestran que el 89% de los detenidos son por flagrancia, como podría ser la detención de un joven fumando cannabis en la plaza, y no por investigaciones o labores de inteligencia. Asimismo, en idéntico lapso, el 70% fue detenido por falta y solo el 30% restante por delitos. Esto demuestra que esta especie de pesca de arrastre sólo contribuye a criminalizar a los consumidores, y no a combatir el narcotráfico ni a las mafias que están detrás de él”, señaló el psicólogo y director de Eutopía, Claudio Venegas, luego de exponer ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, quien realizó una maciza presentación para cuestionar esa extraña obsesión de las autoridades chilenas con la marihuana, frente al desinterés que las mismas exhiben ante sustancias que han probado ser más dañinas, pero que son perfectamente legales.
La discrecionalidad de cada día
La legislación ha rebajado los estándares probatorios y ha acentuado el sesgo de clase que orienta la acción policial, enfatizando cuestiones como la cantidad por sobre la calidad de la droga y su pureza. La razón de fondo es que no existen protocolos consistentes ni parámetros claros que permitan guiar la acción de las policías y el Ministerio Público, “al punto que vemos a la policía pesando plantas de marihuana con el macetero, con barro, con hojas. Al final tenemos pura discrecionalidad”.
Por tal razón es que, explicó, “debemos avanzar en el establecimiento, dentro de seis meses, de estos parámetros en cuanto a cantidades para el porte, para el consumo, para el cultivo y la tenencia. Sería bueno que una comisión amplia discutiera sobre la materia. Nosotros mismos haremos llegar una propuesta dentro de los próximos 15 días”, agregó el director de Eutopía, un reconocido crítico de la inspiración moralista de un cuerpo legal que va a contrapelo de las tendencias globales, atentando, de igual manera, contra las “libertades personales de los adultos que disponen de su cuerpo sin dañar a terceros”. Al respecto, Venegas dijo más tarde a El Soberano que “la discusión constituyente bien podría ayudarnos a robustecer la defensa de esos derechos llamados ‘individuales’, y que tiene que ver con el consumo de drogas, el derecho al aborto, en fin”.
Venegas sostuvo que la confusión general que introdujeron las desastrosas leyes antidroga ha provocado “enormes abusos y un enorme despilfarro de recursos en cosas que al final no terminan en nada. Miremos el caso de la hija de Ana María Gazmuri: siete carabineros para decomisar cinco plantas pequeñas. 80 personas son detenidas al día en promedio. Eso es botar la plata”, agregó.
El tema no sólo ocupa a los usuarios medicinales, sino a las personas adultas que hacen un uso recreativo de sustancias en razón de su soberanía individual. “Debemos enfrentar esta ausencia de marco regulatorio y regular el acceso a través del autocultivo, las asociaciones de usuarios y el mercado regulado para personas mayores de edad”, recalcando que los principales problemas del país están vinculados a las drogas legales como el alcohol y el tabaco.
“En Chile la droga es chivo expiatorio para cualquier cosa. Claro, es mucho más barato y simple hacer redadas en las poblaciones que aumentar el sueldo mínimo o hacer una revolución en salud pública”, añadió.
