La derecha chilena parece especializarse en una vieja técnica dilatoria que se da mucho en Estados Unidos, donde hoy tratan de derogarla: hablar mucho para retrasar la votación o la discusión de los temas de fondo. Hoy, la derecha chilena habla de más pidiendo, por ejemplo, el ingreso de su prensa a los interiores del ex Congreso pese a las limitaciones de aforo. Claro que tal petición no la realiza en aras de la transparencia, sino sólo para obstaculizar y desacreditar el proceso y abonar el terreno para el rechazo en el plebiscito de salida, según el comunicador y activista medioambiental, Patricio Segura.
*Patricio Segura
Periodista y activista medioambiental
En Estados Unidos existe un término para referirse a unas de las artimaña que utilizan algunos congresistas para retrasar al máximo una importante votación o decisión. Es el filibusterismo, que consiste en trabar el avance de las sesiones mediante eternos discursos. En abril de 2017 el senador demócrata Jeff Merkley sostuvo una intervención 15 horas, cuestionando -y postergando- la nominación de un juez por la administración Trump.
Esta controversial técnica, que data de la antigua Roma, se sustenta en un principio que protege a todo legislador de ser interrumpido, mientras pueda hablar. La definición homologa este “secuestro legislativo” con las incursiones de los piratas de las Antillas, conocidos como filibusteros.
Esta no es la única triquiñuela utilizada en los espacios colectivos donde se toman decisiones. En Chile hemos conocido de avalanchas de extensas y complejas indicaciones, junto a infinitas audiencias, como una forma de entorpecer la discusión de iniciativas en trámite. Así ocurrió con la reforma al Código de Aguas.
En los últimos días hemos sido testigos de una nueva puesta en escena, esta vez por parte de Vamos por Chile (el clon constituyente de Chile Vamos). El fundamento: la cobertura de la prensa a las deliberaciones y votaciones de la Convención Constitucional.
Con la ex ministra de Educación Marcela Cubillos como portaestandarte, se ha forjado una controversia sobre el ingreso o no de la prensa a las sesiones. Exigiendo transparencia total, y acusando tiranía, censura y cocina, se ha querido instalar la percepción de que oscuros intereses no querrían que la ciudadanía se informe de las deliberaciones.
El punto cúlmine fue un oficio del 24 de julio mediante el cual se solicita someter a votación el ingreso de la prensa a las galerías del Congreso Nacional.
Si uno no conociera el desempeño de Chile Vamos en materia de transparencia, participación y democracia, creería en sus loables intenciones. Sin embargo, la realidad es otra. Ha sido este sector, junto a algunos legisladores y políticos de la ex Concertación, el que sistemáticamente ha trabado cambios positivos en dicho sentido.
Partamos por el principio. Si hubo un conglomerado que no quería la elaboración de una nueva Constitución, y menos aún con la participación de la ciudadanía, era precisamente la derecha. Mal que mal, siempre han dicho que fue una mala idea y fueron los impulsores del Rechazo en el Plebiscito.
El 12 de julio, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo para solicitar al Presidente Sebastián Piñera que TVN transmita por señal abierta las sesiones de la Convención Constitucional. Los 21 votos en contra fueron exclusivamente de Chile Vamos: Evopoli, UDI y RN.
La política de los consensos que se instaló durante las dos primeras décadas del retorno a la democracia, excluyendo de la deliberación pública al pueblo y radicando las decisiones en las cúpulas partidarias, fue digitada por este bloque junto a los partidos de la ex Concertación, especializándose en cocinar acuerdos gracias al poder de veto que le daba a la derecha los quórum supramayoritarios y el sistema binominal.
Y así, podría enumerar múltiples situaciones en las cuales la transparencia y la democracia no han sido puntales del ideario de la derecha.
Así las cosas, ¿de dónde viene este anhelo por mayor presencia de la prensa al interior de la Convención?
Al no poder encontrarlos en sus principios, es necesario buscarlos en sus intereses. Y uno de éstos, por cierto, es contar con mayor tribuna y posibilidades para continuar con su objetivo declarado: el desprestigio del proceso, deslegitimando sus decisiones y abonando el camino al rechazo de salida.
Lo que no mencionan estos convencionales son los múltiples mecanismos de transparencia directa que ya se han implementado en la Convención: señal de TV abierta de la Universidad de Chile, plataformas de streaming web de las sesiones y deliberaciones en sala con publicidad de los documentos y votaciones.
Si el bloque realmente quisiera mayor libertad de prensa, apoyaría desde ya en el Congreso todas las normativas que apuntan en dicho sentido.
Una de ellas, la que regula la integración vertical y horizontal de los medios de comunicación, porque atentan contra la democracia. Dice la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, emitida por Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año 2000: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.
Otra, la limitación de grupos económicos en la propiedad de los medios: la “interpenetración de la prensa con intereses industriales plantea desafíos importantes, sobre todo para el resguardo de la independencia periodística. En particular, debe considerarse el problema de intereses cruzados que condicionan la cobertura de temas vitales que afectan a las empresas, desde políticas económicas hasta problemas laborales”, señala el Informe “Política, dinero y poder: Un dilema para las democracias de las Américas” de la Organización de Estados Americanos.
En Chile, los grupos económicos controlan parte importante de la prensa: Bethia hace lo propio con Mega; Luksic con Canal 13 y Tele13 Radio; Saieh con Copesa (La Tercera). Y qué decir de El Mercurio. ¿Es a ellos a quienes se quiere abrir las puertas de la Convención Constitucional o a todos, con criterio de equidad y descentralización? Una duda legítima hay ahí.
Sólo en la medida de que sea un espacio plural de verdad, para lo cual habría que analizar los procedimientos que permitan inclusión y diversidad, será una bienvenida posibilidad. De otra forma sólo será una más de las triquiñuelas que buscan socavar el proceso que aprobó un 80 % del electorado, y no el 20 % atrincherado en principios en los que no cree, en realidad.
