No es raro ver a exjerarcas de la Concertación y la Nueva Mayoría
dándose en el pecho, haciendo pucheros, lamentándose, diciendo a quien quiera escuchar que todas sus intenciones reformistas encallaron a causa de la
Constitución del ’80. El economista y abogado Julián Alcayaga te explica que
aquello no pasa de ser una excusa de mal gusto.

Julián Alcayaga
*Economista y Abogado

Está de moda decir que los cambios que se habían prometido, a fines de los ochenta, no se pudieron realizar por los amarres de la Constitución. Como consecuencia lógica de esta conclusión, han surgido voces que nos proponen que los cambios que el país necesita solo se pueden hacer reformando la Constitución o, mejor aún, efectuar una asamblea constituyente.

Discrepo de esa idea, porque, si bien es cierto que las leyes institucionales o de carácter político, como el sistema binominal, la ley orgánica de la Fuerzas Armadas, del Tribunal Constitucional, etc., no se pueden modificar sino se cuenta con el voto favorable de los 4/7 de diputados y senadores en ejercicio, lo cierto es que dichos
quórums no son necesarios para aprobar todas las leyes que tienen que ver cambios económicos, laborales, sociales, medioambientales, etc…, por las cuales el pueblo chileno se ha movilizado en estos días. La razón es que todas esas leyes no requieren quórum calificado, sino que se aprueban por simple
mayoría. Entonces, cuando no se quiere, o no se está en condiciones o
conocimiento de proponer las medidas sociales y económicas que realmente se
necesitan, y su respectivo financiamiento, se levanta el tema de la asamblea
constituyente, de manera a eludir la proposición de las soluciones
reales de hoy y mañana.

La Concertación y la Nueva Mayoría siempre argumentaron que los cambios sociales que el país necesitaba, no se hicieron porque los amarres de la Constitución no lo permitían. Eso es absolutamente falso, esos cambios no
se hicieron sólo por falta de voluntad política de los gobernantes que hemos tenido desde 1990 a la fecha.

Pero yendo más al fondo del asunto, voluntad política siempre ha existido, pero esa voluntad política no es la de nuestros gobernantes, sino la que los grandes grupos financieros internacionales y nacionales, le han impuesto a nuestros gobernantes y a los partidos políticos que los han respaldado.

Cuando Pinochet dejó el gobierno, en 1990, el 90% de la producción del cobre estaba en manos del Estado, hoy solo menos de un tercio lo produce Codelco. Este descalabro lo hizo la Concertación sin que la Constitución haya tenido absolutamente nada que ver en esta desnacionalización. Por el contrario, Pinochet dejó vigente en la Constitución del 80 (Disposición 3° Transitoria) la Nacionalización de la Gran Minería del Presidente Allende (Disposición
17° Transitoria de la Constitución de 1925)
. No es la Constitución que permitió la desnacionalización del cobre, sino las transnacionales que corrompieron a los dirigentes de los diferentes gobiernos de la Concertación y la derecha.

Al terminar Pinochet, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, con empresas como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla, Termoeléctrica Cachapoal, pero fueron privatizadas por la Concertación. Esto no lo impuso la Constitución, pero si lo exigieron y lo impusieron las transnacionales, así como impusieron la privatización de todas las empresas sanitarias y de los puertos que pertenecían y administraba el Estado. Se privatizaron las autopistas y muchas calles en nuestras ciudades, con altos peajes. La Concertación realizó estas privatizaciones y nada tiene que ver en ello la Constitución, sino que se impusieron por “la voluntad política” de las transnacionales, más algún dinerillo que debe haber llegado.

En 1990 las AFP eran casi todas chilenas y Pinochet solo permitía invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero, y gracias a ello la rentabilidad de esos fondos eran muy superiores a los de ahora. Con la Concertación se autorizó a aumentar el porcentaje invertido en el extranjero, hasta alcanzar el 80% de los fondos con la Presidenta Bacheletquien también eximió de IVA a las AFP y les aumentó la comisión, es decir, les mejoró el negocio. Un pensionado debe pagar 19% de IVA al comprar pan, las AFP también pagan IVA por todo lo que compran, pero el Estado les devuelve el IVA. Puede parecer increíble que a las AFP se les devuelva el IVA, pero es la Ley 20.255 de 2008, que así lo establece. ¿Es culpa de la Constitución? No, son las transnacionales financieras que impusieron su
voluntad a la Concertación y la derecha que la aprobaron
.

En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, ni los
estudiantes créditos con aval del Estado, hoy estas universidades privadas se han expandido y proliferado, gracias a los créditos del Estado para poder estudiar en ellas, y también se ha impulsado a las universidades del Estado a privatizar parte sus actividades para poder subsistir. Es decir, son los gobiernos de la Concertación y la derecha que han privilegiado descaradamente la educación privada, pero en ello para nada ha tenido culpa la Constitución, porque ello se hizo mediante leyes ordinarias sin quórum calificado y en consenso en el
Congreso Nacional entre la derecha y la Concertación
. La Constitución no impide la desmunicipalización de la educación básica y media, y tampoco impide que la educación técnica o universitaria sea gratuita en los establecimientos del Estado. Para lograrlo basta con una ley ordinaria, y la Concertación siempre tuvo mayoría para hacerlo, y no es la Constitución que lo ha impedido.

La Constitución tampoco impide efectuar una verdadera reforma tributaria, y
precisamente por esa razón es que la Concertación hizo numerosas modificaciones que favorecen a los ricos con exenciones de impuestos,  mientras que hizo otras que perjudican al pueblo como fue aumentar el IVA de 16% en el tiempo de Pinochet, a 18% con Alywin y 19% con Lagos y ratificada por Bachelet.

Además, con la reforma tributaria de 2014, Bachelet bajó el último tramo del global complementario que era de 40% y lo bajó a 35%, lo que favorece a los chilenos más ricos que no sobrepasan de 10 mil. En el paquete de medidas propuestas por Piñera hace unos días, propuso volver a subir el global complementario a 40%. Las leyes tributarias son ordinarias, no requieren quórum calificado, pero son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y la Concertación tuvo 4 presidentes para hacer todos los cambios tributarios que eran necesarios. Entonces, la voluntad política: ¿Quién la impone? ¡No es la
Constitución!

Igualmente las leyes laborales son de quórum simple pero de iniciativa presidencial, por lo que los Presidentes de la Concertación pudieron restablecer el derecho de huelga que hoy no existe, bajar la semana de trabajo a 40 hrs. (en Europa es de 35 hrs. e incluso menos); se pudo haber establecido que los trabajadores contratistas
reciban el mismo salario que los trabajadores de las empresas mandantes, como
en Europa. Se pudo haber establecido le negociación colectiva por rama o sector, etc. Teniendo mayoría para hacerlo dichas reformas no se hicieron. Y no fue culpa de la Constitución. 

Desde hace casi un siglo y hasta mediado de los años noventa, en las faenas
mineras solo se podía trabajar por turnos de 8 horas diarias, ahora se trabajan en turnos de 12 horas con gran daño para la salud de estos trabajadores, gracias a que la Concertación lo autorizó a través de la Dirección del Trabajo. No se le puede echar la culpa a la Constitución de lo que no se quiso hacer en materia laboral, porque estas leyes son ordinarias.

Las transnacionales hicieron muchos intentos por privatizar Codelco, pero la Concertación y la derecha no se han atrevido a hacerlo porque se requería los 3/5 del Congreso para modificar la Constitución.Además, estas privatizaciones habrían sido vergonzosas puesto que Pinochet dejó vigente la nacionalización de Codelco en la Constitución, y prohibió la concesión de los hidrocarburos, que solo el Estado a través de Enap puede explotar, y reservó el litio al Estado, y la Concertación se lo entregó a SQM. Entonces, fue precisamente la Constitución la que nos salvó que la Concertación privatizara Codelco y Enap.

Podríamos seguir nombrando una serie de otras medidas tomadas en estos 24 años, pero si pudiéramos resumirlas se trata de lo siguiente: las transnacionales y los organismos internacionales que están bajo su mando, como el FMI, Banco Mundial, OCDE, han impuesto su voluntad política a nuestros gobernantes. Se hace lo que ellos ordenan o permiten, pero no es la Constitución que lo ha
impuesto
. No son los amarres de la Constitución los que impiden los cambios que el país necesita, ni siquiera son los amarres ideológicos o el famoso modelo, se trata simplemente de amarres dinerarios, más bien dicho corrupción.

Se han firmado decenas de Tratados de Libre Comercio que han desindustrializado Chile, y está en último trámite en el Senado, la firma del más inicuo de los tratados, el TPP, y todos esos perjudiciales tratados, no han sido impuestos por la Constitución.

Economista, Abogado y contador. Defensor y Promotor de la Renacionalización del Cobre.

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