¿Es tolerable que en la Convención Constituyente haya espacios para negociaciones secretas? Definitivamente no, pues arriesga deslegitimar ese espacio de discusión. Pero esta es una posibilidad que planteó, sin que tenga facultades para ordenar el funcionamiento de la Convención, el mismísimo Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que no ha sabido -o no ha querido- responder a las consultas que se le han hecho al respecto, lo que hace suponer que es parte de una operación política tendiente a perpetuar una de las más nocivas prácticas de la transición chilena: la cocina.
En consecuencia, el Observatorio Cívico Constituyente dio a conocer una declaración pública fustigando esta postura y explicando los riesgos que el secretismo introduce en el único espacio capaz de sacarnos del atolladero político y social en que estamos.
DECLARACIÓN PÚBLICA
Lunes 10 de mayo de 2021
Como Observatorio Cívico Constituyente, motivados por resguardar la corrección y transparencia, para la legitimidad de la Convención Constituyente, y ante las actuaciones que al respecto ha tenido el Consejo Para la transparencia, (CPLT) nos hacemos un deber el dar a conocer a la ciudadanía, la siguiente declaración pública:
Hemos examinado el documento del Consejo Para la Transparencia (CPLT) denominado “Propuesta para la transparencia y probidad en el proceso constituyente”, y comprobamos, con estupor y sorpresa, la validación de algunas restricciones al acceso a la información relativa al desarrollo de la Convención, cuestión que nos parece de la más absoluta gravedad en vista de la severa crisis de legitimidad política por la que atraviesa nuestro país.
De hecho, creemos que dicho documento se presta para la manipulación mediática de la prensa adicta al sistema neoliberal que deseamos transformar, cuyos medios se encuentran realizando denodados intentos por instalar discursos orientados a legitimar tales restricciones. En efecto, con motivo de la publicación de dicho documento, el diario El Mercurio, de conocida posición política, publica bajo el titular “Propuesta del CPLT establece que sesiones de la Convención pueden ser reservadas” una crónica dando cuenta del mismo, al tiempo que informa de distintas visiones que tendrían algunos candidatos al respecto. Es decir, se establece en la conversación pública la posibilidad de que dicho espacio de secretismo exista.
Este documento se hace público sin que el Consejo tenga ninguna atribución o facultad para hacer recomendaciones ni menos propuestas al respecto. ¿Quién le ha dado al Consejo para La Transparencia la facultad de decidir qué es secreto y qué no? Además es necesario tener en cuenta que en que en el Derecho Público, los órganos sólo están facultados para realizar lo que expresamente se autorice por ley. Llama la atención, al mismo tiempo, que el Consejo, conociendo la publicación de El Mercurio, no haya desmentido ni exigido una rectificación clarificadora en tan trascendental materia. Esta actuación y omisión del Consejo son entendibles en función de las filiaciones políticas de sus directores (públicamente conocidas, por lo demás), pero son paradójicas teniendo en cuenta de que el objetivo de este Consejo es entregar garantías de transparencia en las actuaciones de quienes estén imperados por él.
Hacemos presente que esta actitud de rechazo al secretismo es consustancial a todo el movimiento, organizaciones sociales, asambleas y cabildos, que han bregado por el cambio de la Constitución. Es de importancia capital que la ciudadanía tenga la seguridad de que los convencionales ratificarán en la Convención las propuestas constitucionales hechas en la campaña. Reclamamos este mínimo accountability político, que siendo básico para países con tradición democrática, ha resultado, a lo menos insuficiente, en las últimas tres décadas en Chile.
No exageramos al afirmar que el pueblo de Chile se cansó de políticos que dicen una cosa en los territorios durante periodos de campaña, pero que hacen y dicen algo diametralmente opuesto una vez que resultan electos. Esto ha ocurrido una y otra vez debido a presiones ejercidas por grupos de interés que se amparan en los sombríos pasillos de la política chilena y en la opacidad de normas caracterizadas por la laxitud y el testimonio. Creemos -y es bueno reiterarlo- que el CPLT respalda una práctica que se ha prestado para incontables estafas políticas que, para más señas, han terminado por beneficiar a un pequeño grupo de la sociedad chilena, a corromper a las instituciones de nuestra Patria y a deteriorar el clima de convivencia como no lo habíamos visto desde la dictadura.
Asimismo, llamamos a no subestimar la capacidad de ciudadanas y ciudadanos de escuchar verdades que pudieran resultar incómodas o dolorosas. Es absurdo y peligroso instalar nuevos espacios de secretismo cuando hemos visto caer tantas y tantas mentiras que muchos juzgaron saludables para la estabilidad y la gobernabilidad.
Llamamos a toda la ciudadanía a mantenerse activa y vigilante en torno a la transparencia de la Convención.
