El Estado brasileño pidió disculpas por los crímenes y atrocidades cometidas contras los pueblos originarios cometidos durante la dictadura (1964-1985), donde se estima que 8.300 nativos fueron asesinados por acción u omisión de las autoridades, según el informe final de la Comisión de la Verdad creado en el gobierno de Dilma Rousseff (2014). Brasil está recién en un proceso de admitir su culpa sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, debido a que la Ley de Amnistía, aprobada por el gobierno militar en 1979, libró de juicio a muchos militares que nunca debieron responder ante la Justicia por sus abusos.
Las atrocidades cometidas por funcionarios del Estado brasileño contra los pueblos originarios fueron múltiples, algunas de ellas tan crueles como darle veneno (estricnina) mesclado con azúcar a los niños indígenas. Durante más de 2 décadas, los pueblos originarios sufrieron el despojo de sus tierras y fueron encerrarlos masivamente en campos de concentración, donde sufrieron maltratos y torturas.
La abogada Enéa de Stutz e Almeida, quien presidió la Comisión de Amnistía de Brasil, en nombre del Estado brasileño, se arrodillo y pidió disculpas a dos representantes de los pueblos originarios de Brasil: la matriarca Djanira Krenak y al cacique Tito Vilhalva, de los Krenak y guarani-kaiowá.
La Comisión de Amnistía, vinculada al Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, tiene la responsabilidad de examinar casos de amnistía relacionados con persecuciones políticas desde septiembre de 1946 hasta octubre de 1988. Recientemente, se aprobaron cambios en su reglamento interno, permitiendo la presentación de solicitudes colectivas de amnistía, siendo las solicitudes de las comunidades krenak y guaraní-kaiowá, dos de los 266 pueblos originarios de Brasil, las primeras en ser evaluadas en el país.
Las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios en Brasil, ya estaban documentadas de los años sesenta gracias a un equipo de funcionarios liderados por el procurador Jader de Figueiredo, en lo que se conoció como «el Informe Figueiredo». Aquel informe elaborado por una comisión que recorrió más de 16 mil kilómetros detallaba los abusos y atrocidades cometidas contra los pueblos originarios ,y señalaba como principal responsable al Servicio de Protección del Indio, un organismo que en teoría debía proteger a los nativos, y que por el contrario intentó exterminarlos en post de la expansión de los grandes latifundios.
Las atrocidades cometidas contra los pueblos indígena implicó el reclutamiento en el ejército de los nativos aculturizados, para perseguir y exterminar sus propios pueblos, como bien lo registra el documental «Arara: um filme sobre um filme sobrevivente», donde se muestra un desfile militar en la ciudad de Belo Horizonte (la cuarta mayor ciudad de Brasil), donde ante cientos de personas, incluidas autoridades políticas y militares de la época (1970), dos soldados de origen indígena, acarrean a otro indígena colgado de un palo, maniatado de pies y manos. Una técnica de tortura que en Brasil se llamó «pau de arara» (palo de guacamayo) y que fue exportada a todas las dictaduras latinoamericanas durante el Plan Cóndor.
Tras la petición de perdón, los pueblos Krenak y Guarani han demandado al gobierno la demarcación de territorios indígenas, la creación de nuevas reservas, la creación de un museo y un trabajo de memoria histórica, que recuerde los crímenes cometidos, así como otras formas de reparación para las familias y descendientes de las víctimas.
Pau de Arara a nativo Kreank desfile militar Belo Horizonte 1970
Foto portada: agencia brasil
Fuente: Resumen.cl
