Cientos de inmigrantes salieron a marchar por las calles del centro de Santiago para exigir una regularización masiva sin exclusiones y una legislación migratoria con un enfoque en los derechos y no en la seguridad nacional. He ahí el clamor de las comunidades inmigrantes que temen redadas para cuando finalice, a fines de octubre, el proceso de regularización impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera.
Flexibilizar los requisitos para regularizar la permanencia en Chile -sin exclusiones, distinciones ni arbitrariedades- de todos los extranjeros que se ganan el pan con honradez. Esa es la primera demanda, la más urgente. También lo es desechar cualquier idea que apunte a realizar detenciones masivas de inmigrantes en situación irregular una vez que haya acabado el proceso de regularización, cosa que se ve venir a juzgar por el populismo de un gobierno tentado a descargar su frustración en los extranjeros más humildes.
Ah, y otra cosa muy importante: dejar ya de expulsar a inmigrantes por sus antecedentes en el país de origen, aun cuando ya tengan hijos nacidos en este país y una vida establecida, aun cuando en Chile hayan tenido un comportamiento apegado a la ley.
¿Es mucho pedir? Para el gobierno, sí. No para los migrantes que salieron a marchar por las calles en protesta contra un plan gubernamental destinado a regularizar a unos 300 mil inmigrantes, un programa que cerraba, en principio, el lunes 22 de julio, aunque el gobierno anunció que extenderá el plazo por 90 días sólo para culminar el proceso de timbrado de visas para los que efectivamente se inscribieron en el proceso, en ningún caso para recibir nuevas incripciones.
Tampoco lo es para Rodolfo Noriega, dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. «Si fuera por antecedentes, entonces en Chile no tendríamos presidentes. Ninguno de estos inmigrantes», agrega Noriega, señalando a los manifestantes de la marcha, «tiene sangre en las manos como sí la tendrán aquellos que empujan una política migratoria que ve al trabajador extranjero como enemigo, ya que los llevarán a la clandestinidad y la marginalidad, dándole un impulso al tráfico de personas y la trata, y todo por requisitos imposibles de cumplir», señaló.
«¿Quién es el señor Álvaro Bellolio (Jefe del Departamento de Extranjería y Migración) para decidir quién entra o no a Chile. Es es un simple funcionario», agregó. Y dijo más tarde: «Estas personas, estos seres humanos, han venido a trabajar para ellos y sus familias. Si el tema de la seguridad es el punto, mañana mismo vamos en masa y registramos nuestras huellas dactilares en el Registro Civil. Muchos de los inmigrantes que han venido con nosotros han querido autodenunciarse en Carabineros, porque en ellos no está el ánimo de engañar a las autoridades. El problema es que ellos no pueden cumplir con los papeles que pide el gobierno porque sus países de origen no los envían», agregó.
Eduardo Cardozo, de Acción Migrante, sostuvo que «la política migratoria es un retroceso importante porque ve a los inmigrantes como enemigos de Chile. Además se ha empezado a consolidar un racismo institucional importante ya que hace distinciones entre colectivos afrodescendientes como los haitianos, los dominicanos y los colombianos».
Finalmente, los dirigentes de las comunidades migrantes se declararon en alerta por la inminencia de redadas y detenciones masivas en contra de extranjeros. El efecto comunicacional, para un gobierno populista como el del Presidente Sebastián Piñera, resulta muy tentador. «Cada vez que anunciamos una conferencia de prensa o una marcha, vemos cómo llegan a la Plaza de Armas dos buses con personal de la PDI«, indicó Noriega.
«Imitar la política de Estados Unidos es un absurdo. Nadie puede contener un fenómeno de estas características apostando a los militares, porque está claro que la idea de implicar a los militares en labores de vigilancia fronteriza no apunta al tema del narcotráfico, sino a detener el ingreso de inmigrantes«, concluyó.
