Algunos de los mismos mecanismos de control social desplegados durante decenas de años por las fuerzas de seguridad de los gobiernos latinoamericanos, apoyadas por Estados Unidos, ahora se han reproducido al interior del país norteamericano, con una barbarie descarnada y violencia policial contra los manifestantes, transeúntes y reporteros en decenas de ciudades.

Por el Equipo Editorial de COHA
Desde Washington DC

Aquí puedes revisar la columna en el sitio de COHA

El Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA) se une a Black Alliance For Peace (Alianza Negra por la Paz)[1] y otras organizaciones democráticas del mundo para exigir a Naciones Unidas que aborde el problema de violaciones sistémicas de los derechos humanos por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

También expresamos nuestra profunda desilusión por el hecho de que la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, hayan guardado silencio ante estas graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el mismo país donde la institución tiene su sede principal, y en una situación donde EEUU es su mayor donador de fondos. En un impresentable doble estándar,  Almagro sigue apoyando las ilegales medidas coercitivas unilaterales que EEUU dicta contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, al tiempo que opera contra las legítimas autoridades de Bolivia. Las sanciones unilaterales de EEUU han sido rechazadas consistentemente por Naciones Unidas por atentar contra el derecho internacional.

Condenamos el asesinato del afro estadounidense George Floyd por un policía de Minnesota y apoyamos el clamor de millones de personas para crear  instituciones y prácticas más justas en los ámbitos social, económico y jurídico. La institucionalidad existente durante más de dos siglos, ha impuesto múltiples jerarquías de dominación a las personas de color dentro y fuera de EEUU.

Imagen de las protestas en Estados Unidos. Fotografía: Fibonacci Blue, bajo Licencia Creative Commons.

Las mismas condiciones que Washington utiliza para justificar la intervención en los asuntos internos de otras naciones del continente -por supuestas rupturas del orden democrático – son ahora claramente visibles en las calles, tribunales y prisiones de EEUU.

Algunos de los mismos mecanismos de control social desplegados durante decenas de años por las fuerzas de seguridad de los gobiernos latinoamericanos, apoyadas por Estados Unidos, ahora se han reproducido al interior del país norteamericano, con una barbarie descarnada y violencia policial contra los manifestantes, transeúntes y reporteros en decenas de ciudades.

EL periodista John Bartlett, corresponsal en Chile para The Guardian y otros medios, hace un paralelo entre las demandas del pueblo estadounidense y el chileno. Puedes seguirlo en @MiradasPodcast

Celebramos que el secretario de Defensa, Mark Esper, haya rechazado la aplicación de la Ley de Insurrección de 1807 sobre el despliegue de las fuerzas armadas para reprimir las protestas pacíficas legítimas. Pero esto, por sí solo, no detendrá el llamado del presidente Donald Trump a una acción coercitiva mayor por parte de la policía, la Guardia Nacional, la Patrulla Fronteriza y unidades de las fuerzas armadas.

En vez de utilizar la Presidencia del país para proyectar una voz conciliadora en estos tiempos de aguda crisis social y moral, Trump usa una retórica de hostilidad, represión militar, división política e intolerancia.

Al igual que nuestros vecinos del Sur que nunca estuvieron solos en sus momentos de crisis, ahora el pueblo estadounidense recibe la solidaridad de millones de personas de todo el mundo.

Durante casi medio siglo COHA ha expuesto el rostro oculto de los gobiernos corruptos de América Latina, pero ahora esa corrupción está innegablemente presente aquí mismo en EEUU.

Hemos documentado ataques a periodistas en la región, y ahora la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información están siendo agredidos aquí en Estados Unidos por la brutalidad policial contra los medios de comunicación que cubren las protestas.

Los gobiernos de Australia[2] y Alemania[3], entre otros, han presentado quejas formales ante el gobierno de EEUU por la dura represión policial que sufren los periodistas y camarógrafos de esos y otros países. Se han denunciado[4]  casi 300 violaciones a la libertad de prensa durante las protestas tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota.

Aún hay tiempo para que el Gobierno de EEUU cambie de rumbo y comience a abordar las causas subyacentes de la brutalidad policial y la discriminación racial en el sistema de justicia. Si se pusiera fin a la impunidad de las fuerzas del Estado y se abriera el manejo de la seguridad pública a manos de las comunidades, se podría marcar un verdadero comienzo hacia una reforma policial profunda.

Además, sólo podremos avanzar para superar la desigualdad económica y social, el militarismo y el racismo, si el actual movimiento por la justicia social tiene espacio suficiente para practicar una política de transformación; cualquier intento de aplastar esa expresión popular podría tener consecuencias nefastas.

Mientras tanto, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales deben condenar no sólo la represión del gobierno de EEUU contra los manifestantes pacíficos, sino también su larga historia de racismo sistémico. Si no se exige responsabilidad a EEUU, el sistema multilateral sería, en efecto, culpable del mismo nacionalismo racista que se ha vuelto tan evidente dentro de las fronteras del país.

Patricio Zamorano

Patricio Zamorano es académico, analista internacional, Magíster de la Universidad de Georgetown, Co-Director del Council on Hemispheric Affairs (www.COHA.org) y Director Ejecutivo de la consultora de...

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