Tras una nueva expulsión masiva de inmigrantes, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile afirman que el gobierno ha renunciado a proteger los derechos humanos de aquellos que buscan una nueva vida en el país. Lo peor es que las expulsiones envían una clara señal comunicacional a quienes desean venir, especialmente a los familiares de quienes ya están radicados en Chile.

Nuevamente surgen cuestionamientos al Gobierno de Sebastián Piñera luego de que el pasado fin de semana se expulsara del país a 56 inmigrantes. Desde el Ministerio del Interior, Rodrigo Delgado señaló que «hay personas que tienen una expulsión administrativa por haber ingresado de manera clandestina a Chile», afirmando que este proceso tiene «una estrategia de fondo».

Rodolfo Noriega, abogado perteneciente a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, explicó que la acción que está realizando el gobierno de expulsar a inmigrantes es una estrategia ilegal y que tiene como objetivo impedir los derechos fundamentales de las personas. «Nosotros estamos en la preparación de una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que un grupo de más de 200 personas tengan derecho a la suspensión de la expulsión».

Noriega afirma que las personas extranjeras tienen derecho a la suspensión de la expulsión, tratado que está dentro de la legislación interna y que el Estado chileno debe respetar esa ley. La mayoría de las expulsiones se deben a resoluciones administrativas por ingreso por paso no habilitado, no a decisiones judiciales sobre individuos condenados por cometer delitos, a quienes tampoco se les deben negar sus derechos humanos.

El abogado comenta que, extrañamente, se está relacionando a estas expulsiones con el tráfico de menores. Este falso argumento de se debe a que la mayoría de los inmigrantes traen consigo a sus nietos, hijos o sobrinos para reencontrarlos con su familia en Chile.

Así es el caso de una familia venezolana, quienes recientemente interpusieron una acción de amparo para lograr la reunificación a través de una visa familiar. Lamentablemente la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a Cancillería que presentara un informe y estos se han negado a realizarla. Lo mismo ocurrió con un padre de Haití quien desesperado estuvo pidiendo una visa para su hijo y quien la consiguió un año después de vencida.

Esta situación trae consigo un derecho fundamental el cual según Noriega el estado no ha llevado a cabo con responsabilidad. «Acá hay madres y padres que esperan más de un año que le respondan sus solicitudes de regularización migratoria. Y eso es simple y llanamente una decisión política que no la quieren asumir».

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