El Senado aprobó, por amplia mayoría, la iniciativa que permite el uso de técnicas intrusivas para delitos de prácticas terroristas, aunque poco se aclara en la ley qué diantres es un “delito terrorista”, y -para peor- sin que se haya encarado una más que urgente reforma a las policías. De ahora en más, el estado podrá intervenir líneas telefónicas y utilizar agentes encubiertos. En lo sucesivo veremos qué tan grave fue este error y cómo se agravará la indefensión de ciertos colectivos (como el mapuche) frente al Estado…
La ley corta antiterrorista no conseguirá grandes cosas y muchos de los senadores que la aprobaron están conscientes de ello. Pero se necesita aparecer haciendo cosas. No sólo eso: esta iniciativa entraña enormes riesgos por la falta de una reforma cabal de Carabineros, la PDI, la Agencia Nacional de Inteligencia y la misma Fiscalía a efectos de prevenir los abusos como los que conocidos por la opinión pública en los últimos años. ¿Y entonces dónde está su valor?
“Esta ley no ataca ni previene el terrorismo. Sólo es una estrategia comunicacional para hacer uso político del tema debido al enorme déficit del gobierno en materia económica. Tendremos que acostumbrarnos a este tipo de acciones mientras las cifras y las percepciones no cambien en cuanto a empleo y conducción económica”, dijo el penalista y académico Mauricio Salinas, de la Corporación Ciudadanía y Justicia.
El problema es otro: nuestras policías, especialmente Carabineros, no ha demostrado la competencia necesaria para investigar y resolver casos. “La Ley 20.000 antidrogas ya contiene medidas intrusivas como pinchar teléfonos, interceptar correos, infiltrar agentes… Y sin embargo este mismo gobierno reconoce que tal cosa ha sido insuficiente ya que siempre andan diciendo que hay más narcotráfico y más consumo”, agregó.
“Esto es dar más chipe libre a las policías y para mostrarse haciendo cosas. Lo triste es que al frente, en la oposición, no parece haber quién rebata el núcleo central del argumento, acaso porque ahí teneos a muchas personas que tienen posturas similares. Si queremos de verdad enfrentar este tipo de fenómenos, como el terrorismo y la delincuencia, un gobierno de derecha tendría que cuestionarse a sí mismo y cuestionar el orden económico y social que tanto defiende. ¡Y eso no lo hará nunca! ¡Es absurdo!”, aseveró más tarde el titular de la Corporación Ciudadanía y Justicia.
Lo paradojal es que, nuevamente, muchas veces los mismos ciudadanos aplauden este tipo de pirotécnica legislativa que implica la pérdida de libertades. O, dicho de otro modo, “el ciudadano muchas veces no siente que se está poniendo solo una soga al cuello, y muchas veces no se hace la pregunta de para qué me sirve estar seguro si no soy libre. Se ha colonizado el espacio mental, porque el interés de este gobierno es privatizar la vida, sacar al ciudadano del espacio público, recluirlo en su casa y su familia”, concluyó.
