Era esperable: los crímenes cometidos en Chile a partir del estallido social son tan graves y tan sistemáticos que no puede haber otra cosa que una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El Estado de Chile ha dejado de hacer justicia, toma postura favorable para los que perpetran esos crímenes y ataca con dureza a manifestantes detenidos en procedimientos irregulares y abusivos.
La contumacia del gobierno de Piñera ha sido simplemente criminal. Poco ha hecho por evitar “los excesos policiales”, participa en maniobras tendientes a garantizar la impunidad de los implicados en los crímenes cometidos a partir del 18 de octubre de 2019. Ya son cuatro los organismos internacionales que han observado graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), solicitaron ante la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, que se investigue y se acuse a Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por “crímenes de lesa humanidad”.
Parece una acción del Estado, no ya del gobierno de turno. No es casualidad que, a la fecha, sean más de 3.000 las causas cerradas sin culpables, al tiempo que cientos de manifestantes son encarcelados en procesos irregulares. Sin duda que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen algo que decir en todo este asunto.
En el Capítulo II del documento remitido al tribunal, se pone de manifiesto la “persistente” ocurrencia de crímenes contra la humanidad, así como los oídos sordos del gobierno a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y la continuidad de la represión indiscriminada “no sólo a los manifestantes, sino también a los periodistas, reporteros y fotógrafos de medios de comunicación independientes, a los Defensores de Derechos Humanos y a los integrantes de las Brigadas de Salud que atienden en la calle a los heridos por las fuerzas policiales en las manifestaciones públicas”.
El exjuez Baltasar Garzón, quien es parte del recurso a través de su Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBG), señaló que “los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”.
En el líbelo, los recurrentes afirman:
“Demostraremos que las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos frente a las violaciones de derechos humanos no han cumplido con su deber, ya que no las han investigado debidamente y sancionado a los responsables. Nos referimos fundamentalmente al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia, que han tenido un comportamiento asimétrico al momento de investigar y juzgar a los violadores de los derechos humanos versus a los manifestantes que han terminado encarcelados y acusados de graves delitos, que en muchos casos han sido posteriormente absueltos al no haber pruebas suficientes o incluso acreditarse que las acusaciones estaban fundadas en falsas pruebas (montajes). Demostraremos asimismo que los Fiscales que se atrevieron a investigar, cumpliendo con su deber legal y constitucional, fueron intimidados y amedrentados por agentes policiales, como fue el caso de la Fiscal Ximena Chong.
“Asimismo, abordaremos el caso del Juez señor Daniel Urrutia, que ha sido sancionado por sus superiores en el Poder Judicial por modificar la prisión preventiva por otra medida cautelar menos gravosa (arresto domiciliario total). Como se verá, estos casos ponen en duda la voluntad y capacidad del sistema de justicia chileno de investigar y sancionar las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidos por la fuerza pública, que se encuentra bajo el mando de un gobierno que constantemente ha respaldado su actuar criminal, permitiendo deliberadamente que ocurran nuevas violaciones de derechos humanos”.
