Se inició el juicio por violación a los Derechos Humanos de comunicadoras de Arica que transitaban en horario de toque de queda en octubre de 2019.
A casi tres años de la denuncia, partió el juicio por el delito de abusos contra particulares en el marco de la querella por torturas que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por la detención injustificada y actos vejatorios de parte de agentes del Estado contra periodistas de Arica. Estas transitaban en horario de toque de queda el 23 de octubre de 2019.
El primer caso de Derechos Humanos contra comunicadores en Chile que llega a litigio en tribunales nacionales. Para el Consejo regional Arica y Parinacota del Colegio de Periodistas de Chile, es fundamental que haya justicia en el caso de violación de derechos humanos contra las profesionales de la prensa Estefani Carrasco Rivera y Patricia Torres Basualdo, quienes denunciaron haber sido obligadas a desnudarse y sufrido excesivo uso de fuerza por parte de Carabineros tras ser detenidas ilegalmente durante las revueltas sociales de 2019.
“Para nosotros es fundamental que exista justicia, no puede ser que a casi tres años de ocurridos los hechos todavía no haya una resolución definitiva por parte de los tribunales, especialmente considerando que por otra parte hay personas que han estado hasta dos años en prisión preventiva por hechos ocurridos en el mismo periodo”, enfatizó Ángelo Auil Kulari, presidente regional del Colegio de Periodistas.
El dirigente agregó que “nos lleva a cuestionar con firmeza la forma en que se llevan adelante los casos donde las víctimas parecieran ser la última prioridad del Poder Judicial. Esperamos que el resultado sirva como ejemplo para que nadie tenga que volver a vivir algo similar”.
Cabe mencionar que la ex funcionaria de Carabineros acusada en este caso, arriesga una pena máxima de tres años de presidio menor en su grado medio en caso de ser declarada culpable del delito de apremios ilegítimos y de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo en caso de que el tribunal califique el delito como tortura.
