El desprestigio le ha hecho perder legitimidad a las instituciones. Y la legitimidad otorga poder y autoridad. Si Carabineros roba, entonces la policía uniformada pierde autoridad y respeto a ojos de la ciudadanía. Y el delincuente, ese que comete portonazos y encerronas en la ruta, ciertamente se siente envalentonado y justifica su accionar con cinismo. “¿Si ellos roban, con qué cara me critican por robar?”, parece preguntarse. O pueden hacer esta otra reflexión: «Si las personas votan por delincuentes, ¿con qué moral me vienen a cuestionar a mí?»

Lo bueno es que el viejo orden está moribundo, por lo que nos encontramos ante la oportunidad histórica de regenerar las instituciones y encarar de mejor manera los desafíos sociales del país. Lo mejor de todo es que no hay que hacer nada del otro mundo, sino empezar a hacer aquellas cosas que se realizan en los países donde no existen rejas ni casas con protecciones. Ni siquiera habría necesidad de hacer algo tan inútil como pedir el carnet a los menores de 18.  

Robar a destajo y con descaro, favorecer la impunidad, impulsar arreglines para librar de la justicia y del escrutinio público, saquear recursos fiscales, encubrir a pervertidos, simular enfrentamientos para esconder asesinatos, coimear políticos para beneficio propio, evadir impuestos, atentar contra el medioambiente para incrementar la ganancia, traficar influencias para obtener tajada a futuro, crear pruebas falsas, enchufar a seres queridos en instancias sociales para que puedan obtener beneficio económico y prestigio en un futuro cercano…

Parece que están todos metidos, ya sea en un delito específico o en más de uno: políticos, empresarios, jueces, fiscales, militares, policías, obispos católicos y evangélicos, los mismos que a cada tanto, mientras ven la televisión o internet, tienen la caradura de escandalizarse por las acciones delictuales de jóvenes pobres, cuyo único despliegue de poder es el que puede proyectar a través de la intimidación con un arma de fuego.

El problema es que el poder, el verdadero poder, ese que determina cómo y cuánto vivimos, ha perdido toda legitimidad para pontificar y escandalizarse. Peor todavía: carece de legitimidad para impulsar políticas en seguridad pública o para implementar estrategias orientadas a contrarrestar el fenómeno delictual debido a su carencia absoluta de credibilidad. Y eso es un problema mayúsculo, según el abogado penalista y secretario de la Corporación Ciudadanía y Justicia, Mauricio Salinas, quien desestima, de plano, la posibilidad de que el gobierno pueda obtener buenos resultados en materia de delincuencia apostando sólo al impulso de iniciativas como, por ejemplo, la extensión del control de identidad a menores de 18 años.

“Hoy el poder carece de legitimidad. Convengamos en que la justicia siempre ha sido de clase pese a que los ricos y los pobres cometen delitos por igual. La diferencia es que hay delitos de ricos y delitos de pobres. La evasión fiscal es delito de ricos, el soborno y el cohecho de políticos no es precisamente un delito de pobres. La diferencia es que para unos habrá cárcel, y para otros clases de ética. Eso ha pasado siempre, pero ahora hay una diferencia: el conjunto del orden social que se ha defendido bajo la excusa de protegernos del delito se ha tornado ilegítimo. Hoy el señor (Andrónico) Luksic no podría pararse ante el país y reclamar contra la delincuencia. Y lo que genera una respuesta eficiente ante la delincuencia es la legitimidad del poder, no la amenaza de usar el poder, que no es disuasivo. La élite perdió su legitimidad, y con ello perdió la eficacia de su poder”, dice Salinas.

Mauricio Salinas, secretario de la Corporación Ciudadanía y Justicia

Hay quienes, como el ex Presidente Ricardo Lagos, que, estando plenamente conscientes del problema, han llamado a crear un gran acuerdo político para enmendar el rumbo. Una especie de acto de redención público que garantice impunidad, un borrón y cuenta nueva, y aquí no ha pasado nada. “Dejamos de hacer barrabasadas y de ahora en adelante nos vamos a portar bien”, parecen decir nuestros políticos, emulando el acuerdo nacional Lagos-Longueira suscrito tras del caso MOP-Gate. Pero hoy no está el horno para bollos.

“Entre 1990 y el 2000 había un acuerdo basado en el miedo. Temíamos que se podía desarmar el país, nadie podía atentar contra la Transición, y eso conllevó a consolidar un sentido de impunidad en la élite política y económica. Y cuando la élite tiene el control logra visibilizar sólo los delitos de los pobres. Pero bueno… ese poder, ese control, ya se perdió”, añade el penalista, quien recuerda la simpleza de la estrategia: que la gente vea y sienta como peligrosos sólo aquellos crímenes que son cometidos por los pobres.

Se le hace creer a la ciudadanía que la evasión de impuestos no es importante ni reviste peligro, pero cuando hay un choque que deja cinco heridos graves en una ruta del interior, y el médico de la posta rural que recibe a los heridos debe elegir a quién atiende, no nos detenemos a pensar que esa evasión tributaria cometida por los ricos impidió tener el personal y los insumos para salvarle la vida a todos”, indica el abogado.

¿Cómo puede mejorar el clima de seguridad publica en un país donde el delincuente común y silvestre nota, con o sin razón, que están todos robando o corrompiéndose? ¿Sirve un compromiso político de cara al país para que empecemos a ver algo más de decoro? En realidad, no. Un ejercicio de sanación pasa por ver a una Justicia que efectivamente pone tras las rejas a políticos, empresarios, militares, obispos, etc.

Pero el cambio de fondo, según Salinas, viene cuando hay un poder político acumulado para transformar la realidad jurídica del país, que contribuye a sostener un orden actual ya descompuesto, podrido, lleno de pus: “Cuando detuvieron a Pinochet en Londres vivimos algo muy sanador. Y ocurrió una especie de destape psiquiátrico, pues mucha gente acudió a médicos y psicólogos para confesar sus problemas, sus traumas, sus temores, porque el miedo daba legitimidad al viejo orden. Hoy ese miedo no da la legitimidad necesaria para administrar el país como antes. Hay un contrato social que nunca fue legitimado por las mayorías, porque la ciudadanía no contrató nada. Delegó en otros para que hicieran ese contrato, y los que administraron este país lo hicieron inculcando el miedo a que la democracia fuera revertida”.

Lo bueno, según el secretario de la Corporación Ciudadanía y Justicia, es que “por la izquierda aparece otro sector que rompe ese pacto, y cuestiona ese acuerdo”. Y lo anterior es clave porque denunciando ese contrato social ya agotado es que podemos, quién sabe, comenzar a hacer las cosas que en su momento hicieron los países que han logrado una notable calidad de vida y altos niveles de paz social, ahí donde una persona puede dejar una bicicleta tirada en el pasto sin temor a que alguien se la robe.

O sea, ser como Nueva Zelandia, cosa que no lograremos evadiendo impuestos como si viviéramos en un país africano.

Obvio.

La plataforma de los movimientos y organizaciones ciudadanas de Chile.

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