Un breve análisis realizado desde Fundación Terram evidencia que muy poco se ha avanzado en política pública para hacer frente a los impactos sociales y ambientales que pueden dejar eventos como los del terremoto y tsunami de 2010, siendo cada vez más urgente el desarrollo e implementación de acciones que den cuenta de las complejidades y condiciones del territorio nacional y que integren información, prevención y respuestas concretas a las emergencias, tanto en ámbitos sociales como ambientales.

Tras el terremoto y posterior tsunami que vivió Chile en 2010, que alcanzó un total de 525 fallecidos y cerca de 2 millones de damnificados, Fundación Terram advertía que, en menos de un siglo, el país ya acumulaba trece grandes sequías, ocho tsunamis, 25 terremotos, 28 erupciones volcánicas y un sinfín de aluviones, incendios forestales y marejadas.

La vulnerabilidad del país era más que evidente y estas cifras sólo tenían una intención: impulsar una respuesta coherente por parte de las autoridades respectivas, que fuera capaz de asumir los impactos ambientales del terremoto y preparar al país para futuros – y muy posibles – eventos naturales similares.

Dos años más tarde, en 2012, Terram publicó su libro “Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile”, donde evidenció las “réplicas ocultas de la catástrofe”, es decir, temas críticos posteriores a la emergencia con un alto costo ambiental y que debían ser resueltos con urgencia. Dentro de estas “réplicas” se encontraban la improvisación con los desechos y escombros, el riesgo de desplazamiento y derrumbe de relaves mineros y represas, el peligro del tratamiento de residuos y sustancias peligrosas de las plantas de celulosa que resultaron dañadas, fallas en la potabilización, distribución y gestión del agua debido a la rotura de matrices y la persistente contaminación del suelo, el aire y el mar, particularmente en la zona del epicentro.

Evidentemente, y tal como dejaba claro el documento, cada una de estas consecuencias exigía una pronta solución. Sin embargo, a una década del terremoto, es necesario preguntarse: ¿cuánto realmente se ha avanzado?

Muy poco ha cambiado

A diez años de este lamentable fenómeno y  de las advertencias realizadas por Terram, un breve análisis y la actualización de la información evidencian que las recomendaciones hechas hace casi una década no han sido atendidas.

“Han pasado 10 años del terremoto y tsunami del 27/F y podemos decir con certeza que poco hemos avanzado en la elaboración e implementación de políticas públicas a nivel nacional que permitan tener una visión del territorio nacional y sus complejidades”, indica la fundación.

Junto con ello, reconoce los principales desafíos que todavía se mantienen pendientes y que en más de una década no han logrado ser resueltos:

  1. No se ha desarrollado e implementado un sistema coordinado de respuesta ante la emergencia que involucre desde lo local hasta el nivel central. Si bien la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) en estos años ha tenido un rol más protagónico, se requiere avanzar aún más, Chile necesita un sistema público, confiable y financiado para hacer frente a eventos extremos.
  • Hasta ahora, no se le ha dado la importancia suficiente al territorio, cada vez será necesario contar con mayor capacitación y recursos para desarrollar acciones de prevención o respuesta en el ámbito local. Las unidades más básicas son aquellas que deben brindar la mayor información a la comunidad, deben tener un vínculo permanente con los habitantes y deben contar con capacidad de injerencia en la toma de decisiones.
  • Sin duda se requiere una institucionalidad pública nacional, que tenga la capacidad de coordinar a los servicios públicos sectoriales, que cuente con un presupuesto suficiente para implementar acciones de carácter nacional, apoyar la gestión territorial. Así como contar con personal, equipamiento y presupuesto adicional para hacer frente a situaciones de emergencia. Debe contar con un ente coordinador, cuyo único rol sea gestionar situaciones de riesgos asociadas a desastres naturales.  Hasta ahora es la ONEMI quien ha desempeñado esta función, pero se requiere mayor formalización y presupuesto para trabajo de prevención y educación a nivel local.
  • En 10 años Chile no ha avanzado casi nada en Ordenamiento y Planificación Territorial.  Cuando ocurrió el terremoto y Tsunami del 27F, había varios procesos de Zonificación del Borde Costero en curso, y en estos en 10 años no han tenido avance. Sin embargo, existen algunos pocos instrumentos de planificación territorial. Por ello, se requiere que las variables asociadas a los riesgos de ocurrencia de fenómenos naturales sean consideradas como un elemento prioritario frente a la manera en que se distribuyen los asentamientos humanos y el uso que se le da al suelo.
  • No se han logrado avances visibles en información pública. Se requiere actualizar y construir una base común de información, que permita tener datos en línea accesible a los servicios públicos para la toma de decisiones, así como para el ciudadano común. 
  • Además, se debe poner énfasis en la importancia de la elaboración de mapas de riesgos y generación de planes de alerta para las comunidades. Se requiere una plataforma web que cuente con información oficial, rigurosa. A 10 años del terremoto y con los avances tecnológicos esto resulta completamente posible.
  • Difusión de información y tarea de prevención. La información no debe quedar en los escritorios de ciertos expertos o de los tomadores de decisiones, sino que debe llegar, de manera comprensible, a los habitantes de las comunidades vulnerables. En este sentido los Alcaldes y Concejales juegan un rol clave en las acciones de educación y prevención.
  • Gestión de riesgos y gestión ambiental deben ir unidas. La acción de los seres humanos en los ecosistemas influye en los factores de riesgos frente a la ocurrencia de desastres socio- naturales. La construcción de represas, el cambio en los cursos de los ríos, los cambios en los usos de suelo y sus repercusiones en los servicios ambientales básicos, los basurales ubicados en quebradas, las construcciones en suelos como humedales, entre otros casos, evidencian que las políticas de gestión ambiental no deben ir separadas de la gestión de riesgos de desastres. El Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental debieran adoptar un rol protagónico en este ámbito, modernizando el Sistema de Evaluación Ambiental en relación a riesgos de desastres naturales y efectos del cambio climático. Para ellos deben contar con información actualizada y en línea.
  • La Fiscalización continúa siendo un tema pendiente en Chile. Frente a un evento natural que implique riesgo para la población humana y los ecosistemas debe existir una autoridad ambiental y sanitaria que verifique en terreno los daños que se han generado tanto en el sector público como privado y residencial, por ejemplo, respecto a la destrucción de infraestructura, posible contaminación de agua, aire, suelo, etc. No se debe permitir que se inicien procesos de reconstrucción y/o de puesta en marcha de industrias sin que exista una evaluación de riesgos.
  1. Incorporar la variable medioambiental en los desastres. Algunas de las temáticas que requieren ser abordadas de manera urgente y que fueron detectadas hace 10 años por el trabajo de investigación de Fundación Terram son:
  1. En relación a los residuos, se debe empezar por incorporar la definición de escombros, y definir protocolos de acción en caso de terremotos y de prevención. Establecer una política de separación de escombros que permita al menos distinguir entre lo potencialmente dañino o tóxico de materiales inocuos. Si bien existe alguna normativa sobre el transporte, aún falta mucho por hacer.
  • Respecto a las empresas, luego de una catástrofe se deben hacer las respectivas evaluaciones ambientales y fiscalizaciones; si es necesario, se deben cambiar las RCA de las empresas frente a posibles cambios geomorfológicos o de otro tipo.
  • Se debe avanzar en las líneas bases sobre distribución de especies y ecosistemas para, en caso de desastres, poder establecer con claridad los impactos y sus posibles consecuencias en la biodiversidad, en actividades de economía local u otros.
  • Debe existir información actualizada y en línea sobre la ubicación de relaves, desechos de faenas mineras u otros lugares de acopio de sustancias potencialmente peligrosas y/o toxicas y sus riesgos ambientales en caso de desastre.
  • La autoridad ambienta debe tener identificadas las plantas y/o instalaciones industriales que usan compuestos tóxicos o realizan procesos peligrosos, así como las plantas de tratamiento de aguas servidas, emisarios de residuos industriales, vertederos u otros, de manera de evaluar su funcionamiento ante la ocurrencia de desastres.
  • Deben ser identificados  los embalses, represas, diques u otros que ante una ruptura pueden afectar a una población, y establecer planes de alerta y evacuación en caso de emergencia.
  • Al menos, generar un registro lo más completo posible de las acciones de las autoridades en estas materias, de manera de establecer claramente los vacíos y carencias, punto de partida para elaborar propuestas de mejoramiento.

Revisa el libro “Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile” completo aquí.

También escucha los reportajes elaborados por Fundación Terram y Radio Biobío sobre los impactos ambientales del terremoto aquí.

El Soberano

La plataforma de los movimientos y organizaciones ciudadanas de Chile.

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