Más de 30 comités de allegados, provenientes de todos los puntos de Santiago, llevaron a cabo una marcha por la Alameda en protesta por el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana que empuja el gobierno en el Congreso.
Miles de personas, en su mayoría jefas de hogar con sus niños, se dieron cita en Plaza Italia para iniciar una marcha por La Alameda para repudiar La Ley de Integración Social y Urbana que promueve el Gobierno de Sebastián Piñera, o «Ley de Desintegración Social y Urbana», como le llaman irónicamente los comités de allegados que han estudiado la iniciativa. ¿La razón para tanto escepticismo? Las razones son muchas, pero por de pronto basta con adelantar la previsible incapacidad de pagar los gastos comunes que establecen las administraciones de los edificios.
«La gente que postula a una vivienda social es gente de escasos recursos con una ficha de protección social que indica que no pueden ganar más de 380 mil pesos. ¿Cómo va a poder pagar un vecino o una vecina sus gastos comunes en edificios donde cobran 50 mil pesos, y a veces más? ¿Podrá sacar 50 mil pesos de su sueldo para pagar gastos de administración? No podrá pagar, así que tendrá que irse de ahí, o la misma comunidad lo va a echar», dice Margarita Urra, concejal de la comuna de El Bosque y dirigenta del movimiento de allegados «Los Sin Tierra», movimiento que agrupa a más de 35 comités de allegados repartidos en las comunas más diversas del conurbano capitalino.
Asimismo, Margarita Urra dijo que «lo único bueno que tiene este proyecto es el nombre, porque le entrega bienes públicos a las inmobiliarias a cambio de que destinen un 20% del proyecto inmobiliario a personas de escasos recursos«.
Otro punto crítico en el proyecto es que favorece la postulación individual por sobre la postulación colectiva, elemento esencial para crear el concepto de comunidad, eso que es tan necesario para la calidad de vida de los vecinos.
«Es mucho más que una idea de (Cristián) Monckeberg y de este gobierno. El problema es que históricamente se hacen políticas habitacionales en base a los intereses de inmobiliarias y constructoras y de espalda a las organizaciones sociales. No olvidemos que el primer ministro de Vivienda en Chile fue Modesto Collado, un alto dirigente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción, a quien pusieron ahí para tratar de frenar las tomas como la que dio origen a la población La Victoria en 1965. Hoy se intenta disgregar a los comités de allegados que salen a la calle a movilizarse», agregó.
