El Presidente Piñera remeció el ambiente con una cuenta pública confrontacional, tan repleta de promesas y excusas como carente de logros y avances sustantivos en su gestión. Y fue en los nuevos compromisos adquiridos con la ciudadanía -y que nadie sabe si logrará cumplir- que propuso fusionar los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales y dar nacimiento al Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, a objeto -aseguró en su discurso- de hacer frente de modo más eficiente a la altísima segmentación territorial y altos niveles de segregación socioeconómica que se observa en las distintas ciudades del país, que es donde se concentra el 90% de la población.
¿Logrará su cometido? ¿Permitirá esta iniciativa acelerar la construcción de barrios integrados para dar solución a las 400 mil familias que llevan años esperando por una solución habitacional? En el movimiento Ukamau, el movimiento de pobladores más articulado y potente del país, no creen que se obtenga mucho a través de esta vía. Primero, porque tienen esa desconfianza aprendida tras décadas de promesas incumplidas; segundo, porque conocen esa inclinación natural del Presidente Piñera a diseñar políticas públicas con letra chica; y tercero, porque el sector político al que pertenece el mandatario tiene la tendencia a detectar oportunidades de negocio para los privados ahí donde existe una necesidad social acuciante, lo que impacta a la larga en el aumento de costos, convirtiendo el sueño de la casa propia de muchas familias en una franca e interminable pesadilla.
Doris González, vocera nacional del movimiento Ukamau, cree que detrás de esta iniciativa conviven estos tres fenómenos. «La idea es que el Estado acceda a suelo urbano y así facilitar el traspaso de terrenos fiscales a inmobiliarias y constructoras privadas para que ellas hagan un negocio. El objetivo final es contribuir a la reactivación económica por la vía de garantizar un negocio lucrativo a los privados», señala la trabajadora social, quien demuestra un acabado dominio del tema por su conocimiento no ya sólo de la legislación en vigor, sino del proyecto de Ley de Integración Social y Urbana que promueve el Ejecutivo.
Doris González no cree que puedan conversar dos fines ciertamente antagónicos si pensamos en el acceso a la vivienda digna como un derecho de todo aquel que se gane el pan con rectitud y honestidad en nuestro país. «Aquí se insiste en mercantilizar la construcción de las ciudades y de vincular a la banca privada. Se insiste en aumentar los subsidios de arriendo mal enfocados en la oferta, ya que estos subsidios no son entregados a las personas que necesitan arrendar, sino que van a parar a personas que compran varios departamentos en edificios hiperdensos, los mal llamados ‘guetos verticales’, y que ganan dinero arrendándolos a precios exorbitantes», agrega.
«Además se habla de 200 mil soluciones habitacionales. Y ahí hablamos de subsidios de ampliaciones y de reparaciones, y estas últimas son más de la mitad», indica la dirigenta, quien es muy crítica frente al proyecto de ley del gobierno orientado a corregir la alta segregación socioeconómica de las ciudades chilenas, ya que inhibe la postulación colectiva, un factor clave si lo que quiere es preservar el carácter comunitario en un barrio a fin de evitar la disgregación del tejido social, con todas las terribles secuelas sociales que este hecho implica.
Aquí se insiste en mercantilizar la construcción de las ciudades y de vincular a la banca privada
«Claro, se permite postular colectivamente a través de un comité, pero sólo hasta un cierto nivel. El punto es que la postulación colectiva crea comunidad, y eso es lo que este gobierno no quiere. Este gobierno es partidario de la postulación individual«, indica Doris González. «No es una reforma que corrija otros problemas, como el que deriva del Registro Social de Hogares, que es un instrumento de medición que no recoge ni refleja las vulnerabilidades de cada grupo familiar que postula a una vivienda», dice.
«Este registro castiga al que tiene educación. Nosotros tenemos a una joven graduada de ingeniera y no encuentra trabajo. Su primer trabajo es embolsando en un supermercado, pero por su título aparece con sueldo de ingeniera sin haber trabajado nunca como tal. No hace distinción entre tener un contrato y tener un título. Tampoco incluye en la medición a las personas enfermas. Las pensiones, lo mismo, ya que las cataloga como ‘ingresos permanentes’ aun cuando ese ingreso sea bajísimo y no alcance ni para los medicamentos», añade la vocera de Ukamau.
El objetivo, dice, «no es otro que empujarlos a la banca privada y endeudar a muchos que no son sujetos de crédito, y así replicar la política de los deudores habitacionales que vimos años atrás. Todavía hay familias a las que rematan sus viviendas porque en UF se hacen impagables«.
«Más encima las empresas pueden construir a su antojo, cumpliendo sólo un estándar mínimo, pero en ningún caso participan en esta etapa de diseño las familias beneficiadas. Además la construcción se concesiona. El proyecto de ley dice que pueden participar inmobiliarias y cooperativas, pero es imposible que participen cooperativas sin plata que además no tengan fines de lucro. Los que ganarán esas concesiones serán los mismos de siempre, las mismas constructoras, las mismas inmobiliarias, que construirán sin pensar en la calidad de vida de las familias, sino para maximizar la ganancia, y eso pasa por deteriorar la calidad de las soluciones habitacionales. En el fondo construirán muros, techos, pero no hogares«, concluye Doris González.
