Sectores que apoyan la opción “Rechazo” niegan un vínculo entre la actual Constitución y los problemas que exhibe el sistema de salud chileno, al punto que, aseguran, se puede perfectamente solucionar los grandes problemas que aquejan al mismo sin tener que tocar una coma del texto. ¿Hay un vínculo entre la actual carta magna, los niveles de desigualdad y el hecho de que los ricos tienen la mitad de probabilidades de enfermar y morir producto del coronavirus?
El riesgo a enfermar y morir de Covid-19 es prácticamente el doble en las comunas pobres que en las más ricas de la capital, todo lo cual refleja la aberrante desigualdad económica y social del Chile que se resiste a morir. Ambos indicadores son casi calcados. Abajo se encuentra un cuadro que sintetiza lo que ocurre en Chile, dado a conocer -a través de las redes sociales y en base a números proporcionados por el gobierno- por el presidente de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea.
Hay mucha gente partidaria del rechazo que cree que una cosa es la solución de problemas sectoriales concretos como salud y pensiones, y otra cosa muy distinta es la Constitución. No reconocen vínculo ni relación de causalidad entre ambas. ¿Es posible solucionar estos problemas sin tocar la Constitución? “La Constitución consagra el derecho a elegir dónde cotizar. Esa es la única garantía, por ende, no hay forma de obligar al Estado que resuelva el problema de salud que tenga una persona. Y además pone los límites de lo que se puede hacer o no en salud”, señala Goyenechea, echando por tierra una afirmación que destaca por su profunda deshonestidad intelectual.
“Es tramposa esta discusión, ya que cada vez que se ha intentado entregar mayores niveles de solidaridad al sistema, la Constitución pasó a ser elemento clave en términos de frenar las reformas porque se juzgaban inconstitucionales. Hasta ahora, y en los hechos, esta Constitución está pensada y diseñada para mantener ciertos beneficios para los que se han beneficiado de este modelo, versus la necesidad de modernizar nuestro marco legal para garantizar estos derechos”, agrega.
Atendiendo al hecho indesmentible de que esta Constitución entraña un modelo ideológico, Matías Goyenechea cree que el texto actual, al limitarse a garantizar este “derecho a elegir” un prestador privado de salud, instala “la lógica de que la salud es un problema individual y, adicionalmente, la idea de que la calidad del servicio y la atención estará determinado por la capacidad de pago de cada uno, y el que no tiene plata, bueno, simplemente no elige”.
El profesional sostiene que “está muy bien garantizar en una nueva Constitución el derecho a un acceso universal a la salud y no simplemente a elegir dónde cotizar, con una cobertura de salud que cumpla con los criterios de la Organización Mundial de la Salud: acceso oportuno, protección financiera del paciente, servicios y calidad de las prestaciones… Eso está bien, pero la salud va más allá de lo asistencial o curativo, es algo más integral: es también el derecho a vivir en un medio ambiente no contaminado, es trabajo decente, en fin”.
“Necesitamos que el Estado vele por el bienestar colectivo y el buen vivir, y que este deber no puede ser afectado por el derecho a propiedad o el derecho a lucrar, que incorpore, en base a su carácter plurinacional, los saberes de los pueblos originarios, y que sume enfoques de género y diversidad, a lo que debemos sumar otro elemento importante: terminar con el lucro con recursos públicos o con dineros de la seguridad social”, agrega.
