La declaración ante el Ministerio Público de la exjefa de Enfermedades No Transmisibles (ENT) del Ministerio de Salud (Minsal), Andrea Albagli Iruretagoyena, quien reconoció haber recibido instrucciones del exministro Jaime Mañalich de “manipular” las estadísticas relativas a contagios y fallecimientos, no hizo más que acrecentar las sospechas de la ciudadanía en torno al trabajo que realiza el gobierno para luchar contra el coronavirus.
Si bien la investigación sigue su curso y falta mucho paño por cortar, lo cierto es que los antecedentes y testimonios recopilados por la Fiscalía permiten sostener una tesis: “El gobierno estuvo siempre más preocupado de mantener la economía en funcionamiento que de resguardar la salud de chilenas y chilenos”. Así lo afirmó el presidente de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, luego de declarar ante la comisión que revisa la acusación constitucional contra Mañalich por el manejo de crisis sanitaria. En la misma línea, agregó: “Se están ocultando las pruebas que demuestran que se privilegiaron ese tipo de cosas”.
¿Cuál fue la prioridad política? “Este gobierno se alineó con una estrategia con un claro sesgo economicista en orden a resguardar la economía. Eso demostraron las cuarentenas móviles, la negativa a fortalecer la labor preventiva, etc”, señaló Goyenechea, quien prestó declaración en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich.
“No es menor que la comunicación de riesgo fuera tan débil. No se daban herramientas para educar a la población en torno a adoptar medidas de autocontrol y prevención. Al revés: lo que vimos fue a las autoridades hablando de tomar cafecito y todo eso que antecedió el explosivo aumento en la curva epidemiológica. La negativa a transparentar los correos electrónicos demuestra el nerviosismo frente a antecedentes que van saliendo poco a poco. Ese nerviosismo será mayor en tanto surjan nuevos testimonios y antecedentes”, agregó.
“No es irrelevante que el Presidente Piñera intervenga en otro poder del Estado para que decida mantener los e-mails en reserva. Apelar a cuestiones de defensa no tiene nada que ver. Se están ocultando las pruebas que demuestran que se privilegiaron ese tipo de cosas”, concluyó.
