En una jornada de alegatos por el recurso de protección interpuesto en la Segunda Sala de la Corte Apelaciones de Santiago en favor de un pensionado que pretende retirar sus fondos previsionales, representantes de la Coordinadora No Más AFP y el movimiento La Casa Común se refirieron a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de remitir al Tribunal Constitucional los antecedentes del caso que afecta a una pensionada. ¿La razón? Pues advierte la eventual infracción al derecho de propiedad consagrado en la Constitución.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de derivar el caso al Tribunal Constitucional prende dos luces: una de esperanza para los ahorrantes en las AFP que esperan disponer de sus ahorros como mejor les plazca; y la luz de alerta en las AFP, que ven aquí, en esta estrategia jurídica diseñada por la Coordinadora No Más AFP y el movimiento La Casa Común, una fisura que pueda echar abajo el millonario negocio creado en torno a la gestión de los fondos. Son más de 220 mil millones de dólares acumulados y utilidades de las AFP en torno al 25% sobre su patrimonio. Es tanta la plata que hay de por medio que es de toda lógica que sus beneficiarios lo defiendan con uñas y dientes.
«Es muy importante la resolución de la Corte de Antofagasta ya que hay aspectos del decreto ley 3.500 que son abiertamente inconstitucionales«, declaró el coordinador de No Más AFP, Luis Mesina. «Esto tensiona la discusión sobre esta materia, y es tremendamente relevante después de un largo proceso en la que hemos buscado una definición, y hoy nos estamos acercando a una definición concreta de lo que son esos ahorros. Durante 40 años se nos ha dicho que somos dueños de esos ahorros pero no podemos disponer de ellos», agregó.
Esos ahorros, dijo enseguida, «siguen engrosando estos fondos en beneficio de los grandes grupos económicos. Esta estrategia jurídica que diseñamos hace tres meses atrás está dando sus primeros frutos. No es algo definitivo, pero es un paso para reconquistar la seguridad social para todos los chilenos y chilenas. Depende de la voluntad de los integrantes del Tribunal Constitucional, pero también de la gente y de la capacidad de movilizarnos para exigir que este derecho sea restituido».
La abogada Javiera Aravena, en tanto, criticó los argumentos de las AFP para defenderse de esta inconsistencia que existe entre afirmar que las platas son de los trabajadores mientras se les impide disponer de ellas. ¿Cómo justifican algo así? La respuesta de la abogada: «Ellos reconocen que la plata es de los cotizantes, pero dicen que ellos cumplen con una función social que es garantizar el derecho a la seguridad social. Nada más alejado de la realidad tanto en los conceptual, lo jurídico y lo fáctico».
