Representantes de gobiernos, empresas, sociedad civil, Pueblos Indígenas y sindicatos discutieron durante tres días acciones concretas para hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, incluido a un medio ambiente sano, en el marco de las actividades empresariales durante el octavo Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe.
El Foro se centró en la relación entre el Acuerdo de Escazú y los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, la transición energética justa, el rol de los Estados en la protección de las personas defensoras de derechos humanos. También abordó la debida diligencia ambiental en sectores clave como agronegocios, minería y finanzas, y el acceso a reparación integral.
La discusión, que incluye a representantes de gobiernos, empresas, sociedad civil, pueblos Indígenas, organismos internacionales y de la academia, buscó tender puentes entre la agenda de empresas y derechos humanos y la agenda ambiental, que en muchos casos funcionan en silos.
El foro es organizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Cuenta con el apoyo del Fondo Sueco de Cooperación, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), el Gobierno de Chile, la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Avina y Pacto Global.
Las obligaciones con un medioambiente sano
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, inauguró el Foro invitando a buscar acuerdos en decisiones que puedan parecer imposibles de resolver y valoró el evento como un espacio para “escuchar la voz de todos los actores, en particular la de las personas más afectadas”.
Türk destacó el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional ambiental para América Latina y el Caribe, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano. El Acuerdo incluye derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También conecta las obligaciones de los Estados con las responsabilidades de las empresas en la materia.
“Son también desarrollos positivos”, valoró el Alto Comisionado, pero hizo un llamado a dar el siguiente paso. “Debemos pasar de los principios a la práctica y garantizar su aplicación efectiva a escala internacional, regional, nacional y local. Aún queda mucho por hacer”.
También en la apertura la ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, planteó la necesidad de que las empresas no solo respeten los derechos humanos de sus trabajadores y las comunidades, sino que también protejan activamente el medio ambiente.
Bachelet, quien fue Presidenta de Chile durante dos periodos, consideró que estamos frente a “una estupenda oportunidad para que todos estos actores involucrados puedan conversar, llegar a algunos acuerdos y también llegar a la forma cómo se manejan los desacuerdos”.
Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC)
El Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), financiado por la Unión Europea (UE) e implementado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), busca promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la UE y en América Latina y el Caribe, mediante el apoyo a prácticas de conducta empresarial responsable, en línea con los instrumentos internacionales de la OIT, la ONU y la OCDE.
