El empresariado apuesta por la estrategia de la desesperación, la que se ha visto favorecida por una muy limitada capacidad de movilización producto de la pandemia: que el hambre cunda en vastos sectores de la sociedad para que aceptemos todos esos proyectos de inversión que no sólo destruyen el medio ambiente y el urbanismo, sino que deterioran la calidad de vida de las personas. Todo con tal de tener pega y algo que poner en la mesa. Una de las industrias que más puestos de trabajo genera es la inmobiliaria, y ahí el panorama es desalentador, nos advierte Patricio Herman, quien llama a los vecinos a estar alerta y organizarse en pos de defender sus barrios y áreas verdes.
Se habla de más de 200 proyectos de inversión prioritarios para el Gobierno a efectos de echar a andar la máquina, aun cuando muchos de ellos han sido cuestionados por sus deficiencias ambientales. Pero no seamos incautos: con toda seguridad se nos viene encima una avalancha de mamarrachos y atentados al medio ambiente, y todo en aras de la “reactivación económica”, concepto que, cual mantra, tenderá a justificar el impulso de proyectos que se han visto postergados pese a lo blanda y laxa que resultan los marcos normativos en nuestro orden neoliberal. ¿Recuerda el proyecto Mina Dominga? Bueno, dé por seguro que ese proyecto tendrá su visto bueno.
En materia urbanística tendrán renovado impulso proyectos como Punta Piqueros, esa beocia instalada sobre un roquerío de Concón, epítome de todos los vicios urbanísticos e inmobiliarios que podemos ver en Chile. Lo mismo con el proyecto que pretende levantar una verdadera ciudad en la zona costera de Quirilluca, Puchuncaví, en un área sensible por su enorme valor ecológico. Similar caso al de Chaguay, en Los Trapenses, donde se plantea lotear un terreno rico en bosque esclerófilo para construir 142 “parcelas de “conservación ambiental”.
“En Lo Barnechea, por ejemplo, se aprobó recientemente la destrucción de un humedal en la quebrada de El Carrizo para destinar el terreno a viviendas”, sostiene Patricio Herman, quien dirige el movimiento Defendamos la Ciudad. “Simplemente los funcionarios de la Dirección General de Aguas, para ayudar al privado, determinaron que eso era un embalse, en circunstancias que los embalses existen por obra y gracia del ser humano. En realidad, hablamos de personas que no merecen ser funcionarios públicos”, agrega. Habituado a sostener que en Chile toda persona con dinero y contactos puede hacer lo que se le ocurra, el abogado advierte que la sangría ambiental y urbanística será enorme.
“Pero esto no es de ahora”, avisa Patricio Herman. “Hay que recordar que este gobierno, apenas se instaló en La Moneda, generó y ubicó en el corazón del Ministerio de Economía la ya célebre oficina GPS, llamada con mucha pompa ‘Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables’, instancia que básicamente se dedica a pensar en fórmulas artificiosas, como cambios de leyes y procedimientos, para aprobar cualquier proyecto de inversión, da lo mismo si está en conformidad con la normativa. Y da lo mismo a qué industria pertenezca: puede ser la industria inmobiliaria, la industria minera, la energética…”, añade.
“A todos esos proyectos los aprueban porque se autodenominan ‘sustentables’: ‘minería sustentable’, ‘salmonicultura sustentable’, en fin; todos ahora se disfrazan de sustentables y sabemos que eso es una soberana mentira”, señala el abogado.
