Con motivo del fallecimiento del Presidente Patricio Aylwin escuchamos fervorosas defensas de su obra y de lo construido en estos años de transición. Los que así piensan tienen todo el derecho a hacerlo. El problema surge cuando la vieja guardia clama por revivir la moral transicional y reeditar las viejas formas del periodo que sucedió a la dictadura, los mismos que hoy tanto irritan a millones de chilenos, cansados ya de ver componendas, arreglines de bigotes y beneficios para unos pocos -a costa de la mayoría- en todo aquello que la vieja guardia insiste en llamar “política de los acuerdos” y “colaboración pública-privada”. Para colmo, en medio de esta fiesta exclusiva de políticos y empresarios que no quieren dar por terminada, surge la voz de uno de los hombres más ricos de Chile que, muy sensible y dolido, pide acabar con la queja insolente y volver al silencio sumiso de los años dorados de la transición, demostrando que no nos perdonarán ni siquiera el sagrado derecho a pataleo.
En El Soberano tenemos bastante claro que los últimos han sido días interesantes, porque siempre ha de ser interesante que los chilenos debatamos de cosas que nos importan a todos, o que deberían importarnos a todos. En consecuencia, y a propósito de toda la discusión generada en torno al fallecimiento del ex Presidente Patricio Aylwin, juzgamos sano y normal que la diatriba iracunda dispute los espacios a los panegíricos, algunos bastante oportunistas en pos de aprovechar la figura de un hombre con el solo propósito de reflotar, todos sabemos con qué intereses, una política de los acuerdos sumida hoy en la más profunda e irremediable bancarrota, incapaz de dar continuidad de giro a una forma de conducir y desarrollar un país.
En la construcción de la memoria histórica rara vez existe consenso, y restringir la discusión con la excusa de respetar un duelo no hace más que alentar a quienes creen que el progreso de Chile se alimenta del olvido.
No obstante todo lo anterior, nos sorprende las críticas que han provenido de quienes más valoran la figura del Presidente Aylwin y, abriendo más el foco, de los partidarios de la obra concertacionista, hoy víctimas de una congoja que asumimos comprensible. Mal que mal, ha muerto un referente, un hombre austero y honrado, a diferencia de los tantos filibusteros que pululan por ahí. Pero lo que no es tolerable es su disposición a impedir cualquier revisión crítica de la historia oficial escrita por el complejo político-empresarial que ha operado en Chile, relato que, demás está decir, suele ser excesivamente laudatorio con los aciertos, comprensivo con sus dislates e incumplimientos de las promesas hechas, ni hablar de lo indulgente que es respecto a sus incontables claudicaciones o metidas de pata. Los partidarios de Patricio Aylwin tienen todo el derecho a expresar esos cuestionamientos, del mismo modo que es de toda justicia el derecho que se arrogan quienes marchan o denuncien la gran estafa transicional, las siempre oportunistas vueltas de chaquetas y el masivo arreglín de bigotes al que hemos asistido en calidad de testigos durante 25 años seguidos. Sebastián Piñera pidió derechamente restablecer el clima de confianza y diálogo, que es como ellos llaman a las reformas gatopardistas de todo este tiempo.
Y es ahí donde se librará la gran batalla del futuro, la de fondo: la confrontación de archivos sobre los hechos políticos, administrativos y legislativos, la contraposición de números y estadísticas, las distintas versiones que hoy pugnan por incidir en la narrativa histórica sobre lo que fue la transición; de qué se trató, en qué consistió, su propósito y sus justificaciones, sus protagonistas, sus avances y retrocesos, los que ganaron con ella y engordaron mamando de su teta, y también los otros. Porque algo hay claro: aún no tenemos patria buena ni justa, ni hemos crecido con la igualdad prometida. Es cierto que debemos respetar el duelo de los deudos de Patricio Aylwin, pero también es hora de respetar el derecho a pataleo de todos quienes se sienten ubicados en la mesa del pellejo. Ni hablar del derecho que les asiste a todos aquellos que, de frentón, se quedaron debajo de la mesa, que es ese sincero 38% de pobres (¿o usted de verdad cree que los pobres son el 12% como indica la versión oficial?) que en 2012 debieron recibir un bono de alimentos para hacer frente a la escalada de precios. ¿Han tenido empatía con ellos los acérrimos defensores de la obra transicional?
La gente ha de ser libre no sólo para opinar. También tiene todo el derecho a formarse un juicio personal de los hechos acontecidos. Tiene todo el derecho a creer que el inmovilismo concertacionista no respondió a los amarres impuestos por la ilegítima institucionalidad de Pinochet, sino que a la genuina convicción de que el “modelo” heredado sería beneficioso para el país. Prueba de ello es que no se conformaron con pasar de reformas significativas que modificasen los ejes que aún hoy lo sostienen, sino que avanzaron en la profundización de sus lógicas, adoptando su ética y estética.
Y los más críticos también tienen todo el derecho del mundo a cuestionar la manera en que la transición naturalizó aquellas cosas que parecen aberrantes en cualquier lugar del mundo civilizado. Muchos ciudadanos de esos países, sólo a modo de ejemplo, no pueden creer que hasta hace poco un sistema de educación aprobara el lucro y la selección de alumnos (como si tal cosa), o que el Estado garantice las utilidades de las empresas universitarias (no reguladas, y que ni siquiera pagan impuestos) con un aval extendido a la banca privada. Si bien a nivel de discurso se ha propuesto siempre una cosa distinta, la coalición consagró un estado estúpidamente generoso con las grandes empresas, ya sean nacionales o extranjeras, allanándoles incluso el camino cada vez que aprobaban sus proyectos de manera exprés. Quién sabe si de verdad les asiste el convencimiento de que los grandes beneficios empresariales también son positivos para el país. ¿Todo lo que es bueno para los empresarios es bueno para el país? El estado asume que sí. Incluso no ha tenido pudor en asumir los pasivos de sus emprendimientos (los costos medioambientales, por ejemplo, que pagan en primer término las propias personas), dejando en prenda la dignidad de las comunidades que sufren sus inversiones.
Ha sido una verdadera fiesta. Perdón, qué fiesta; se ha tratado más bien de una bacanal incesante, una cueca en pelotas, y ya se ha extendido por tanto tiempo que los invitados, integrantes de esta nueva fronda político-empresarial, ya son incapaces de reconocer no sólo el sosiego como parte de la realidad, sino que tampoco reconocen el decoro como una actitud necesaria en pos de una sana convivencia. Esta desconexión explica que un parlamentario no tenga problemas en ir a un mundial de rugby cuando su región ha padecido un terrible terremoto, y que encima se moleste y sorprenda por ser emplazado a través de los medios. El tipo actuaba sinceramente, puesto que se acostumbró a vivir en una cultura transicional marcada por la amoralidad.
Una partusa entre amigos
Esta cultura incestuosa de la transición ha echado raíces tan profundas que estamos convencidos de que locatarios y vecinos de Providencia afectados por el desborde del Mapocho no verán enteramente restituidas sus pérdidas, ni mucho menos reparado el inmenso daño moral causado por una negligencia inexcusable. Ya sabemos: Costanera Norte y su contratista Sacyr tienen buenas relaciones con mucha gente que trabaja en el estado. Uno nunca sabe si el fiscalizador está plenamente comprometido con el servicio público o bien está mirando de reojo una futura pega en una de estas empresas que debe fiscalizar. Mal que mal, el gobierno tendrá que acabar algún día, parecen pensar ellos, siempre tan claritos.
El tema es que mientras hablamos de este desborde nos olvidemos de otro escándalo: el corte de suministro de agua por casi tres días decretado por Aguas Andinas, una empresa que ha destacado por la falta de inversiones (y las pocas que realiza son traspasadas a la cuenta de sus usuarios, como la limpieza del Mapocho) y sus ganancias excesivas, suculentas como sólo pueden ser cuando el estado que ha procedido a privatizarla le garantiza a los nuevos dueños, a todo evento, un piso mínimo del 7% de utilidades. Aguas Andinas mete plata en campañas, una situación intolerable tratándose de una empresa regulada, una que asumió una fervorosa oposición inicial al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo (espérese, que para allá vamos), la que se fue ablandando conforme la empresa a cargo del mismo, la estadounidense AES Gener, le hacía ver lo favorable de un negocio en ciernes. Luego de mediatizar esta disputa surgida a raíz de los derechos de aprovechamiento de aguas, después de alertar de los riesgos al suministro de agua potable en la cuenca de Santiago, la sanitaria aceptó el proyecto a cambio de un pago mensual que se efectuará cuando se inicien las operaciones de la central, acuerdo que ha sido cuestionado por servicios públicos y organizaciones ciudadanas. Por cierto: el mismo personaje que, en su minuto, dirigió el proceso de privatización (nos referimos al DC Guillermo Pickering, ex subsecretario de Obras Públicas, regalón de Eduardo Frei Ruiz-Tagle), pasó luego a desempeñarse en la dirección de la entidad gremial que reúne a todas estas sanitarias. Además se convirtió en concejero de la fundación creada por Aguas Barcelona, la empresa que detenta el control de Aguas Andinas, y a ha participado en el directorio de otras sanitarias controladas a su vez por esta empresa privatizada a fines de los ’90.
¿Esto es lo que quieren reivindicar los fans de la transición?
Porque ojo: en la partusa sigue todo pasando. Quizás sería recomendable no olvidar al otro factor de la ecuación: Antofagasta Minerals, que forma parte del holding de la familia Luksic, el imperio gestionado por Andrónico, hombre riquísimo, un chileno autodefinido de “normal”, ecuménico aportante de recursos a la política, y que firmó un contrato societario con AES Gener para hacerse del 40% del proyecto Alto Maipo en vista de su necesidad de abastecer de energía barata a su mina Los Pelambres, la misma que le ha hecho la vida imposible a los vecinos de Caimanes. Es el mismo sujeto que difundió un video destinado a lavar su imagen frente a la ciudadanía con la excusa de responder (se encargó de aclarar que era un hombre con sentimientos, un chileno como cualquier otro sólo que con poder) las destempladas palabras que le dedicó en la víspera el diputado Gaspar Rivas. Ni siquiera tuvo empacho en expresar su intolerancia a un insulto como tantos que se dicen por ahí, que es el máximo perjuicio al que podrían aspirar los otros chilenos normales que abominan de su labor empresarial. Este mismo sujeto barrió en tribunales con un joven que tuvo la osadía de crear una cuenta falsa en Twitter con su nombre para reírse de él, los políticos y los empresarios. Ni eso está a dispuesto a perdonarnos.
La puerta que gira y el derecho a dudar
¿Es prudente, a la luz de la corrupción comprobada en los últimos meses, sacar de la ecuación a AES Gener y a Antofagasta Minerals de Luksic? ¿Qué pasa cuando se interviene la naturaleza con violencia, que es precisamente lo que se hace en proyectos de inversión energéticos tan faraónicos como éste? ¿Acaso no aumenta un riesgo de aluvión si, a efectos de hacer el despeje que posibilite el desarrollo futuro de las faenas, se procede a la intempestiva tala de la vegetación que cubre una superficie en altura? ¿Qué podría pasar si se remueve tierra que antes ha estado tanto tiempo compactada? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Es prudente, de nuevo, creer en los estudios de impacto ambiental que dieron curso a semejante central hidroeléctrica? Puede que sí, puede que todas estas dudas y sospechan sean injustas o carentes de sustento. Pero también puede ser que no sean tan descabelladas. Hemos visto a reputados científicos, académicos de universidades muy receptivas a las donaciones empresariales y técnicos de primer nivel haciendo afirmaciones que al cabo terminaron siendo falsas o erróneas, o prestando sus firmas en estudios de impacto ambiental refutados con los hechos. Eso ha sido muy típico en esta fiesta.
Lo más probable es que no sea así, pero mientras no cambie esta torcida trenza de poder, la experiencia de la interminable transición nos desaconseja la ingenuidad y la buena fe en el accionar de nuestros hombres de negocios y políticos. Frente a ambos grupos no cabe ni el olvido, ni el perdón, ni el más mínimo descuido; ni el olvido porque sabemos cuán amoral y desalmado puede ser su comportamiento, ni el perdón porque la contumacia revela un nulo interés por enmendar sus conductas. Pasan los años y las situaciones, como las descritas en el caso de Aguas Andinas, se repiten una y otra vez.
¿Quién representaba los intereses de Alto Maipo en el periodo más álgido de su tramitación ambiental? El DC Jorge Rodríguez Grossi, ubicado por el actual gobierno a la cabeza de BancoEstado, niño símbolo de la puerta giratoria, autodeclarado “hincha fanático” de los empresarios. Es necesario recordar el controvertido rol que en todo este proceso de evaluación ambiental jugó Conaf, entidad que, pese a los cuestionamientos de sus técnicos, dio su aprobación por obra y gracia de su directora Catalina Bau, ex cónyuge de Enrique Correa, actual dueño de Imaginacción, empresa que registra a la hidroeléctrica en su cartera de clientes.
Teorías de la conspiración aparte respecto a la responsabilidad de Alto Maipo en la crisis sanitaria, hay un temor más que justificado: el riesgo de suministro de agua por la nueva estructura de incentivos, toda vez que el negocio de vender energía puede ser más atractivo que el suministro de agua, razón por la que se opte por descuidar las reservas de la alta cordillera (el embalse El Yeso, por ejemplo) a efectos de mantener en movimiento las turbinas en los meses secos del estío.
Lo más triste es que esta bacanal no tiene visos de terminar. La Presidenta Bachelet dijo que el fin del financiamiento privado de la política acabará con sus vicios. Pero tal afirmación no es del todo cierta. Precisamente por lo descrito anteriormente, sólo veremos avances sustanciales el día que los funcionarios públicos, partiendo por ministros y subsecretarios, dejen de pasar a integrar los directorios de las empresas privadas o sean enrolados en las planas ejecutivas apenas hacen abandono de sus cargos. De otro modo, puede que esos mismos funcionarios públicos dediquen más tiempo a hacer méritos suficientes a ojos de sus futuros patrones, aunque eso pase por joderle la vida a la gente de a pie, los chilenos como usted y como yo, pero sin poder ni influencia. Debemos insistir y presionar en pos de este objetivo, aunque algunos quieran extender esta cultura de corrupción en favor de los negocios y el “progreso”, que es más o menos la música que anima esta fiesta de mala muerte.-
