Un Presidente hace negocios en el país que nos demanda en La Haya. Pero no sólo eso: hace caso al presidente extranjero que nos demanda y acepta aislar la pelea política con ese país de los negocios que ahí realizan nuestros empresarios, dando así una señal errada a los jueces de la Corte. Encima nos enteramos que opera desde un paraíso fiscal, lo que le permite no pagar impuestos en Chile.
Y si esto fuera poco, nos enteramos que tres ex almirantes de la Armada lo apoyan, mostrando total indiferencia por una acción que bien pudo influir en la amputación que sufrió la zona económica exclusiva de nuestro mar. La pregunta del millón: ¿quiénes eran los vendepatrias, después de todo? ¿Los que sufrieron el Golpe de Estado y fueron aniquilados por la dictadura? ¿Los golpistas? ¿Los que regalaron el cobre y el agua a las trasnacionales o los que nada han hecho por recuperarlos?
La Segunda Sala de la Corte Suprema anuló el pasado 4 de noviembre las sentencias dictadas contra 84 ex miembros de la FACH, todos ellos condenados por traición a la patria y sedición en sendos Consejos de Guerra llevados a cabo por la FACH en 1974 y 1975. Resulta estremecedor leer los pasajes de las actas que dejaron las sentencias de los consejos de guerra a los que fueron sometidos aquellos constitucionalistas que declinaron participar en el Golpe de Estado de 1973, peor aún enterarse de lo que fueron víctimas aquellos hombres, entre ellos el padre de la actual Presidenta y comandante en Jefe de la FACH al momento del golpe, Alberto Bachelet, quien de hecho falleció, a causa de un paro cardíaco, en la Cárcel Pública luego de largas y terribles sesiones de tortura.
Uno de los aspectos más denigrantes de la acusación es la manera en que el mote de traidor puede convertirse en un virus capaz de contaminar a toda la descendencia de quienes son acusados de defraudar la confianza y romper las lealtades más profundas, pues sus familia acaban, la mayoría de las veces, con la mancha imperecedera de la deshonra y el oprobio, dos condiciones irredimibles al punto que hijos y nietos de los traidores, y a veces también sus hermanos y padres, no tienen otra alternativa que emprender el destierro a países lejanos, ahí donde las gentes ignoren la razón de la infinita vergüenza que pesa sobre la historia familiar. Por ello las palabras del Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, quien aseguró que la sentencia, “inédita e histórica en la jurisprudencia chilena”, “eleva el prestigio de Chile ante los organismos y tribunales internacionales”.
El exilio, el relegamiento y otras formas de marginación suelen ser también el destino de los familiares de dictadores derrocados. El silencio que muestran los descendientes de un traidor es similar al que brindan aquellos familiares que tienen la desdicha de tener un vínculo consanguíneo con un psicópata. En suma: ser un traidor es de lo peor, pero lo peor “empeora” todavía más si el traidor es un militar, toda vez que el profundo amor por la patria (aquello que ha jurado defender, en este caso Chile) se constituye en principio rector de su relacionamiento ético con el resto de la sociedad, en motor de sus acciones cotidianas y musa inspiradora de sus fantasías de gloria, algo positivo en cualquier uniformado que tenga en alta estima sus condiciones profesionales y además guste de soñar sin rayar en el delirio ni poner en riesgo la seguridad nacional. ¿Existe reparación para esas familias? Esta sentencia de la Suprema es más simbólica. Algunos de los uniformados murieron sin haber recibido algo de justicia.
Y en poco más de un mes vemos la otra cara de la moneda con motivo del nuevo escándalo protagonizado por el ex Presidente Sebastián Piñera, quien compraba acciones de una empresa pesquera peruana en momentos que Chile litigaba con Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Al parecer, los militares pinochetistas (prácticamente todos los que fueron formados con posteridad a la traición del 11 de septiembre de 1973) no parecen tener mayor conflicto con los traidores. Basta con ver la comprensión que expresaron los ex almirantes de la Armada Jorge Arancibia, Miguel Ángel Vergara y Edmundo González ante los hechos que involucran al ex Presidente Sebastián Piñera.
“Cuando veo que el área donde opera la compañía no coincide con los términos del fallo de La Haya y que US$ 9 millones están en el espacio mínimo de Piñera, concluyo que es una alharaca política de baja estofa”, dijo Arancibia. Edmundo González agregó a su turno que esto era una “alharaca política” y lamentó, ojo, que en Chile estemos “entrando a un nivel que recuerda la campaña de Estados Unidos, y que no es nuestro estilo”.
Nada de esto es de recibo. Nada es casualidad. Nada de esta indiferencia (o indolencia) resulta incomprensible. Y la razón es la sencilla: son militares formados en escuelas matrices que glorifican la traición golpista, como si se tratara de una gesta épica similar a otros registrados en la historia militar de Chile. Han crecido exaltando el asesinato de inocentes, el latrocinio (el robo en descampado) cometido en dictadura y todo cuanto germinó en este oscuro paréntesis de nuestra vida republicana, desde el regalo del agua de sus ríos a las grandes empresas trasnacionales hasta la apropiación indebida de los pocos pesos que los trabajadores logran ahorrar para su vejez. No es posible esperar otra cosa de quienes han sido formados en instituciones pervertidas por la inmoralidad de una tiranía, del mismo modo que no ha de sorprendernos todos los actos de corrupción que han involucrado a tantos uniformados, de todas las ramas, a lo largo de este corrupto periodo transicional. Todos esos actos de corrupción (especialmente los referidos a la adquisición de armas) constituyen una traición a la patria, pues todo robo a las arcas públicas por parte de un militar es un acto que afecta a una institución cuya misión es velar por la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial, comprometiendo así, aunque sea en menor grado, la seguridad nacional.
Que Piñera no se haga el bobo
Tan grave es ser acusado de traidor que nunca antes Sebastián Piñera había salido con tanta premura a explicar lo inexplicable, aunque lo suyo tiene explicación si atendemos el nutrido historial de incordios que exhibe en su prontuario empresarial. Y decimos “incordios” porque en este saco podemos meter toda clase de líos, incluso aquellos que han terminado en la justicia.
Está bien: es obvio que Piñera no involucró –no podía hacerlo- a los abogados ni a la totalidad del equipo de agentes. Imposible que haya podido atornillar al revés desde el punto de vista legal, pero sí lo hizo desde un punto de vista político al descongelar las relaciones con Perú, aceptando la tesis de las “cuerdas separadas” que planteó Alan García, el presidente peruano que nos demandó en La Haya, el mismo que nos trató de “republiqueta”. Lo único cierto es que, a raíz de ese cambio en la relación bilateral, los jueces de la Corte concluyeron que una eventual pérdida territorial no resultaría dolorosa para Chile, por lo que no sería tan terrible darle algo a Perú. Y ocurrió. Piñera era el responsable de la política exterior. Es la pega de un Presidente.
No cabe duda que para la administración de Piñera fueron más importantes los negocios de las empresas chilenas que la integridad territorial. Eso quedó comprobado. Pero también está comprobado que Piñera, cuya fortuna era gestionada desde un paraíso fiscal en el Caribe, ni siquiera quiere aportar unos pesos para la educación de los niños más pobres de este país, o para la salud de los más desposeídos, cosas que se financian con los impuestos de todos, de todos menos de Piñera.
Los otros traidores
No son los únicos ni mucho menos. Están también los políticos que traicionaron los anhelos transformadores de un pueblo entero, o que profundizaron, ex profeso, la traición perpetrada por civiles y militares que participaron en la dictadura. Varios de esos mismos traidores que hoy levantan la voz y lanzan violentas jaculatorias contra Piñera fueron los que han optado por seguir permitiendo que empresas, nacionales y extranjeras, saqueen nuestros recursos naturales y que no paguen sus impuestos. La mayoría de los politicastros que forman parte de la coalición gobernante, llámese Nueva Mayoría o Concertación, son también algunos de los grandes traidores a la patria, máximos defraudadores de la fe pública.
El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, sin ir más lejos, debería dar la cara ante la Justicia por no mover un solo dedo para que el fisco pueda recuperar esos más de 400 millones de dólares que las AFP Cuprum (propiedad de Principal) y Provida (de Metlife) dejaron de pagar gracias a una operación tributaria que, a decir de expertos en la materia, constituye una afrenta para la dignidad nacional y un verdadero insulto para la inteligencia de los chilenos.
