Sernac informó de un avenimiento judicial con Salcobrand y Cruz Verde para compensar con 22.000 pesos a unos 53 mil consumidores de 206 medicamentos, cuyos precios fueron fijados a través de una colusión que operó entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. Fasa decidió seguir en el juicio. Este caso nos recuerda, una vez más, el enorme daño causado a la fe pública por los grandes empresarios del país.
“Necesitamos una nueva actitud del empresariado. El empresario chileno es retrógrado y cavernario, anclado en una lógica de hace cien años, cuando no existían las políticas sociales, cuando la élite no tenía interés alguno en las personas. Estamos en una etapa en la que el empresariado rehuye todo tipo de colaboración con la ciudadanía y se niega a crear valor compartido”.
Esta declaración lapidaria corresponde al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, a la hora de reflexionar sobre el modesto acuerdo reparatorio al que se llegó con dos de las tres cadenas de farmacias coludidas. No se podía hacer mucho más. Usted ya lo sabe: institucional y legalmente estamos entregados a la voluntad de los empresarios, quienes han dado muestra, una vez más, de su conducta antisocial y destructiva, de su desprecio por el país que los ha convertido en hombres enormemente ricos sin haber demostrado mérito alguno en materia de innovación.
¿Es posible soñar con un nuevo empresariado en el país que surja del proceso constituyente? Ni siquiera hay que esperar tanto, según cree el titular de Conadecus. “El tema es la voluntad política para lograr cambios en una cultura empresarial muy irresponsable. Para lograr tal cosa podemos empezar ahora mismo a través de leyes que castiguen con severidad estas prácticas. Podemos asimilar leyes que existen en otros países del mundo para proteger a sus consumidores. Sólo así convertiremos una economía de mercado en una economía social de mercado, donde los derechos de los consumidores sean efectivamente cautelados”, señaló Calderón.
“Toda nuestra legislación está hecha para proteger a los inversionistas y las grandes empresas. Ciertamente que una nueva Constitución nos puede dar un marco de sociedad distinto, pero nada será suficiente si no cambiamos las leyes. Un paso importante sería otorgarle una nueva jerarquía a la Ley del Consumidor, cuyo carácter es puramente supletorio, pues no se puede aplicar en mercados regulados por leyes específicas que hay, por ejemplo, en materia de servicios básicos como el suministro eléctrico, los servicios sanitarios, la ley de bancos y servicios financieros, la ley de isapres, de las AFP. Y como todos estos mercados cuentan con leyes específicas, entonces la Ley del Consumidor no puede aplicarse”, agregó.
“La ley de calidad de la vivienda es la única donde hemos logrado avances importantes, pues basta que seis personas se agrupen para iniciar una acción colectiva contra las empresas, mientras que la Ley del Consumidor exige 50 personas”, concluyó.
