Los parlamentarios chilenos son los grandes responsables de los abusos que vemos en contra de los clientes y usuarios de Chile, donde la situación alcanza ribetes tragicómicos, a ratos patéticos, toda vez que las leyes que se elaboran para corregir conductas empresariales inaceptables terminan por hacerlas aún más dañinas. Pasó con los estacionamientos en centros comerciales, pasa ahora con los medidores y los fraudes bancarios a través de las tarjetas. Hernán Calderón, Presidente de Corporación Nacional de Clientes y Usuarios de Chile, Conadecus, cree que la clave está en el temor que nuestros políticos sienten ante el poder económico.
Había una vez cierto grupo de parlamentarios que decidió discutir sobre una situación percibida como injusta por la aplastante mayoría de los consumidores chilenos: los cobros excesivos en los estacionamientos de los centros comerciales. Tiempo después el congreso se puso a legislar y acabó aprobando una ley que hacía aún más injusto lo que existía. Nuevamente las desconcertadas gentes de este país iban por lana y salían trasquiladas.
Ahora la situación se repite por partida doble: un grupo de senadores empuja una ley que hace responsable a los bancos de los robos, clonaciones y fraudes que afectan a los ahorrantes a través de sus tarjetas. ¿Adivinen qué? Resulta que, muy subrepticiamente, estaba saliendo una ley que dejaba más expuestos a los clientes, en circunstancias que los ahorrantes recurren precisamente a un banco para no tener que meter la plata debajo de un colchón. Ni qué sentido tiene hablar de los medidores: se les obliga a los consumidores a pagar de por vida por un aparato del que nunca serán sus dueños. ¡Insólito!
Hablemos en buen chileno: ¿son coimeros nuestros parlamentarios y fueron sobornados por los empresarios? ¿Tienen un compromiso preexistente con ellos? ¿Estarán pensando que lo mejor es hacerse los simpáticos para después pedirles un trabajo bien remunerado en alguna de sus empresas? ¿Están bajo chantaje? ¿Tienen intereses en estos rubros no transparentados previamente? ¿Son simplemente imbéciles? ¿Son poco prolijos? ¿Acaso no saben leer los proyectos de ley y les pasan gato por liebre? ¿Será que son flojos y no leen los textos que firman, como así tampoco lo hacen sus asesores?
“Hay un poco de todo, pero yo diría que hay otro elemento más poderoso: el miedo que surge en los parlamentarios y autoridades de gobierno cuando las empresas hacen lobby y empiezan con la campaña del terror: que esto afectará el crecimiento, que tal ley dañará el empleo…”, dice el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, Hernán Calderón. “En general las autoridades están sólo preocupadas de la macroeconomía, no de la micro, porque están muy preocupados de no tocar intereses de los grandes grupos económicos. Al final terminan legislando a favor de ellos. Parece que la política consiste en lograr una mayor recaudación y no molestar al empresariado, y mientras tanto vamos tolerando abusos contra los consumidores y usuarios de bienes y servicios”.
“¿Y al final la historia qué nos ha demostrado? Nos ha demostrado que las veces que hicimos cambios a favor de las grandes mayorías, ninguna de las predicciones de estos grupos se ha cumplido. Nunca generaron las consecuencias que estos grupos interesados previeron, partiendo por la pérdida de fuentes laborales”, cree Calderón, testigo privilegiado de las veces en que los consumidores chilenos hemos quedado peor que antes gracias a leyes que, en principio, se proponían reducir las imperfecciones de nuestro mercado.
Un capitalismo de papel
Claro que “mercado” es un decir, porque lo que tenemos en Chile es cualquier cosa menos un capitalismo de corte liberal y moderno, recuerda Calderón, más si consideramos que en Chile hay colusión ahí donde debe existir competencia, e integración y concentración económica ahí donde debiera germinar toda una diversidad de actores y oferentes. Y lo que es peor: debiéramos tener empresarios de verdad, y no inversionistas sin arrojo en circunstancias que el riesgo es lo que, por naturaleza, define al emprendedor. Pero no: en Chile, el capitalismo es puro cuento en papel mojado. Nadie debería sentirse molesto por esta constatación, cree el presidente de Conadecus.
“Para que exista un mercado debe haber libertad de precios que surgen de la competencia. Tal cosa no se da en Chile, donde más bien hay un libertinaje. Se dice una economía de mercado pero carece de competencia interna, ya que está capturada por oligopolios y monopolios naturales. Hay un problema en la base, pero lo peor es no hay voluntad concreta de regularlos”, sostiene.
La crisis de confianza
Calderón recurre a las empresas reguladas para hacer el punto. “Veamos qué pasa con las tarifas de las empresas eléctricas y sanitarias. Como no hay competencia, el estado levanta la figura ficticia de una ‘empresa eficiente’ o ‘empresa modelo’ que fija la tarifa. Lo insólito es que son las mismas empresas eléctricas las que contribuyen a modelar esta empresa, generándose un conflicto de interés enorme. No por nada estas empresas generan utilidades del 25% sobre su patrimonio. Es decir, en cuatro años recuperan el capital invertido. Esto no es aceptable bajo ningún punto de vista en ninguna parte del mundo”, afirma.
Es así finalmente (con esta vieja costumbre de esquilmar a los usuarios y consumidores de Chile con el gentil concurso de nuestras autoridades) que sumamos otro elemento que explica las severas distorsiones de nuestro mercado interno, al punto que, como vimos en otra nota, algunos productos como el detergente son más caros en Chile que en países nórdicos que cuentan con un ingreso que casi triplica al nuestro, con un estado que costea innumerables prestaciones sociales de calidad y donde los salarios de los trabajadores son exponencialmente más altos que en nuestro país. Tan poco confiamos en las autoridades que nos gobiernan y dicen representarnos, que asistimos a cada vez menos elecciones e instancias formales de participación ciudadana. He aquí las razones de fondo.
Es más: algunos políticos de la vieja guardia, como el expresidente Ricardo Lagos, creen que este ambiente hostil será superado gracias a un gran acuerdo político que huele a componenda e impunidad, muy similar al acuerdo que le ofreció Pablo Longueira cuando en su gobierno estalló el caso MOP-Gate. Hay quienes dicen que tal crisis de confianza sólo será superada cuando veamos a muchos políticos, empresarios y militares purgando condenas en la cárcel.
“Yo soy muy pesimista, en todo caso”, dice Calderón. “Cuando la ciudadanía se da cuenta de que legislaron en contra de ella para beneficiar a unos pocos, lo que vemos es enojo generalizado, un sentimiento muy fuerte de indignación. Al final ocurre que los mismos legisladores dejan estas leyes lesivas al interés general durmiendo en el Congreso a la espera de que se nos pase el enojo. Y nosotros somos pasivos, y tendemos a olvidar lo que ocurrió, por ejemplo, con los estacionamientos, y seguro olvidaremos lo que pasa con los medidores y las tarjetas bancarias”, agrega.
Tarjetas bancarias y medidores
“En este último tema (las tarjetas bancarias) vimos a senadores actuando muy bien intencionadamente. (Manuel José) Ossandón, Lily Pérez y (Eugenio) Tuma empujaron esta ley que hace responsables a los bancos de los fraudes que se cometen sin que tengan que cobrar seguros por un servicio que es básico en ese mercado. Pero ocurrió lo contrario a lo que sucedió con los medidores, porque fue la Cámara la que cambió el proyecto perjudicando a las grandes mayorías. Entonces todos deben hacerse responsables de lo que legislan, y reconocer al menos que fueron poco prolijos al momento de legislar”, concluye.
¿Y qué hacer con los medidores? La respuesta de Calderón es tajante: “No acepten el cambio, y no dejen entrar a nadie a sus casas. Esperen y presionen para que la clase política retrotraiga este proyecto, que supone una expropiación indirecta de la empresa pues las personas tienen un derecho adquirido, ya que el medidor análogo que tienen en casa lo compraron. No es activo de una empresa”.
