Miles de osorninos salieron a las calles para expresar su repudio hacia el actuar de la empresa, pero también de nuestras autoridades. Más allá del drama que significa pasarse una semana sin agua potable, más allá de las multas y otras compensaciones, el caso Essal nos revela la impotencia del Estado y la ciudadanía frente a las empresas y los perjuicios que genera la estrecha cercanía entre empresarios y políticos.   

La gente de Osorno simplemente dijo basta luego de pasar seis días sin agua. Nadie podría decir que fue poco paciente. Muchos han tenido que ir a dormir a otras localidades y gastar un montón de dinero en traslados, muchos han tenido que cerrar sus comercios, muchos han debido dejar de trabajar, «y así, un montón de otros perjuicios que nosotros calificamos como los ‘daños emergentes’, Y eso es algo que bien podría surgir de la mediación a la que llegue el gobierno con la compañía para tener que evitarnos todos una demanda colectiva», dice Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu.

Comunidad de Osorno protesta contra Essal

¿Qué más se puede hacer? Larenas cree que, por ahora, sólo sabe aplicar lo que la reforma a la Ley de Protección al Consumidor obliga a las empresas a modo de compensación automática: el descuento de la cuenta del período siguiente que debe equivaler a diez veces la facturación diaria por cada día de interrupción del servicio. «Es decir, si consideramos que ya van 7 días de corte, entonces hablamos de 70 días que no podrán ser cobrados por la empresa. En otras palabras, cuando se restituya el servicio deberán pasar más de dos meses sin que los vecinos de Osorno tengan que pagar la cuenta del agua”, recuerda Larenas.

El problema es que la gente pide otra cosa, tal como se ve en los videos que adjuntamos a continuación:

¿Caducar los contratos? Es lo que debería pasar, pero es difícil que así sea, según dice Larenas, ya que «el gobierno ya ha dicho que descarta hacerlo pese a que es una empresa contumaz en su mal comportamiento. Essal tiene 85 sanciones por diversas faltas en los últimos años. Eso es inadmisible. No puede ser que una empresa tropiece con la misma piedra y no pase nada, y que aún hoy siga actuando sin diligencia, sin protocolos, etc. El punto es que no es llegar y caducar contratos, porque ¿quién queda a cargo entonces? ¿Qué podría hacer el Estado para asegurar el suministro de agua? No mucho, quizás. Por eso cuesta tanto caducar los contratos», dice.

Lo central aquí es que el caso Essal ha vuelto a desnudar la impotencia del Estado y la ciudadanía frente a los grupos económicos y las trasnacionales. «Y ese es el principal problema de nuestra democracia, y está en la base de la crisis de confianza que hay en las instituciones», sostiene Larenas, quien luego agrega: «Esto es consecuencia de la puerta giratoria que hay entre política y negocios, donde el regulador se va trabajar luego de dejar su cargo a la empresa que antes estuvo regulando. Yo entiendo que la gente debe ganarse la vida con algo, pero veamos lo que sucede en los países donde se han hecho cosas interesantes para evitar este problema».

«Esto se ve también en los procesos de fijación tarifaria de las empresas reguladas. Desde el año 2005 que la ley incluyó a las organizaciones de consumidores en esos procesos, pero en realidad nunca nos invitan. Es letra muerta», indica el presidente de Odecu.

La empresa dice ‘mire, yo tengo que cobrar 10’ pero el Estado nunca le dice ‘no señor, usted debe cobrar 9’. Ocurre que la empresa pone sus términos porque sabe que el Estado no podría sustituirla tan fácilmente, al menos así como están escritos los contratos de concesión contenidos en la Ley de Servicios Sanitarios. Y otra cosa: la ley obliga al Estado a asegurar el suministro, no a proteger a la gente. Y nosotros no vamos tampoco a esas reuniones porque no tenemos el dinero para pagarle a una consultora que nos dé los insumos técnicos para decirle a la empresa, ‘oiga, usted tiene que cobrar mucho menos’. No podemos. No tenemos esos doscientos millones de pesos», añade Larenas.

¿Y la multa? «Eso es a beneficio fiscal, pero el máximo son 600 millones de pesos. No es nada en comparación a las utilidades que arroja un monopolio así. Urge hacerle cambios a las leyes que regulan los servicios básicos, en especial los regímenes de concesiones. Hay que ver la arista penal. Si hay contaminación, por ejemplo, entonces hay que perseguir responsabilidades penales«, concluye el titular de Odecu.

La plataforma de los movimientos y organizaciones ciudadanas de Chile.

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1 comentario

  1. Quien dice que no podemos caducar contratos ni sustituir estas malas empresas? Con los fondos acumulados en los ahorros de pesniones donde todos los ahorrantes somos los dueños podemos cambiar la historia: Propongo que partamos con esta empresa, luego de finiquitar o caducar su contrato. Definir una manera autonoma, profesional, transparente e independiente de comprar y administrar poco a poco todas las empresas de agua potable de Chile, luego agreguemos carreteras, puertos y aeropuertos hasta llegar a las electricas. De esta forma nuestros fondos tendrian UTILIDADES y MERCADO asegurados por ley y beneficiarian a Chile y los Chilenos, repartiendo luego las UTILIDADES de ellas en las cuentas individuales de los cotizantes. Esto tendria un efecto inmediato y redistributivo o solidario pues quienes consumen mas son los que tienen mayores ingresos y evitariamos asi, que empresas extranjeras solo lucren con nuestros recursos basicos, nos mientan y no inviertan pensando en el futuro (PROXIMOS 50 AÑOS) como debiese ser para este tipo de suministro VITAL y critico como hemos visto.

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