El caso que afecta a la mansión del Presidente Piñera en Caburgua no es un caso aislado, según el titular de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman. Al revés: sería la norma en un país donde el Servicio de Impuestos Internos (SII) carece de los medios para fiscalizar a un grupo selecto de ciudadanos que cuenta con contactos, asesorías y privilegios casi consagrados legalmente. ¿Qué nos queda en el caso del mandatario? No hay otra: que calcule la deuda de los 27 años que Tesorería no podrá cobrarle y que done ese dinero a obras de beneficencia. Por lo menos…
¿Cómo es posible que alguien se pase 30 años sin pagar las contribuciones de un bien raíz? ¿Es que la legislación tributaria en materia territorial es tan débil que una mínima “planificación tributaria” basta para no pagar los impuestos? ¿O es que simplemente en Chile nadie cobra ni fiscaliza a los poderosos? La respuesta del presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, quien reveló el caso que afecta a la mansión que el Presidente Sebastián Piñera tiene en el lago Caburgua, es enfática al respecto: “En Chile el Servicio de Impuestos Internos tiene muchas carencias para fiscalizar”.
Y claro: esas deficiencias son muy beneficiosas para unos pocos con influencias y poder, así que no esperemos que sean fáciles de mitigar en un futuro cercano.
“Yo me encontré con este tema porque me puse a investigar la concesión marítima de 800 metros cuadrados que le dieron en la orilla de ese lago”, dice el abogado, en alusión a este permiso especial que fue duramente cuestionado por la opinión pública toda vez que se solicitó y gestionó cuando encabezaba su primer gobierno. Y no sólo por eso: la solicitud carecía de un uso comercial concreto, una anomalía en toda regla, sentando de paso un pésimo precedente ya que puede animar a muchos a imitar sus pasos y vulnerar, por esa vía, el espíritu de la ley que declara las playas como bienes de uso público. Para peor, la explicación que dieron en La Moneda para justificar este cumplimiento sonó a franca tomadura de pelo.
“Pero fue en la Dirección de Obras de la comuna de Pucón que me enteré que además Piñera estaba moroso», indica Herman, lo que consiguió . Hay que darle mayores herramientas al Servicio de Impuestos Internos. Necesita drones, fiscalizadores, en fin; necesitan muchas cosas para pesquisar las propiedades lujosas que no cuentan con permisos ni recepción final, y que al carecer de uno o de ambos se libran de pagar impuestos”.
Pero no es todo, según Herman: “Esto es masivo. Esto caso se da masivamente en Chile, se repite en todas partes. Imaginemos cómo podrían fiscalizar funcionarios del SII en lugares apartados. Los poderosos en Chile hacen lo que quieren, no como nosotros, los ciudadanos de a pie. Yo estimo que son por lo menos unos 100 millones de dólares los que el Fisco deja de percibir por este impuesto territorial que no se paga”.
“Es más: recordemos, y esto ha salido en los medios, que el Presidente Piñera tiene una mansión a todo dar en San Damián que no está a su nombre, sino que está a nombre de una sociedad que integran él y su familia, de tal modo que luego aprovecha de deducir el pago de ese impuesto territorial de su impuesto a la renta”, añade.
¿Qué hacer entonces con los 27 años de perdonazo legal otorgado por la Tesorería General de la República? ¿Sería buena cosa que un Presidente, encima multimillonario, pague de algún modo ese dinero adeudado en circunstancias que a muchos ciudadanos, humildes en infinidad de casos, se les ha llegado a embargar y rematar bienes raíces por un leve retraso en el pago de las contribuciones territoriales?
“Él tiene gente que puede calcular cuánto ha dejado de pagar en estos 27 años que no le van a cobrar. Yo lo dije, fui el primer en anunciarlo: Tesorería sólo le va a cobrar retroactivamente tres años. Hay trabajo regulatorio que debemos hacer en ese sentido. Pero una vez que el Presidente Piñera haya hecho el cálculo, lo correcto sería que por último donara esa cifra a hogares de adultos mayores, discapacitados, salas cunas… en fin”, sostiene el presidente de Defendamos la Ciudad, quien desafía a la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, a cumplir con su palabra: “Ella dijo hace unas semanas que el Presidente iba a pagar los 30 años de atraso. Bueno sería entonces que cumpla con su palabra”.
