El trabajo es uno de los pilares de la grosera desigualdad en Chile. Esto ocurre porque la dictadura cívico-militar decidió que el trabajo de la abrumadora mayoría de chilenas y chilenos valiera poco. ¿Cómo se logró esto? Gracias, entre otras acciones, a una reforma laboral de 1979 que mutiló una serie de derechos, los que posteriormente no fueron reinstaurados en democracia. Desde entonces ha primado una política de introducir mejoras puntuales al mercado laboral, a través de iniciativas insuficientes y amables con el capital, continuando así con la intención primera de preservar un modelo al que, cuando mucho, sólo cabía darle un “rostro humano”. Nada más que eso.
La ausencia de mecanismos efectivos de negociación orientados a mejorar las condiciones de empleo inciden en la baja calidad de los puestos de trabajo existentes, casi siempre precarios, inestables y mal remunerados, muchas veces en franca situación de abuso. Lo anterior ha estimulado el endeudamiento de los grupos familiares. De ahí también se deriva otro efecto: el escaso poder de ahorro que tiene la mayoría de chilenos en pos de mejorar una pensión que se visualiza baja, a veces misérrima.
No es de extrañar entonces que, según la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2013 (Casen 2013), el 50,5% de los trabajadores gane menos de 260 mil pesos líquidos y el 74,1% menos de 400 mil pesos. Apenas el 11,8% tiene un sueldo que trepa sobre los 700 mil pesos. Es importante tener presente que el crecimiento de la economía y el aumento en la productividad parecen divorciados del incremento salarial. Ni hablar del sueldo mínimo, ingreso que no alcanza para que el trabajador pueda salir de la pobreza.
Un dato revelador del paupérrimo estado del mercado laboral chileno se dio en 2012, año en que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en pleno proceso de expansión económica, debió entregar un bono de alimentos de 40 mil pesos (además de 7 mil 500 pesos por cada carga menor de 18 años) a efectos de mitigar el impacto en el presupuesto familiar provocado por una significativa alza en el precio de los alimentos.
Este bono fue entregado a casi dos millones de familias, beneficiando a más de siete millones de chilenos, lo que representa una cifra cercana al 40% de la población del país. El pago de bonos a las familias chilenas, en cualquier circunstancia, es una política que no sólo busca paliar el bajo poder adquisitivo de las familias chilenas, sino que en ocasiones viene a evitar la debacle presupuestaria de las mismas. En el fondo, el pago de bonos nos habla de la preocupante situación en la que se encuentra el mercado laboral chileno, pero también nos habla de la manera en que el Estado de Chile ha subsidiado la actividad empresarial aun en tiempos de bonanza, por la vía de complementar ingresos que proporciona el mercado.
Lo positivo es que hoy tenemos a una serie de organizaciones preocupadas de esta situación, muchas de ellas integradas por jóvenes profesionales que dedican sus esfuerzos a investigar y proponer alternativas tendientes a dignificar el mundo del trabajo. Asimismo desarrollan una intensa agenda comunicacional orientada a desmontar mitos instalados por centros de estudios de marcado sesgo ideológico o de sectores políticos afines a los intereses del capital, y a contrarrestar, en último término, la acción empresarial ante los sindicatos.
