La iniciativa revitaliza el Acuerdo de Escazú y sería decisivo para la región en atención a la emergencia climática y su incidencia directa en los Derechos Humanos.
Durante la visita de Estado a Chile del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, los cancilleres de los dos países firmaron una consulta que será enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las obligaciones convencionales que recaen en los Estados signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acerca de la Emergencia Climática que atraviesa la región y el mundo.
La solicitud de consulta de los dos países está motivada por la necesidad de tomar medidas urgentes de mitigación y adaptación que permitan enfrentar la crisis climática, desde una perspectiva de derechos humanos. Si bien las medidas requeridas pueden tener diversa naturaleza, las obligaciones en derechos humanos pueden proveer una guía fundamental para acelerar las respuestas de manera justa, equitativa y sostenible.
Ambos Estados, que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos, han demostrado su apoyo decidido a la vigencia de los derechos humanos con especial consideración de la dimensión vinculada a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Prueba de ello es la reciente adhesión que ambos Estado realizaron el año 2022 al Acuerdo de Escazú.
La determinación del alcance de las obligaciones en derechos humanos frente a la emergencia climática servirá para precisar el sentido, oportunidad y alcance de las obligaciones del Estado nacional, de entidades subnacionales (ciudades, regiones o departamentos), de la responsabilidad frente a actores no estatales y obligaciones transnacionales, regionales y globales en la materia.
¿Cuáles son los temas de de la consulta?
La solicitud se realiza sobre la base de la competencia consultiva con la que cuenta la Corte IDH, y respecto de la cual cualquier Estado parte de la CADH o la Comisión Interamericana de DDHH, tiene legitimación para llevarla a cabo.
En este caso, los Estados de Chile y Colombia han seleccionado seis temas, a partir de lo cual se derivan preguntas específicas. Estos temas son:
- Deberes de prevención y garantía en derechos humanos vinculadas frente a la emergencia climática.
- Preservación del derecho a la vida y la sobrevivencia frente a la emergencia climática a la luz de lo establecido por la ciencia y los derechos humanos.
- Obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de los/as niños/as y las nuevas generaciones frente a la emergencia climática.
- Procedimientos de consulta y judiciales dada la emergencia climática.
- Protección y prevención a las personas defensoras del ambiente y del territorio, así como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el marco de la emergencia climática.
- Responsabilidades compartidas y diferenciadas en derechos de los Estados frente a la emergencia climática.
En cuanto a los plazos de tramitación, desde que la Corte IDH tiene por ingresada la solicitud, puede transcurrir un año y medio hasta su pronunciamiento, el cual será inédito en la especie, y contribuirá a guiar a los Estados comprometidos con los derechos humanos a abordar la urgencia que supone la emergencia climática en la región y el mundo.
