Los críticos creen que barrios patrimoniales y zonas protegidas podrán ser arrasadas por la industria inmobiliaria, la verdadera ganadora, según dicen, con esta iniciativa gubernamental.
La Cámara de Diputados dio un fuerte impulso al proyecto de ley de Integración Social y Urbana. Con una mayoría de 73 votos a favor, el gobierno pudo doblegar a una oposición que se manifestó a través de 55 votos de rechazo, además de una abstención (mira aquí la votación). Un proyecto que, en voz del ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, pretende volcar en ejes troncales –sectores mejor conectados a Metro, por ejemplo- los nuevos desarrollos de vivienda social. La clave es permitir que empresas puedan gozar de beneficios, como ciertas excepcionalidades en la aplicación de los planes reguladores locales, si desarrollan viviendas sociales que -no está demás decir- en ningún caso serán asignadas a comités o agrupaciones de allegados, sino a personas que postulen de manera individual.
Aunque los diputados de la ex Nueva Mayoría que apoyaron la idea en general sostienen que se rechazaron los aspectos más cuestionables del proyecto original, las críticas no amainaron en vista de esa vieja costumbre chilena de generar leyes con forados. El primero en criticar esta aprobación fue el presidente de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman. “Todo este proyecto de ley, que todavía no es ley, lleva un nombre muy mentiroso. Suena noble eso de la ‘integración’, pero es un cazabobos ya que esto, el objetivo no declarado de esta iniciativa, no tiene nada que ver con la integración social”, dijo el abogado.
“El objetivo de esta ley es permitir que las inmobiliarias, en nombre de la integración, pasen por encima de las regulaciones territoriales y manipular, en favor de unos pocos, el mercado de suelo en las ciudades chilenas. ¿Y por qué? Bueno, porque serán las grandes inmobiliarias, esas que tienen el poder económico para adquirir enormes paños, las que van a poder acogerse a los beneficios de construir viviendas sociales integradas. Lo peor es que el Minvu, a través de esta iniciativa, intenta radicar en un par de funcionarios la potestad de decidir cambios discrecionales en los planes reguladores locales”, agregó Herman.
Según el timonel de la Defendamos la Ciudad, “esos dos funcionarios podrán decidir, en suma, qué empresas se van a beneficiar de las mayores plusvalías de suelo. Y eso abre la posibilidad de enormes corruptelas ya que hablamos de una industria que mueve miles de millones de dólares”, agregó. Asimismo, Herman lamentó la “vuelta de chaqueta” de diputados de la ex Nueva Mayoría que se allanaron a aprobar el proyecto en sala, “en especial unos 22 diputados que debieron inhabilitarse por estar vinculados, de una u otra manera, con la industria de la construcción”.
¿Otra consecuencia de esta ley? “En nombre de la integración veremos cómo se arrasa con zonas típicas, zonas de conservación histórica… Todo eso será arrasado”, concluyó.
