La industria inmobiliaria está feliz porque, según dicen sus principales integrantes, se ha ganado «certeza jurídica» gracias al último decreto del Minvu que -previamente trabajado en conjunto con la Contraloría y las municipalidades- vendría a ordenar claramente los roles y definir los campos de acción de cada entidad pública frente a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con especial atención a lo que respecta a los siempre conflictivos permisos de edificación.
Lo anterior, según los empresarios, permitiría poner fin a la “confusión” y a las interpretaciones no ya sólo diferentes, sino muchas veces contrapuestas respecto de lo que establecen las normas. Por culpa de esta “confusión”, que para algunos es simplemente una lectura torcida de la ley por parte de empresarios y funcionarios municipales corruptos, es que se ha producido el descalabro urbanístico de comunas como Estación Central.
Sin embargo, la Fundación Defendamos la Ciudad sostiene que todo sigue igual que antes y que el concepto de «certeza jurídica» que reclama la industria consiste en validar aquellos permisos concedidos aun cuando han burlado la ley. «Es una expresión de deseo, pero no una realidad», sostiene Patricio Herman, quien recuerda que la única certeza jurídica pasa por ajustarse a derecho y que todo permiso con vicios de origen será anulado. ¿Qué celebran los empresarios entonces? ¿Qué están tramando?
La industria inmobiliaria celebra el nuevo decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero… ¿qué celebra? ¿El decreto le otorga validez a los más de 70 permisos de edificación declarados ilegales y anulados en Estación Central? No. ¿El decreto permite hacer tabla rasa de los planes reguladores comunales? No. ¿O será que están celebrando un decreto que ratifica una legislación y normativas plenamente vigentes? Si es así, los defensores de una ciudad sustentable y humana también celebran, pues significa que los empresarios del sector han entendido, por fin, la importancia de respetar las reglas del juego y ceñirse al estado de derecho.
¿Conoce los llamados “guetos verticales”? Muchos de ellos proliferaron en lugares como Estación Central gracias a que muchos proyectos recibieron (sin justificación debido a la ausencia de un plan regulador comunal) permisos favorecidos con mayores índices de constructibilidad, lo que les permitió sumar más metros cuadrados de obra.
De esa manera se afectó la calidad de vida no ya sólo de los vecinos que viven en los sectores aledaños, sino también de los moradores de esas nuevas viviendas, quienes acusan situaciones de hacinamiento en espacios comunes, instalaciones insuficientes, falta de luz en el día, ausencia de señal telefónica y un largo etcétera… Muchos de los permisos fueron anulados a instancias de la Contraloría por “ilegalidades administrativas” en los procesos destinados a otorgar esos permisos.
Los inmobiliarios reclamaron por la falta de certeza jurídica que ha provocado la anulación de más de 230 proyectos a nivel nacional (alrededor de 80 en Santiago), lo que, según ellos, ha deteriorado el clima de negocios y ha afectado el ánimo de invertir y multiplicar los proyectos habitacionales privados, que es la fórmula que los inmobiliarios proponen para frenar el alza en el precio de la vivienda. Entonces vino este famoso decreto del Minvu que, según dijeron desde el Ministerio, “ordena los roles” y pone punto final a la “confusión” entregando más poder de decisión a directores de Obras Municipales. Eso dicen.
Patricio Herman, titular de Defendamos La Ciudad, celebra que hasta aquí la cosa sigue igual que siempre. Este nuevo decreto obra como un recordatorio. ¿La razón? Un inversionista tendrá toda la certeza jurídica en la medida que actúe con estricto apego a la ley. En ese caso, sostuvo Herman, entonces está muy bien que la gente de las inmobiliarias haya entendido que lo socialmente responsable es apegarse a las leyes, reglamentos y normas que rigen en materia de construcción. “Hasta aquí, el decreto del gobierno es un copy-paste del decreto ley 19.880 referido a procedimientos administrativos vigentes desde 2003 en lo que respecta a la anulación de permisos de edificación por la vía administrativa, que es lo que ha hecho Contraloría, como por la vía judicial. Es un copy-paste. Lo que ocurre es que la industria y sus adláteres entienden otra cosa por certeza jurídica”, insiste el abogado.
¿Y qué entienden los empresarios por «certeza jurídica? «Básicamente tienen la ilusión de que todo permiso de edificación es válido y legal por el solo hecho de haber sido concedido. Pero eso no es una realidad, sino una expresión de deseo de una industria».
¿Celebrarán otra cosa? “Si ellos celebran otra cosa, entonces expliquen qué es lo que celebran, porque hasta acá este decreto no cambia nada. Hasta ahora me sorprende el efecto placebo que tendría un decreto que no transforma nada. La certeza jurídica siempre existió, y para tenerla sólo basta con ajustarse a derecho y apegarse a la ley”, sostuvo Herman. “Hay mucho lobby comunicacional a favor de la industria para agrandar algo que no merece tanta atención. No entiendo la publicidad de todo esto”.
