¿Anuncian la construcción de un edificio en un barrio de casas y tú y tus vecinos no han sido informado ni saben qué hacer? ¿Se están desarrollando obras sin permiso y no saben a quién reclamar por las alteraciones que provocará en vuestra calidad de vida?
Esta lamentable situación tiene un lado positivo, si podemos decirlo de algún modo: lo tuyo no es nada raro, no cuando el estado ha dejado las ciudades chilenas en manos de las inmobiliarias, consagrando al mercado como único regulador posible. El vínculo entre negocios y política aquí se revela espurio al igual que en las otras esferas de la realidad nacional, permitiendo el surgimiento del lucrativo negocio de especulación de suelos, el tráfico de influencias y sonados casos de corrupción en municipalidades y organismos del aparato central.
A excepción de lo que podemos ver en un grupo acotado de comunas de altos ingresos, las ciudades en Chile suelen ser muy deficitarias respecto a la disponibilidad de viviendas y áreas verdes. Además carecen de buenas alternativas de transporte público y no siempre disponen de los servicios o equipamientos necesarios para impedir que los barrios periféricos terminen convertidos en guetos. Otro problema es el marcado nivel de segmentación social del espacio urbano, lo que atenta contra la cohesión social y la sana convivencia entre chilenos.
¿Qué fenómenos son comunes en Chile?
Lo típico: la destrucción de espacios públicos o la usurpación de áreas verdes para lucrativos proyectos privados. Tampoco es extraña la denuncia de faenas sin que el privado a cargo de esa obra cuente con los permisos respectivos. ¿Es posible que un proyecto inmobiliario se emplace sobre el único gran bosque nativo que queda en la cuenca de Santiago? ¿Cómo es posible que un condominio haya sido levantado en una zona de riesgo? ¿Es posible que alguien pueda impulsar un proyecto en un terreno rural? Sí. La experiencia indica que todo es posible.
¿Cuántos edificios patrimoniales han sido demolidos desde que retornamos a la democracia? Es una lista enorme, y el daño cultural y social derivado de tan vergonzoso acto, incalculable. Pero hay más: en Chile se ha vuelto un fenómeno recurrente que ciertos proyectos no cuenten con un estudio de impacto ambiental que declare, con rectitud y claridad, todos los trastornos que producirá tanto en su etapa de ejecución como en su posterior apertura o puesta en funcionamiento.
Muy a menudo los planes reguladores terminan en letra muerta, objeto de múltiples torceduras que sólo son posibles gracias al aprovechamiento de los resquicios legales existentes (y que nadie corrige a tiempo, por cierto) o a interpretaciones extravagantes por parte de las propias instituciones llamadas a velar por su
cumplimiento. El desprecio a la normativa es tal que las empresas operan sobre hechos consumados, confiadas en que nadie ordenará la demolición de estas obras.
