El objetivo será la consideración y aprobación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales elaborado por los coordinadores del Grupo de Trabajo ad hoc compuesto por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis. Asimismo, se presentarán informes de la Secretaría, Mesa Directiva, Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y rutas de implementación nacional, y se podrá conocer cualquier otro asunto que las Partes decidan.
Con la presencia del Presidente Gabriel Boric fue inaugurada la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –conocido como Acuerdo de Escazú- que se desarrollará hasta el miércoles en la sede central de la CEPAL, en Santiago.
Este pacto regional fue adoptado en 2018 y Chile se convirtió en Estado Parte en septiembre de 2022, luego de ser aprobado en el Congreso en mayo de ese año. A la fecha, 24 países han firmado el tratado y 15 lo han ratificado, convirtiéndose en Estados Parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y las Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Una de las características destacadas de este tratado internacional es que se trata del primero que incluye una disposición vinculante sobre la protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales
En una entrevista con País Circular, el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, aborda los avances del país en la implementación del tratado y la relevancia del Plan de Acción, cuya “aprobación sería un paso importante hacia una mayor justicia ambiental y un compromiso con la seguridad de aquellos que luchan por un medioambiente sano”.
-¿Qué avances va a mostrar Chile em la implementación del Acuerdo de Escazú?
Como país, hemos trabajado fuertemente para avanzar en la implementación de Escazú. El más reciente avance, y uno especialmente importante para nuestro Ministerio, ya que debimos coordinar a 26 instituciones, fue la aprobación del Plan Nacional de Implementación Participativo de Escazú en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático hace unos días. Este plan fue construido de manera colaborativa entre instituciones estatales y la sociedad civil. En él se establecieron 56 acciones generales y se identificaron más de 230 medidas específicas, que ayudarán en la implementación de Escazú entre 2024 y 2030.
Dentro de estas acciones destaca la necesidad de informar más y mejor a la ciudadanía; actualizar plataformas de información existentes (como el SINIA) o incluso crear nuevas plataformas de información; considerar a niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones; avanzar hacia más instancias de participación temprana para la elaboración de políticas públicas; disminuir las asimetrías para acceder a la justicia; avanzar hacia la protección de datos personales y tener mejoras en materia de fiscalización ambiental, de reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y establecer mecanismos para que puedan desenvolverse en un entorno seguro y propicio, de capacitar a los funcionarios y a la ciudadanía sobre los derechos de acceso y la protección del medioambiente y de contar con mecanismos para el intercambio de experiencias sobre los derechos de acceso.
Es muy relevante que este Plan haya sido construido junto a todas y todos, porque para su elaboración se llevó a cabo un proceso de participación temprana y consulta pública. Sólo en la consulta pública se recibieron más de 960 observaciones y participaron más de 1.700 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, así como grupos indígenas o en situación de vulnerabilidad. Intentamos llegar a aquellos lugares donde no siempre el Estado puede llegar y, por lo mismo, incentivamos la realización de cabildos autoconvocados como un proceso inédito que permitió ampliar la participación involucrando a municipios, organizaciones territoriales e incluso con la participación de chilenos en el extranjero.
Otra gran noticia fue la creación del Protocolo de Personas Defensoras de Derechos Humanos, que fue elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente la Subsecretaria de Derechos Humanos. En él se establecen medidas para proteger a quienes promueven y defienden los Derechos Humanos, incluyendo a los defensores ambientales, algo que va en línea con una de las principales peticiones por parte de la sociedad civil.
Discurso Presidente de Chile, Gabriel Boric
El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; y el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, participó de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú organizada por la CEPAL.
En la instancia, el Mandatario reiteró el compromiso de Chile con la democracia ambiental, los derechos humanos y la defensa de las personas y grupos que promueven la protección del medio ambiente: “Hoy, quienes más sufren los impactos de la triple crisis planetaria, cambio climático, contaminación ambiental y la pérdida de biodiversidad, son a la vez quienes están más lejos de la toma de decisiones. Por eso tenemos la convicción de que Escazú es una oportunidad para avanzar en el acceso a la información, para tener mayor participación pública y coordinación entre el estado y la sociedad civil”.
“Esto permite robustecer nuestra democracia (…) Defender el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano es una causa que nos debiera convocar a todos. De ello depende de que podamos disfrutar del resto de nuestros derechos”, agregó.
El Jefe de Estado también recalcó la importancia de la aprobación del Plan de Acción sobre Defensores Ambientales, acción impulsada por Chile junto a Ecuador y San Cristóbal y Nieves, que se discutirá en esta COP.
“Tenemos la convicción que este plan de acción nos va a permitir conocer mejor el rol de las y los defensores ambientales, sus derechos y realidades, para reconocer y valorar públicamente su valor”, señaló el Presidente.
Plan Nacional de Implementación Participativo del Acuerdo de Escazú
El pasado 15 de abril se aprobó en Chile el Plan Nacional de Implementación Participativo del Acuerdo de Escazú, el cual incluye 56 acciones generales y 236 medidas específicas que deben realizarse de aquí a 2030.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aseguró que este acuerdo “fue construido de manera colaborativa y coordinada entre instituciones estatales, sociedad civil, el sector privado y la academia. Es muy valioso y demuestra nuestro compromiso con el acuerdo, ya que, pese a ser Estado parte hace menos de dos años, somos el tercer país en la región en presentar un plan de implementación”.
Más de 1.700 personas participaron de la construcción de este plan, entre ellas, niñas, niños y adolescentes de Arica, Concón, Quintero, Puchuncaví y Punta Arenas.
Este plan propone mejoras en el acceso a la información para las personas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes; la participación en etapas tempranas para la elaboración de políticas y regulación ambiental; la capacitación tanto de la sociedad civil como de los funcionarios sobre los derechos de acceso y herramientas ambientales, entre otros.
Además, incluye la aplicación del primer Protocolo de Chile sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos. Este Protocolo busca que las y los defensores se desempeñen en un entorno seguro, y para ello establece medidas de articulación entre las instituciones.
La tercera reunión de la Conferencia de las Partes tendrá lugar en formato presencial entre el 22 y 24 de abril de 2024 en la Sede de la CEPAL en Santiago. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, ubicada en Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago.
