Fundación Terram difundió una declaración sobre el “Día de la Salud: Estado, empresas y medio ambiente” a propósito de una nueva conmemoración del Día Mundial de la Salud y la propagación del COVID-19 en nuestro país.
En el texto se reconoce el insuficiente actuar del gobierno en medio de la emergencia sanitaria y cómo esto significa una oportunidad para que empresas que constantemente afectan la salud de personas y ecosistemas se muestren como socialmente responsables ante la crisis.
Según la declaración, el gobierno a hecho uso de las facultades que le otorga la ley ha optado por decretar estado de Catástrofe en el territorio nacional, lo que permite destinar una mayor cantidad de recursos humanos, financieros y legales, así como disponer requisiciones de bienes, limitar el ejercicio del derecho de propiedad y tomar todas las medidas extraordinarias necesarias para gestionar la emergencia. Sin embargo, a pesar de los instrumentos que la ley provee al gobierno para actuar, éste inexplicablemente ha decidido no usar algunas de sus facultades más importantes y que podrían apoyar a paliar los efectos de epidemia en sectores más desposeídos.
¨Hasta ahora el gobierno se ha negado a fijar precios de medicamentos y alimentos, expropiar temporalmente derechos de agua, a distribuir mayor cantidad de agua para garantizar condiciones sanitarias de comunidades vulnerables y a proveer insumos y equipamiento médico básico para afrontar el coronavirus a comunidades altamente contaminadas, como las zonas de sacrificio¨.
Por otro lado, Fundación Terram explica que las empresas se encuentran con un camino despejado para usar el espacio que deja el Estado y lo aprovechan para actuar como instituciones “solidarias y comprometidas”, publicitando sus acciones de una manera que permite entenderlas, más que como una ayuda en tiempos de crisis, como una suerte de estrategia de posicionamiento en la sociedad o derechamente lavado de imagen.
A continuación, Fundación Terram da a conocer una lista de aquellos sectores empresariales que han aprovechado de lavar su imágen:
El agua y el sector agroexportador
A pesar de la preocupación que ha mostrado el sector del agronegocio por la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, el gremio más cuestionado por la escasez hídrica que hoy afecta al 40% de las comunas del territorio nacional, se ha mantenido en silencio respecto a las más de 400 mil personas que hoy no disponen de agua en cantidad ni calidad necesarias para enfrentar la pandemia y prevenir el contagio.
Por años, este sector ha mostrado una clara de indiferencia con quienes desde hace décadas experimentan quizás la más grave de las crisis: la falta de agua, oponiéndose sistemáticamente a todos los intentos de reformas necesarias para acabar con esta situación, calificándolas como “expropiatorias” e “inconstitucionales”, posición que durante este período de crisis no ha cambiado.
Salmonicultura
En el sur del país, en medio de continuas protestas de la población chilota contra la industria salmonera por incumplir la barrera sanitaria decretada en la zona, y de solicitudes de los propios alcaldes de paralizar la actividad acuícola como medida preventiva, la empresa Mowi -ex Marine Harvest-, ofreció realizar gratuitamente hasta mil muestreos diarios de Covid-19, y así contribuir a descongestionar la red pública de salud.
Si bien el anuncio por sí solo no suena mal, el historial ambiental de esta empresa constituye una fuerte razón para desconfiar de la intencionalidad benefactora del ofrecimiento, considerando que fue ésta misma la responsable del escape masivo de 690.000 salmones acontecido en julio de 2018 en la comuna de Calbuco, sin que el Estado haya interpuesto una demanda por daño ambiental por estos hechos. A esto, además, se suma lo ocurrido con la propagación de virus ISA que desató una crisis sanitaria en la industria salmonera los años 2007-2008.
Minería
El Consejo Minero anunció un aporte de $17.000 millones de pesos, el que se sumará al Fondo de Emergencia creado por la CPC para lidiar con los efectos de la pandemia. A través de un comunicado emitido por su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, expone que las medidas tomadas por el sector “contribuyen a la protección de la vida y salud de los chilenos, colaborando para que exista acceso a bienes y servicios básicos“, intención cuya efectividad es a lo menos cuestionable si consideramos que este sector ha sido unos de los principales opositores a la aplicación de un verdadero Royalty Minero (la GMP-10 en los últimos tres años ha aportado sólo un 2% de los ingresos fiscales), instrumento que, en estos tiempos de crisis, permitiría generar una gran cantidad de recursos públicos para sobrellevar el aumento del gasto proyectado por el gobierno.
A su vez, el gremio ha sido un fiel detractor de aprobar una Ley de Glaciares que establezca una mirada integral y de conservación de los mismos, y, como si fuera poco, representa un 28% de la conflictividad socioambiental a nivel nacional, siendo la propiedad y acceso al agua unos de los principales focos de conflictos que han relevado las comunidades afectadas por la minería.
Zonas de Sacrificio
Los habitantes de las Zonas de Sacrificio durante años, e incluso décadas, han sido sometidos a altas concentraciones de contaminantes que afectan el sistema respiratorio, producto de las emisiones de termoeléctricas a gas, carbón y fundiciones de cobre, lo que ha generado enfermedades respiratorias crónicas y también un incremento de los diagnósticos de cáncer.
Lo que han vivido estas comunidades por décadas se agudiza ante el peligro de contraer el COVID-19, pues claramente los habitantes de zonas de sacrificio son población de riesgo. Por ello sería esperable que las empresas emplazadas en estas áreas colaboren paralizando o, a lo menos, reduciendo sus emisiones contaminantes al aire. Sin embargo, esto no ha sucedido, más bien todo lo contrario: el 31 de marzo la Unidad 2 de la empresa AES Gener, ubicada en Ventanas, en dos ocasiones su superó el límite de emisiones de dióxido de azufre, gas irritante para el sistema respiratorio.
