En lo sucesivo, a nivel nacional la consecuencia es evidente: toda empresa minera deberá consultar con las comunidades, independiente de si el proyecto se encuentra en una etapa preliminar de prospección e independiente de si el procedimiento se realiza a través de una simple Declaración de Impacto Ambiental. En lo regional, este fallo fortalece a las comunidades y organizaciones que se oponen a otros proyectos mineros similares que, aun en una etapa de prospección, prescindieron de consulta ciudadana.

La decisión de la Corte Suprema de dejar sin efecto una resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que negaba la posibilidad de una realizar una consulta ciudadana en torno a un proyecto de prospección minera en Puerto Ibáñez (proyecto “Terrazas”, de Laguna Gold, compañía que controla El Toqui), marca un precedente de consecuencias no del todo favorables para la industria extractiva, tanto a nivel regional como a nivel nacional.

«Se revierte una tesis que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental aplicado en la región de Aysén al rechazar múltiples solicitudes de participación ciudadana arguyendo que aquello sólo procedía en la medida que había cargas ambientales, pero no sólo eso, si si también se producían beneficios sociales. Si el servicio no apreciaba ambas condiciones, entonces estimaba que no era obligatorio incluir a los vecinos«, destaca el activista y comunicador Patricio Segura.

En otras palabras, la Corte de Apelaciones amparaba una interpretación que sólo hacía exigible la consulta ciudadana en la medida que se advertían impactos ambientales y, tan importante como lo anterior, en la medida que las acciones de la empresa generaran beneficios económicos sociales y colectivos. Como el proyecto de prospección no arrojaría, al menos por ahora, réditos económicos, la empresa declinó incluir la participación ciudadana en su Declaración de Impacto Ambiental. Eso, que fue aprobado por el tribunal de alzada, se acabó con este fallo de la Suprema, según Segura.

Patricio Segura, periodista y activista

El precedente es malo para las mineras que pretenden echar mano sobre los recursos de la Patagonia. «Vamos a buscar lo mismo en otros proyectos más. Analizaremos las distintas vías legales y administrativas para revertir esas decisiones y así permitir la participación de las comunidades», indicó.

«De esta manera las comunidades podrán hacer observaciones y un análisis mayor de esos proyectos por parte de posiciones críticas, y no sólo de los organismos técnicos que, lamentablemente, en el caso de proyectos de prospección minera en la Región de Aysén, han demostrado que están en el fondo bailando la cueca de la minería«, señaló Segura, quien recordó la existencia de otros proyectos de turismo que no han tenido una acogida tan favorable ni expedita por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.  

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