El Tribunal Ambiental confirmó la clausura del polémico proyecto binacional de extracción minera Pascua Lama de Barrick Gold Chile, y determinó que se mantendrá la multa de más de 7 mil millones de pesos en contra de la empresa.
El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, conversó con El Soberano sobre las consecuencias que ha tenido este proyecto, tanto para el medio ambiente como para la comunidad, y las próximas oportunidades que, al menos en el proceso constituyente, se presentan para ese mundo ambientalista que enfrenta a una poderosa, influyente y destructiva industria minera. Por de pronto, el malogrado proyecto minero de la compañía de capitales canadienses destruyó dos glaciares, tal y como habían advertido sus detractores (los glaciares Toro 1 y Toro 2).
¿Hay correspondencia entre el daño causado y los 7 mil millones de pesos de multa?
No. No existe ninguna correspondencia. Este es un conflicto que ha durado casi 15 años y a lo largo de ese tiempo hubo distintas agresiones a la comunidad. Este fallo inició el 2013 ¿qué justicia ambiental se podría calificar con esa demora? Barrick Chile intentó por todas las vías eludir ser sancionada. El daño provocado a los glaciares, humedales, al ecosistema entero no se subsana con dinero. El daño es irreparable.
¿Qué responsabilidad le cabe al expresidente Ricardo Lagos en este tema?
Al expresidente le cabe una alta responsabilidad. Hay que recordar que este proyecto es binacional ya que está entre la frontera de Chile y Argentina. Para hacerlo viable se tuvo que hacer un tratado entre los parlamentos de ambos países. El expresidente tiene una responsabilidad política tanto por apoyar este proyecto como por haber aprobado el Convenio Internacional, el Tratado Minero con Argentina y otorgarle el permiso ambiental a un plan que a todas luces se veía inviable en al zona donde se pretendía desarrollar.
¿Cuál es el siguiente paso con respecto al Código Minero actual?
El siguiente paso, si llegara a ganar el proceso constituyente, es desprivatizar la minería, acción que se generó con la constitución de 1980. El Código Minero y la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras deben ser revisadas. Los recursos no pueden ser transferidos a manos de transnacionales y tampoco se puede desarrollar un proyecto país a través de una actividad extractora que destruya la base de vida de mucha gente del país. La legislación minera debería tener un cambio drástico en la nueva constitución, que coloque limites a esta actividad y que no se desarrolle en contra de los ciclos de la naturaleza, del agua, los glaciares y sobre todo de la comunidad que habita esos territorios.
