Esta semana la diputada Camila Flores presentó un proyecto que permitiría regularizar aquellas viviendas establecidas en loteos irregulares. Desde la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, afirmó que estas construcciones son parte de un negocio corrupto de empresas privadas que además provocan un daño permanente al medioambiente.
Un loteo irregular, mejor conocido como loteo “brujo”, es una subdivisión de terreno que no cuenta con un permiso correspondiente, por ende tampoco tiene delimitaciones claras de calles, acceso a espacios públicos o servicios básicos.
Actualmente la legislación establece que aquellas viviendas construidas en menos de 5 mil metros cuadrados de terrenos irregulares deben ser demolidas. Es por esto que la diputada Camila Flores (RN) presentó un proyecto de ley denominado «Ley del Mono Rural», el cual consiste en regularizar aquellas viviendas establecidas en loteos “brujos”.
Conversamos con Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, quien nos afirmó que esta es una práctica corrupta y un negocio lucrativo. Al menos en la Región Metropolitana, pero también en otras regiones del país, las empresas venden estos lotes para que sus compradores construyan viviendas de lujo en territorios que cuentan con presencia de bosque nativos y cercanos a quebradas, sin importarles los daños ambientales que se puedan producir.
“Es un daño monstruoso para el medioambiente. Los inversionistas destruyen áreas de conservación ecológica aún cuando el Plan Regulador Metropolitano de Santiago impide, por ejemplo, la subdivisión predial para la construcción de viviendas“, señaló Herman.
Herman explicó que los vendedores de los terrenos “brujos” no tienen ninguna obligación de generar las condiciones mínimas necesarias para la construcción de viviendas, por ende no realizan obras de transporte, incorporación de servicios básicos, ni menos evaluaciones ambientales.
¿Por qué han proliferado tanto los loteros brujos a lo largo del país? Responió Herman: “Ocurre que en Chile los empresarios saben que habrá impunidad para sus acciones. Se aprovechan de eso, de esa falta de fiscalización y falta de medidas para revertir acciones que van contra la normativa. Mientras no haya acciones en esa línea, estos inversionistas seguirán destruyendo las zonas rurales y la ciudad misma”, señaló el abogado.
Algunos de los proyectos inmobiliarios en cuestión son: Chaguay, La Cumbre, Mirador Pie Andino, Guay Guay, en fin. Y los titulares de estas empresas saben que no se pueden construir viviendas en esos sectores y que están ejecutando obras ruinosas para el patrimonio cultural y natural.
