Un grupo de nueve diputados, impulsados por representantes de la sociedad civil, presentó un proyecto de acuerdo para pedir al Presidente Piñera que ratifique, antes del 26 de septiembre, el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como el Tratado de Escazú. Lo ideal sería que el mandatario lo anuncie en la cuenta pública, pero… ¿la verdad? A estas alturas nadie se hace muchas ilusiones con que algo así pueda ocurrir, menos con un Presidente que fue incapaz de ver el enorme daño -un daño suicida- que provocó la gestión económica de la pandemia en el sistema de pensiones.
La sociedad civil y la ciudadanía espera que el gobierno de Chile ratifique la firma del Tratado de Escazú. No más dilaciones, no más excusas, no más mentiras para seguir favoreciendo el extractivismo rentista de trasnacionales y grupos económicos, los mismos que han destruido medio territorio nacional y han dividido a familias, comunidades, pueblos. ¿Que hay artículos del tratado que podrían abrir la puerta para que estados vecinos demanden a Chile?
Tonterías. Y por una razón muy sencilla: “Hay artículos que pueden ser interpretados de esa manera, pero ellos ya están presentes en 12 tratados que mantiene Chile en diversas esferas. Es más: para ser sede de la COP 25 debíamos tener suscrita la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de la ONU. En fin, esto habla de lo lamentables que han sido los argumentos para no ratificar este importante tratado”, sostiene Sebastián Benfeld, embajador chileno de Escazú.
Si bien aclara que no tiene muchas esperanzas de que el Presidente Piñera vaya a sorprender con un anuncio en esa línea, el joven estudiante llamó a cambiar la mirada sobre los conceptos instalados por el “modelo económico chileno” en la cultura del país”.
“Hay que entender que no hay desarrollo posible sin considerar el cuidado del medio ambiente. Chile se ha desarrollado bastante mal, con poca transparencia, de espalda a la ciudadanía, esa que no tiene mayor injerencia en decisiones económicas y de inversión pese a que producen enormes alteraciones en la vida de las personas que viven en esos territorios”, indica Benfeld. “Se ve mucho en el valle del Aconcagua, donde la producción de paltas tiene a la gente sin agua”, agrega.
A grandes rasgos, el Tratado de Escazú consagra la justicia ambiental, la transparencia, la participación activa de las comunidades durante el proceso de aprobación de un proyecto empresarial, la protección de los activistas que empujan la defensa ambiental de los territorios, el fin de las zonas de sacrificio… en fin, un montón de cosas que en Chile vienen bastante mal desde hace mucho.
Gabriela Simonetti Grez, directora ejecutiva de Asociación Kauyekeny y defensora ambiental de Isla Riesco, quien ha sido víctima de amenazas y amedrentamientos, invita a todos a estar atentos ante la ofensiva gubernamental y empresarial en pos de aprobar proyectos de inversión destructivos y contaminantes con la excusa de “reactivar la economía”.
“Se ha instalado esta idea ficticia de que la protección medioambiental es antagonista del ‘desarrollo’, o lo que algunos entienden por desarrollo. La biodiversidad es fundamental para nuestro bienestar. Recordemos que la crisis de salud actual tiene que ver con la relación irracional que hemos establecido con la naturaleza”, indica.
Andrea Sanhueza, representante de la sociedad civil para el Tratado de Escazú, recordó que Chile integra un puñado de países remisos en circunstancias que fue impulsor del convenio. “Para entrar en vigor Escazú requiere de 11 ratificaciones y ya tiene 9. Con Chile firmando ya quedaríamos a un solo paso”, señala, al tiempo que refiere a las presiones que el poder económico ejercerá a efectos de obtener la aprobación ambiental de sus proyectos de inversión.
“No es correcto que se adopten decisiones sólo en aras del crecimiento. Esto constituye una regresión. Tampoco debería pesar más la opinión de una industria productiva que una comunidad cuyo territorio podría ser intervenido”, concluye.
