El TPP-11 consagra un conjunto de normas a fin de estabilizar las reglas del juego y otorgar “certeza jurídica” a las inversiones de las grandes trasnacionales.

Aquí te detallamos 6 claves que explican por qué el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido como TPP, es bueno para las transnacionales, para la elite pero palo para el pueblo de Chile.

1. Certezas para las transnacionales

Al garantizar «certeza jurídica» a las inversiones de grandes transnacionales cualquier reforma que intente empujar un régimen democrático constituye un cambio en las reglas del juego, toda vez que sus alcances podrían afectar las ganancias de esas empresas.

Un ejemplo: si Chile quiere empujar una reforma ambiental para impedir que las empresas trasnacionales salmonicultoras dejen de contaminar y destruir los ecosistemas del sur de Chile, tales empresas podrían argumentar que la obligatoriedad de implementar nuevos procedimientos encarecería los costos de producción, de tal manera que afectaría su competitividad en los mercados y disminuiría las utilidades que hubiera generado sin esa reforma ambiental

2. Posibilidad de demandar al Estado de Chile

El TPP-11 le dará la posibilidad a las empresas de demandar al Estado de Chile en tribunales internacionales que suelen darle la razón a las empresas. En el 72,5% de los casos, los jueces, muchas veces vinculados a las empresas, fallan en favor de las compañías trasnacionales.

Esto obligará al Estado a pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones. Además supone un impacto severo a la soberanía del pueblo de Chile, ya que, si bien los tratados no impiden explícitamente la realización de reformas en favor de su gente, bien fijarían un “peaje” que, por sus costos excesivos, haría desaconsejable su implementación. 

3. Impedirá reformas como las de las AFP

El TPP-11 establece de forma explícita que las compañías trasnacionales podrán demandar a los Estados si creen que las reformas que esos estados impulsan afectan sus “expectativas razonables de ganancia”.

Lo curioso es que Chile tiene una legislación favorable a los ricos y las grandes empresas. Esto explica que aún tengamos un sistema de pensiones como el de las AFP, las mismas que arrojan utilidades cercanas al 25% sobre su patrimonio, una ganancia que sólo podemos encontrar en industrias como el tráfico de personas y de armas. En suma, cualquier reforma al sistema de pensiones permitiría a estas empresas que están detrás de las AFP a demandar al Estado.

4. Adiós a impulsar una industria tecnológica local

En otra de sus disposiciones, si el Estado de Chile decidiera impulsar una industria tecnológica que nos saque del subdesarrollo, las empresas internacionales con inversiones en Chile también podrían alegar una afectación de sus intereses.

5. Si es tan malo ¿por qué otros lo firman?

Si es tan malo el TPP-11… ¿Por qué lo firman países como Australia y Nueva Zelandia? ¿Por qué querrían esos países desarrollados “afectar su propia soberanía”? La razón es muy sencilla: los países desarrollados como Australia y Nueva Zelandia ya tienen un alto estándar legislativo en materias tributaria, ambiental y laboral. Chile, en cambio, no tiene leyes de ese estándar. Lo recomendable es, en primer término, realizar las transformaciones necesarias en esas materias. 

6. Una Convención Constituyente amarrada

¿Cómo se relaciona esto con la Convención Constituyente? El acuerdo que le salvó el pellejo a Piñera el 15 de noviembre de 2019, y que zanjó los términos del proceso constituyente, fijó dos normas claras: se aprobarán las normas constitucionales por el ⅔ de los votos y todos los tratados serán intangibles.

Se entendía que los tratados se referían a aquellos vinculados a los Derechos Humanos, pero el gobierno de Piñera, el oficialismo y parte de la oposición consiguieron incluir los tratados de libre comercio.

En otras palabras, al impulsar el TPP-11 antes de la Convención Constituyente, Piñera Echeñique cercena la soberanía popular que ha de manifestarse en esa instancia.  

El Soberano

La plataforma de los movimientos y organizaciones ciudadanas de Chile.

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